La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas por el gobierno de Estados Unidos.
Mediante un audio difundido, la defensora Angie Cruickshank explicó la gestión “forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas”, quienes ingresaron al país, contra su voluntad, el 20 de febrero.
Cruickshank detalló que en el último reporte entregado por la Defensoría a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de mayo, se consignó que durante la última visita al Catem Sur se registró la presencia de 26 personas menores de edad.
Así, señaló que “en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población”, la Defensoría solicitó el reporte al MEP luego de que el PANI informara que ha mantenido “acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.
De manera específica, la defensoría requirió del MEP que informe respecto a “la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el Catem Sur”.
De hecho, recientemente un grupo de organizaciones no gubernamentales denunció la violación de los derechos humanos de las 200 personas deportadas por el gobierno de Donald Trump y recibidas de buena gana por el congraciador Rodrigo Chaves.
Organizaciones denuncian violación de derechos humanos a personas deportadas de EE.UU. hacia Costa Rica
“El país no debió aceptar ningún acuerdo que expusiera a las personas migrantes a violaciones de derechos humanos y recomendamos que se abstenga de prácticas similares en el futuro”.
Mediante un comunicado, desde la Defensoría se subrayó la importancia de dar seguimiento “al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad”.
En el informe solicitado, las autoridades del MEP también deben detallar qué información se ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y, si están impartiendo lecciones, en qué consisten, quién las imparte; así como qué otras actividades se ofrecen a ese grupo de niños y niñas en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otras cosas. “Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto”, se añade.
Se informó además que la Dirección Regional de Educación Coto del MEP, en Ciudad Neily, solicito a la Defensoría una ampliación del plazo para responder, “debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal”.
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Con la llegada de un primer vuelo con 135 personas deportadas desde Estados Unidos se intensificó el malestar de quienes buscan refugio en el Centro de Atención en la zona sur del país y queda en evidencia que para las autoridades hay diversas categorías de migrantes, en una política migratoria nacional poco clara y transparente.
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Director de Migración confirmó que entregaron identificación que les permite buscar trabajo e instalarse en el país.
