En un informe técnico, la Defensoría de los Habitantes determinó que las acciones “paliativas y de corto plazo” que ha implementado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) son insuficientes.
Más de 50 denuncias presentadas por personas vecinas del cantón alimentaron el informe técnico que la institución remitió a la Sala Constitucional, a raíz de un recurso de amparo interpuesto por una vecina del cantón contra el AyA.
En el informe la Defensoría reporta a la Sala IV que logró constatar acciones de parte del AyA ante la situación pero estas “no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio de agua en cantidad para la población de Alajuelita, en particular por los extensos periodos de desabastecimiento” así como las dificultades que enfrentan muchas de las personas durante el reparto de agua con camiones cisterna.
En abril, las personas vecinas de San Josecito de Alajuelita denunciaron que entre el 15 y el 21 de abril el servicio de agua no se sostuvo ni por 20 minutos continuos, obligándolos a depender del abastecimiento por camión cisterna.
“De acuerdo a información proporcionada por el AyA a esta Defensoría, el sector de Alajuelita se abastece del sistema de Puente Mulas que es uno de los 31 sistemas del Acueducto Metropolitano (AM) y que se refuerza con agua de los sistemas de La Valencia y de Tres Ríos, no obstante, éste ha sufrido afectación por la problemática asociada a la disminución en las fuentes de producción en época seca, debido a la falta de lluvia” indicó la Defensoría por medio de un comunicado de prensa.
La grave escasez de agua los motivó a protestar frente a la Municipalidad de Alajuelita el 18 de abril y también a unirse a la marcha que diversos sectores realizaron el pasado 24 de abril.
Alajuelita, Hatillo, Goicoechea, Moravia y Tibás son algunas de las comunidades afectadas con cortes de agua durante el verano que pidieron al AyA avance en las obras estructurales necesarias para mantener el servicio de agua, para que estas estén listas antes del 2026.
El pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes es el segundo en una misma semana relacionado con las afectaciones de agua, ya que también emitió un comunicado calificando la situación de acceso al agua en San Francisco de Coronado como una “emergencia de salud pública” que debe ser atendida de forma “impostergable”.
