La Defensoría de los Habitantes alertó en su informe anual sobre preocupantes vacíos y falencias en la elaboración de la Política de Seguridad en Costa Rica, en momentos en los que el país atraviesa una crisis histórica por el incremento de la violencia y los homicidios.
La defensora Angie Cruickshank realizó varias observaciones durante la presentación de su informe ante los diputados el pasado 11 de julio, en el que incluso alertó que ante requerimientos de la institución para solicitar información al Ministerio de Seguridad, tuvieron que presentar un recurso de amparo.
Una situación complicada luego de que Costa Rica atravesara en el 2023 el año más violento en la cantidad de homicidios reportada, al alcanzar la cifra de 906. Esto representó un aumento de un 38% con respecto al año anterior, elevando el índico por cada 100 mil habitantes de 12,2 a 17,2.
Carlos León, Director de Gobernanza Pública de la Defensoría, explicó que las acciones de la Defensoría se enmarcaron en una serie de reuniones con autoridades y expertos en seguridad, para analizar y monitorear la Política Pública en Seguridad.
Debe recordarse que en diciembre del 2022, previó a la crisis de homicidios, la Contraloría emitió el informe DFOE-IF-0017-2022, en que señaló la ausencia de una Política Pública nacional de Seguridad y ordenó a las autoridades de esta área elaborar un cronograma que debía culminar en agosto del 2024 con la certificación de esta política. En esta dirección, en noviembre del 2023 el ministro Mario Zamora anunció el lanzamiento de la Política de Seguridad Costa Rica Segura Plus 2023-2030.
“Nuestra intención fue monitorear la ejecución, no cuestionar con la pretensión de que se reformulara, sino realizar alertas tempranas para ayudar a su impulso… no obstante, consultamos desde el 3 de abril al ministro (Zamora), le fue dando largas y solo después de que el 21 de junio presentamos un recurso de amparo, remitió el 24 de junio respuestas parciales”, explicó León, quien destacó que el análisis de la Defensoría identificó “vacíos y falencias”.
“La metodología no detalla temas consultados a los actores ni los productos obtenidos que demuestren una construcción participativa amplia… las acciones estratégicas son enunciados generales que no precisan plazos, responsables, recursos asociados ni indicadores de cumplimiento” señala en informe de la Defensoría.
León también manifestó que en el análisis no encontraron un enfoque territorial o uno sectorial, que era necesario por la materia. Tampoco se identifican fuentes de financiamiento, que deben incorporarse para que la política sea creíble.
Además, la política mostró un énfasis en un enfoque represivo, dejado prácticamente de lado el enfoque preventivo, que según los expertos es el único que realmente puede dar resultados duraderos. “De los cinco objetivos específicos, cuatro se relacionan con la visión represiva, y solo uno con la preventiva”, dijo.
A ello se agrega lo que calificó como una situación preocupante en medio de la crisis por el alza en los homicidios, como lo es metas muy modestas para la acción pública en esta área. “La meta al 2030 apenas implica una reducción de 34 homicidios, según la línea base del 2019. No parece apropiado todo el esfuerzo institucional de elaborar una política, con una meta tan modesta”, expresó León.
El funcionario de la Defensoría también indicó que se consultó por la formulación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se plantea como ente rector en esta materia pero del cual no se aclara naturaleza jurídica, reglamentación, flujograma, competencias o siquiera regularidad de sus reuniones.
Además, también hay vacíos en materia de seguimiento: la Política debería venir con un Plan de Acción y en este caso no está debidamente formulado, lo que impide la evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
Se trata de una situación en el que también se han presentado inquietudes de la Contraloría, que el pasado 10 de abril emitió un informe en el que señaló “débil planeación estratégica en el Ministerio de Seguridad”.
El informe DFOE-GOB-IAD-00001-2024, Auditoría acerca de la formulación y seguimiento de la planificación estratégica del Ministerio de Seguridad Pública de la Contraloría, concluyó que esta institución “no cumple con los criterios que forman parte del marco normativo y buenas prácticas aplicables, en cuanto a la formulación y el seguimiento de la planificación estratégica institucional”.
En ese sentido, la Defensoría recordó que la Contraloría señaló que el PEI 2024-2030 del Ministerio de Seguridad “no vincula la planificación ministerial interna con los objetivos, metas e indicadores de la Política en cuestión, lo cual augura dificultades en su implementación y en el logro de objetivos”.
Se intentó obtener una reacción en el Ministerio de Seguridad Pública de este tema que la Defensoría planteó ante los diputados desde el pasado 11 de julio, pero no fue posible.
