La Defensoría de los Habitantes finiquitó -por motivos presupuestarios- el convenio con los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica (UCR), los cuales brindaban asesoría legal gratuita a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD el decano de la Facultad de Derecho de la UCR, Alfredo Chirino, quien destacó que la solicitud de cierre de los consultorios jurídicos de la Defensoría de los Habitantes provino de esa misma institución.
“En el mes de enero enviaron una nota a don Gustavo Gutiérrez (rector) para solicitar el finiquito del convenio utilizando una cláusula que firmamos, donde si alguna de las partes no deseaba continuar, podía hacerlo haciendo la comunicación a la otra parte. Doña Catalina (defensora de los habitantes) envió esa nota al señor rector. Lo único que uno puede desprender de esa nota de doña Catalina es que, por razones presupuestarias- no pueden continuar”, externó Chirino.
“Eso nos puso en una situación complicada. Los consultorios atienden a personas en vulnerabilidad social, que tienen problemas de acceso a la justicia, personas que no tienen otra salida más que acudir a los servicios que ofrecen las instituciones”, añadió.
Chirino destacó que pese a la decisión de la Defensoría, la institución seguirá brindando el servicio.
“Hemos decidido, con recursos de la Universidad, seguir atendiendo los casos que quedaron pendientes de nuestra relación con la Defensoría de los Habitantes, en virtud del compromiso ético, de seguir prestando los servicios a esta población tan necesitada. Es muy lamentable para nosotros esta decisión, que sin duda alguna impacta a una población muy necesitada de servicios”, indicó.
Los consultorios jurídicos ofrecen asesoría legal a la población en condición de vulnerabilidad por parte de un grupo de estudiantes de derecho.
Recorte presupuestario
La Defensoría de los Habitantes, destacó en un comunicado de prensa, que para este 2021, la institución tuvo un recorte presupuestario por ₡259 millones. Esto los llevó a tomar la decisión de suspender el convenio con la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo costo para la institución era de ₡15.059.156 por el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos.
La Defensoría señaló también que se encuentran finiquitando un convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para que realice la labor de acompañamiento jurídico en las instalaciones de la Defensoría, sin que ésta represente una inversión económica para la institución. Esto permitiría dar apoyo legal gratuito a los ciudadanos.
Semanas atrás, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, también rompió el convenio con el Instituto Humanista para la Cooperación de Países en Desarrollo (Hivos), el cual se aprobó desde el 2016 para la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
