La Defensoría de los Habitantes manifestó formalmente su preocupación ante el hecho de que el Consejo de Transporte Público (CTP) tenga “debilidades” en la información institucional histórica respecto a la administración de rutas autorizadas o extintas de transporte público en bus, “lo cual podría sugerir que la información sobre las rutas vigentes debidamente autorizadas podría ser imprecisa o incompleta”.
Ello es de gravedad pues “podría conllevar a un proceso de renovación de concesiones que podría tener serias falencias”. Proceso que debe llevarse a cabo este mismo mes de setiembre.
Así lo planteó la defensora Catalina Crespo por escrito al viceministro de Transporte Público y Seguridad Vial, además presidente del CTP, Eduardo Brenes el pasado 10 de setiembre.
Uno de los aspectos más graves que ese Consejo no es capaz de responder, es el detalle de la clasificación y ubicación geográfica de todas las rutas de transporte público de pasajeros modalidad autobús.
En ese sentido, el CTP informó que “promovió y adjudicó un proyecto de caracterización de rutas, cuyo propósito es generar un repositorio centralizado con datos geoespaciales y características propias de cada servicio, entre estas las requeridas”, pero que estará listo hasta diciembre.
Ante esa respuesta particular, la defensora Crespo observó que se trataría de información sistematizada y disponible hasta mucho después de que se lleve a cabo el proceso de renovación de concesiones, “factor que igualmente puede tener implicaciones negativas en el desarrollo de un proceso transparente y ayuno de vicios que podrían tornarlo susceptible de alguna nulidad”.
Otros elementos que el CTP no es capaz de contestar a la Defensoría de los Habitantes, tienen que ver con cuáles fusiones de rutas ha aprobado desde 2019, cuáles fueron las denuncias respecto a la concentración de rutas en pocos empresarios presentadas en el último año y medio, o si la adquisición de una empresa que ostenta una concesión o permiso para explotar una ruta, por parte de otra empresa que pueda o no tener otra concesión o permiso, es una transacción que deba ser sometida al CTP o al MOPT y, de ser así, solicitó el detalle de las transacciones aprobadas bajo este formato desde 2014.
La incapacidad para responder, según se explicó desde el propio CTP a la Defensoría, se origina en que la información no esta sistematizada y disponible, sino que requiere “una investigación amplia y exhaustiva” del archivo institucional “así como otras fuentes dentro de la misma institución abarcando información tanto física como digital” desde el año 2000 hasta 2021 “de todas y cada una de las rutas autorizadas y extintas, así como las variaciones realizadas en la codificación y operatividad de las rutas en más de dos décadas de servicio”.
Para lo cual se requiere “un número aún no determinado, pero seguramente importante de personal y horas laborales para su atención”.
Sin control de accionistas
Este proceso de renovación de concesiones de transporte púbico en modalidad autobús se da en un contexto en que las grandes empresas de transporte acaparan rutas en todo el país.
Como ya ha denunciado UNIVERSIDAD, este proceso se ha visto marcado por la pretensión de las empresas, atendida por el CTP, de extender la aplicación de la figura de consorcio operativo a todo el país, pues actualmente sólo se aplica en la gran área metropolitana (GAM).
Plan del CTP aumentará acaparamiento de líneas de buses en menos empresas
Ello ha sido criticado por la Comisión para promover la Competencia (Coprocom) y consolidaría el acaparamiento de rutas en cada vez menos empresas a nivel nacional. Además, la ley manda que un requisito para renovar esas concesiones es contar con estudios de calidad vigentes, pues los últimos se hicieron en 2019.
CTP pretende renovar concesiones de buses con estudios de calidad desactualizados
La Defensoría de los Habitantes desde marzo dio curso a una denuncia ciudadana respecto a la concentración de rutas en pocas empresas, por lo que ha dado seguimiento al tema y desde el pasado 5 de agosto envió las preguntas al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Rodolfo Méndez Mata, con copia a Brenes Mata.
Otro elemento de suma preocupación es el hecho de que la propia Dirección de Asuntos Jurídicos del CTP, reconoció por escrito a la Defensoría que la información de accionistas de empresas autobuseras existente en la institución “se mantiene sin ningún tipo de actualización, no existe dependencia encargada de la custodia de dicha información, su verificación y actualización”.
Esa misma Dirección informó además que “las verificaciones realizadas a la fecha, se han ejecutado con fundamento en documentos ingresados por los operadores en el año 2017, sin que se hubiera prevenido por parte del CTP ningún tipo de actualización, que al menos una vez al año deben actualizar el registro”.
Ello es de gravedad pues, como en su momento explicó el director ejecutivo del CTP, Manuel Vega, en aras de evitar el acaparamiento ilegal de muchas rutas en todo el país en manos de un mismo grupo empresarial, “la única herramienta con que cuenta el CTP es la certificación notarial del libro de accionistas de cada empresa, con lo cual se hace un control cruzado con la información ya disponible para revisar que sea consistente; no podemos ir más allá”.
Cabe recordar que desde 2019 UNIVERSIDAD publicó una investigación sobre el acaparamiento de rutas por parte de grupos empresariales del sector.
Por ejemplo, el grupo JSM (siglas de Jorge Solano Montenegro) está relacionado con la operación de Guapileños (San José-Río Frío), Pulmitan de Liberia (San José-Playas del Coco), Comtrasuli (San José-Acosta), Caribeños (San José-Limón), Deldu (San José-Peñas Blancas), Transtusa (San José-Turrialba) y otras operadoras, que en total agrupan 25 concesiones y, para ese entonces, un 11% de los ingresos del sector autobusero, más de $41 millones al año.
Otro caso revelado fue el del empresario Raymond Salim Simaan, a quien pertenece la ruta San José-Uruca, así como Transportes Quepos Puntarenas y Transportes Costarricenses Panameños, que manejan las rutas San José-Paso Canoas, San José-Quepos y San José-Dominical. En esa oportunidad además se destacó que Simaan fue uno de los principales financistas de la campaña electoral del Partido Integración Nacional (PIN), pues compró ₡1.072 millones en bonos a ese partido.
