País

Defensoría acumula más de 3.000 solicitudes de intervención relacionadas con Bono Proteger

El 75% de las quejas corresponden a la falta de respuesta de la administración a los solicitantes. Además critican que a la fecha desconocen cómo se aplican en la práctica los criterios de priorización.

Aleyda Torres, de 43 años, trabaja como miscelánea en un gimnasio; sin embargo, la pandemia hizo que le redujeran la jornada en un 50%. Por esta razón en abril de este año solicitó el Bono Proteger; no obstante, a la fecha, ni el Ministerio de Trabajo ni el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le han dado respuesta a su solicitud.

Denuncias como las de Aleyda, relacionadas con la “no resolución de solicitudes” por parte de la Administración, encabezan la lista de requerimientos de intervención que recibe la Defensoría de los Habitantes desde abril, cuando el Gobierno anunció que brindaría una ayuda económica temporal de tres meses a las trabajadores afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Al 30 de junio, la entidad acumulaba 3.266 quejas de la población.

Del total de inquietudes acumuladas, el 75% corresponden a la falta resolución de solicitudes por parte de la administración; el 6% a la falta del segundo depósito; y el 5% a impedimentos (bases de datos que alimentan plataforma indican que persona no puede recibir bono), entre otros.

De acuerdo con la directora de Estudios Económicos y Desarrollo y coordinadora del Equipo Proteger de la Defensoría de los Habitantes, Ana Karina Zeledón, estas inquietudes se trasladan cada semana a la administración del Bono Proteger, quienes deben dar respuesta a las denuncias y quejas de la población. Agregó también que existen “picos” en las solicitudes de intervención que se encuentran relacionados con diversas situaciones que se presentan en el país.

Por ejemplo, las quejas de la población en el mes de abril tenían que ver con problemas en el acceso o uso de la plataforma y con la no resolución de solicitudes y problemas con depósitos de bonos aprobados; mientras que para mayo se recibieron denuncias sobre irregularidades en resoluciones de aprobación del bono y por el retraso en el depósito del segundo tracto del bono, entre otras.

Para el mes de junio, por otra parte, se empezaron a reportar inconformidades por la falta de depósito del tercer tracto del bono; así como reclamos a las autoridades, pues justificaron el no depósito del segundo tracto y la suspensión del bono por aparente retiro voluntario de la solicitud, entre otros.

“La falta de claridad y de certeza jurídica en el funcionamiento del programa han llevado a este montón de quejas. El Bono Proteger apareció en un tiempo corto y uno puede entender algunas fallas, pero van saliendo más. La Defensoría no puede abogar para que a alguien le den el bono. No somos un ente que pueda decidirlo. Nos interesa que la gente pueda saber qué pasó con su solicitud en tiempo real”, señaló Zeledón.

Zeledón criticó también los informes de la Administración, pues indica que pese a que existen los criterios de priorización para otorgar el bono, a la fecha, la Defensoría desconoce cómo se aplican estos criterios en la práctica.

Según datos del IMAS, a la fecha se han recibido cerca de 968 mil solicitudes. Del total, se ha ayudado a 533.501 personas, a las cuales se les ha realizado el primer pago; mientras que el segundo pago se le brindó a 523.911 solicitantes.

Del total de solicitudes recibidas, el Ministerio de Trabajo y el IMAS indicaron que un 93% de las personas solicitantes son nacionales, mientras un 72% corresponde a personas con secundaria incompleta o menos. Por condición laboral un 38% se reportaron como trabajadores independientes, seguido de un 23% de trabajadores informales, un 22% de personas que fueron despedidas, un 10% con reducción temporal de la jornada y un 6% con suspensión temporal del contrato laboral.

Se sacuden

Consultados sobre la falta de respuesta a las solicitudes del bono, la ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte, señaló que efectivamente durante los meses previos no se registró ningún rechazo.

“Tenemos cerca de 420 mil personas que siguen en espera del otorgamiento del bono, que cuando ingresan al sistema lo que reciben es un mensaje de que su análisis se encuentra en espera. Nosotros hasta ahora estamos empezando a notificar bonos rechazados. Lo que hicimos fue una primera etapa de advertencia de impedimentos, con estos podíamos saber si las personas que aparecen con alguna alerta efectivamente podían ser rechazadas o se podían levantar. Así se lo planteamos a la Defensoría de los Habitantes, de que no podíamos rechazar hasta no tener la certeza”, señaló Dinarte.

Según datos del IMAS, a la fecha, 40 mil solicitudes se contabilizan como rechazadas, las cuales se notificarán en los próximos días.

En cuanto a la aplicación de los criterios de priorización, Dinarte comentó también que en reiteradas oportunidades le han ofrecido a la Defensoría el acceso a la plataforma como órgano de control; sin embargo, lo han rechazado.

“Se han planteado criterios de priorización para establecer a quiénes se les llega con mayor celeridad. Se establecen criterios, ponderaciones y se aplica un algoritmo que permite cruzar esas variables con las ponderaciones para establecer un ranking de quiénes tienen mayores niveles de vulnerabilidad. A partir de esos niveles se hace la colocación de bonos”, explicó Dinarte.

Cada solicitud, según la jerarca, pasa por un proceso de verificación y validación y posteriormente se aplican los criterios de priorización. “En muchos casos, aunque la persona haya entrado recientemente, puede posicionarse en lugares más altos porque el acumulado de factores que presenta la ubica en condición de mayor vulnerabilidad”.

Entre los criterios de priorización se encuentran la condición de empleo, el rango de ingresos, la condición de pobreza, si es jefatura del hogar y su sexo, así como la cantidad de personas dependientes del solicitante, la edad y si tiene alguna discapacidad.

¿Más entregas?

Hace pocos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a Costa Rica extender el Bono Proteger “el tiempo que sea necesario”, pese al costo que implica.

Consultado sobre la ampliación de este subsidio, el presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, externó que los recursos disponibles a la fecha indican que el alcance del Bono Proteger únicamente permitirá atender a 700 mil personas.

“Con los recursos que van a entrar esperaríamos llegar a las 700 mil personas, que son ¢90 mil millones que vienen. Eso va a permitir ayudar a más personas. Son bonos totalmente nuevos. Los 533 mil que ya tenemos terminan de ser atendidos en el mes de julio, y a partir de agosto, esperando el ingreso efectivo de los recursos que el lunes 20 de julio fueron aprobados en la Comisión de Hacendarios y que ahora deben ser aprobados por el Plenario, estaríamos atendiendo a casi 200 mil personas más que se atenderían durante tres meses”, destacó.

Bermúdez añadió que durante la colocación de los bonos han tenido grandes aprendizajes; sin embargo, calificó la ejecución del programa como “eficiente”, debido a las mejoras que han realizado conforme ha pasado el tiempo. Además, acotó, que la habilitación del programa en otras circunstancias hubiese tardado más tiempo.

¡NO sigas este enlace o serás bloqueado en este sitio! Ir al contenido