La Defensoría de las y los Habitantes alertó sobre un retroceso en los derechos de las poblaciones más vulnerables, a causa de la reducción en la inversión social y llamó a ajustar las políticas de austeridad a los estándares internacionales de derechos humanos y a priorizar la atención de estas poblaciones, incluso en tiempos de limitación de recursos.
En un pronunciamiento divulgado por la Defensoría este martes 19 de noviembre, la institución afirmó que una de sus prioridades ha sido analizar la reducción de la inversión social y el impacto que eso tiene en los derechos humanos.
Desde diciembre del año 2023, la entidad ha alertado sobre la afectación de sectores de la población y áreas del Estado “muy sensibles”, como la educación, la seguridad ciudadana, la salud, los derechos laborales, la seguridad económica de las personas adultas mayores, la niñez y la adolescencia, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en condición de calle, la población en condición de pobreza, las personas afrodescendientes e indígenas y la seguridad alimentaria, entre otros.
La institucion detalló que en materia de salud, por ejemplo, es necesario explorar soluciones estructurales para resolver las listas de espera, infraestructura hospitalaria y de primer nivel de atención, dotación de recurso humano especializado, medicamentos, fortalecimiento del régimen de pensiones, pensiones no contributivas, y más.
También insistieron en que la educación pública debe financiarse adecuadamente, ampliarse la cobertura del bilingüismo, educación técnica, aumentar los centros educativos que imparten el currículum educativo completo y mejorar la calidad de la educación; sumado a otras necesidades urgentes como atender infraestructura educativa y el cumplimiento de los derechos laborales.
En materia de seguridad, la Defensoría alertó que el país transita una preocupante ola de violencia, por lo que han apoyado procesos tendientes a la prevención de delitos, a la dotación de condiciones presupuestarias aptas para el sector seguridad y el sector de investigación criminal, y ha solicitado la formulación de una adecuada Política Nacional de Seguridad, además de que ha denunciado las malas condiciones del personal penitenciario.
Agregó que ha advertido sobre la necesidad de atender la seguridad económica de las personas adultas mayores, la sostenibilidad de medidas ante la crisis migratoria en la región, la falta de garantías para la protección integral de la niñez y el acceso al agua.
Es importante, indicó, atender la inversión social -especialmente la dirigida a la atención de la niñez y adolescencia, y alertó sobre el peligro de que el presupuesto en educación este año sea el más bajo en los últimos diez años.
“Las limitaciones y recortes en la inversión social acrecientan las desigualdades y la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables, así como el aumento en los índices de violencia, entre otras afectaciones”, afirma el pronunciamiento.
Por eso, apuntó que “rigideces presupuestarias” han afectado los programas sociales y causado restricciones en el acceso a servicios esenciales.
“Costa Rica enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos; por lo que es imperativo que las políticas de austeridad se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a las poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos”, resumió.
