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Defensoría apela resolución que suspende rebaja en tarifas de autobús

"Mientras sube la canasta básica, el Gobierno no frena aumentos, pero si las rebajas que corresponden por ley", reclama la entidad.

La Defensoría de los Habitantes interpuso ante la Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un recurso de revocatoria contra la resolución que suspendió una rebaja aprobada por el mismo regulador, en las tarifas de buses.

Según detalló la entidad en un comunicado, la Defensoría presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra el apartado II de la resolución RE-0043-IT-2021 del 8 de julio de 2021.

En dicha resolución, explica el comunicado enviado por la institución, la Aresep aprobó una petición de rebaja de -4.75% en las tarifas para las rutas de transporte público, pero a la vez resolvió “suspender los efectos de dicha rebaja hasta tanto las condiciones actuales muestren un cambio positivo en las medidas de restricción de movilización de personas, adoptadas por las autoridades gubernamentales para la contención de la propagación de la COVID 19”. Así, la rebaja que pudo favorecer a las personas usuarias del servicio público de autobuses quedó congelada.

Según la Defensoría, la Intendencia de Transportes tomó esta decisión considerando en la situación económica y sanitaria actual que vive el país y el interés público, que prima la necesidad de ofrecer de forma continua el servicio de transporte y el sector ha sido gravemente afectado desde el año anterior. Esto significa que en el contexto actual y en vista de que varias empresas autobuseras devolvieron sus rutas pues no las consideraban rentables, se contempló la posibilidad de que la reducción de tarifas causara que más empresas hicieran lo mismo.

A la vez, se tomó en cuenta que en abril de 2021 se aplicó una reducción de tarifas de buses en un -2.65%, de modo que aplicar un segundo rebajo representaría un ajuste de -7.30% en un mismo semestre, lo que afectaría las finazas de los operadores.

La Defensoría sin embargo, consideró que a causa de que los autobuseros se han beneficiado de las medidas tomadas  por el Estado para paliar los efectos de la crisis, que se han aplicado medidas adicionales a ese sector y que «el impacto negativo se ha acentuado sobre los sectores más frágiles y vulnerables que son los que han vivido con mayor crudeza la alta tasa de desempleo, el impago de sus préstamos y obligaciones financieras, el aumento del costo de vida», es a favor de los usuarios que deben tomarse decisiones.

La institución admite que «es innegable el interés público que permea el servicio de transporte remunerado de personas» y reconoce que la realidad nacional y mundial «agravia no solo al sector autobusero sino también a TODOS los sectores del país, pero muy especialmente a los usuarios».

Mientras tanto, detalla, las acciones tendientes a disminuir el impacto económico de la crisis como la reducción de jornadas de trabajo, la suspensión temporal de contratos de trabajo, la reducción en el monto de pago del marchamo 2020 y los ¢702.000 millones entregados a las entidades financieras para que lo prestaran a los clientes afectados, beneficiaron a las empresas autobuseras.

Además, se aplicaron medidas adicionales para aliviar la economía de los autobuseros, como una reducción en el canon que deben pagar, se les eximió de presentar la evaluación de calidad y se redujo en un 60% la operación del servicio. «Todas las medidas económicas señaladas han menguado el impacto económico en ese sector económico», afirma el comunicado.

Al mismo tiempo, recordó la Defensoría, la Intendencia de Trasportes debe buscar armonizar los intereses de usuarios y de prestadores de servicio, e informó que el aparente riesgo de devolución de rutas que se consideró en la resolución, por supuestas devoluciones de rutas previas, «no es un hecho comprobado por el ente regulador, es una manifestación de los operadores que lamentablemente la Administración Pública da por acreditado sin realizar los estudios correspondientes y menos aún comprobar si efectivamente el impacto acaeció por un posible desequilibrio financiero razonable y objetivo provocado por las medidas restrictivas para paliar la propagación de la COVID, o en su defecto obedeció a un deficiente manejo financiero u otra circunstancia anterior a las medidas restrictivas».

La entidad aseguró que realizó la investigación correspondiente de esas rutas, de las cuales ha recibido quejas o denuncias y descubrio que «existen 4 rutas que aún se les brinda el servicio de transporte de autobuses servicio ofrecido por otros operadores; en otras 2 rutas, los operadores originarios siguen brindado servicio y en las dos rutas restantes, otros operadores están dando el servicio correspondiente al usuario», lo que demuestra que son rentables y están funcionando.

Considerando todos estos factores, la Defensoría apeló la resolución y espera que se aplique la rebaja en las tarifas, para beneficiar a las personas usuarias, que han sido las más afectadas. “La Intendencia evade analizar la repercusión y el impacto que una rebaja tarifaria puede tener en la economía de cada una de las personas que utilizan el servicio de transporte público, cuando el país pasa por uno de los niveles de desempleo más graves de nuestra historia, siendo que además el Estado ha adoptado medidas tales como la reducción de jornada y suspensión de los contratos laborales, lo que ha generado una disminución significativa en el ingreso económico en las familias costarricenses”, manifestó la Defensora Catalina Crespo.

Además consideró que esa reducción tarifaria podría significar que esta gran parte de la población tenga acceso a costear el pago del servicio de transporte, pues aunque 4 de disminución en algunas rutas, «puede parecer poco para algunas personas, significa mucho para aquellas que han visto perdida su fuente de trabajo».

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