La Defensoría de los Habitantes reconoce al tiempo que la regla fiscal reduce de forma constante en inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza y desigualdad, pide que haya mecanismos para evaluar el impacto de estos en las poblaciones que más lo necesitan.
«Durante los últimos años, al amparo de la Regla Fiscal, Costa Rica vive una reducción constante en materia de inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza, que compromete los tímidos avances en relación con la pobreza y la desigualdad”, dice el ente defensor de acuerdo con un estudio hecho por ellos con el objetivo de analizar las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las principales instituciones del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social.
Este sector incluye entidades como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
Casi todos los programas analizados carecen de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Esto también imposibilita determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.
Desde la Defensoría de los Habitantes informan también que “en algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada”.
El análisis destaca la necesidad de revisar el diseño de los programas sociales selectivos para garantizar su idoneidad y que sean complementarios, mejorar la coordinación interinstitucional, perfeccionar y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan y completar la cobertura de los programas sociales, especialmente en las áreas más alejadas del país.
Además, precisa la importancia de incorporar prácticas de evaluación de servicios y programas que incorporen metodologías de costeo claras que determinen cuál es el monto adecuado que se debe otorgar a las familias o personas beneficiadas para que puedan subsistir o continuar con sus estudios. Según el informe, muchos programas no consideran factores como la región de planificación donde vive la persona beneficiada, si tiene alguna discapacidad o enfermedad crónica al establecer los montos de las ayudas.
La Defensoría indica que es fundamental realizar evaluaciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Algunos de los programas analizados llevaron a cabo evaluaciones de diseño, pero son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados.
Para la Defensoría de los Habitantes, si bien la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) brindan la orientación adecuada para el diseño, formulación e implementación de iniciativas con la finalidad de reducir las desigualdades, mitigar los efectos negativos que enfrenta el país y aumentar el desarrollo humano, sin embargo, “mientras se carezca de una política nacional para la atención de la pobreza, Costa Rica se encuentra largo de la Ruta para una atención real, sostenida y estructural de la misma”.
Por esta razón, la Defensoría subraya la relevancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.
