Mediante un comunicado difundido esta tarde, la Defensoría de los Habitantes informó que “recientemente, el Tribunal de Apelación dictó la absolutoria” en el caso por el asesinato del líder indígena Jehry Rivera.
Recordó que ya desde diciembre del año pasado había expuesto que el ideal de “justicia pronta y cumplida” continúa siendo “una deuda y un anhelo para los pueblos indígenas”.
Ello como parte del seguimiento dado al proceso relativo al asesinato de Rivera y “considerando que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la resolución impugnada en todos sus extremos, manteniéndose en firme el sobreseimiento del caso”.
Rivera perdió la vida en manos de Juan Eduardo Varela Rojas, quien confesó ser el autor de la muerte incluso en un video grabado durante un acto oficial de gobierno, en el que la comunidad de Buenos Aires de Puntarenas le aplaudió por ello. En setiembre el Tribunal Penal de Pérez Zeledón absolvió a Varela Rojas.
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“Aquí las y los que defendemos el derecho al buen vivir, a la tierra, a la madre naturaleza podemos ser asesinados y no pasa nada en este país, que es un modelo de democracia a nivel internacional”, expresó Zeidy Brukwa.
La Defensoría de los Habitantes se “hace eco” de lo manifestado por los pueblos indígenas con ocasión del “Foro de Acceso a la Justicia”, al referirse a la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica.
En ese espacio se denunció “la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas”. En ese diálogo intercultural con miembros de todos los pueblos indígenas del país, personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, incluyendo al Poder Judicial, se puntualizó que está “pendiente” superar “un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones”.
La Defensoría además pondera que durante los trece años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “han sido poco efectivos los esfuerzos y gestiones efectuadas por el Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera” indígena Brörán de Térraba, “ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas donde aplica dicha medida cautelar”.
“Desde la Defensoría de los Habitantes, las voces de los pueblos indígenas continuarán siendo escuchadas y alertando ante las autoridades competentes sobre los retos aún pendientes”, se concluye.
