La movilización de vecinos organizados logró que el saliente Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia acordara una moratoria para permisos de construcción y usos de suelo de desarrollos urbanísticos en el cantón, principalmente por la presión de los afectados en barrio El Socorro del distrito de San Miguel, donde se abren paso desarrollos inmobiliarios de gran impacto a pesar de la falta de agua que padece la comunidad.
El Concejo decidió asimismo una medida cautelar administrativa de dos meses sobre los permisos de construcción o ampliación de plantas de asfalto o cualquier actividad de índole industrial en el distrito de San Miguel, que es zona de protección especial y recarga de mantos acuíferos que abastecen varios cantones del Valle Central.
Los regidores acordaron también solicitar a las nuevas autoridades municipales que hagan una valoración técnica y legal para decretar una mora urbana en el cantón de Santo Domingo.
Los acuerdos se tomaron el pasado 25 de abril mientras decenas de vecinos se manifestaban frente y dentro del edificio municipal, durante la última sesión ordinaria del Concejo antes de traspasar el gobierno a las nuevas autoridades electas que asumieron este 1 de mayo.
Los regidores accedieron a la petición de los vecinos de que se le entregara copia de los expedientes de los permisos de construcción solicitados por los proyectos inmobiliarios Hacienda Lincoln, Vía Lincoln, Vereda Verde, Tecknau, Vista Catedral, La Laguna, Los Eucaliptos y las dos plantas de asfalto de Conansa y Río Frío S.A., ubicados en el barrio El Socorro.
“Todo esto sale por la presión que los vecinos han ejercido desde el 2012, cuando iniciaron la lucha contra el proyecto de la planta de asfalto de Conansa”, dijo Patricia Rodríguez, del Comité de conservación de la cuenca del río Virilla, que vigila el cuido de los mantos acuíferos de Santo Domingo.
Los acuerdos logrados son un res- piro pero no les dan tranquilidad, por eso se presentarán ante las nuevas autoridades municipales para ponérseles a las órdenes e insistirles que hay que investigar los permisos otorgados, añadió Rodríguez.
Para Mariechen Wüst, otra activista de la comunidad, “ha sido muy importante lo que ha pasado, porque la comunidad ha tomado mucho protagonismo y esto (la resolución del Concejo) es histórico, por la presión del pueblo”.
Los vecinos reprochan que las autoridades autoricen desarrollos urbanísticos de cientos de apartamentos y la excavación de pozos privados, en una comunidad que sufre falta de agua todos los días desde horas tempranas.
Se favorece a los proyectos por encima de la comunidad, y se pondría en riesgo de contaminación los acuíferos con las aguas servidas de los condominios que se quiere construir y el material asfáltico de la planta, afectando además el río Virilla, alegan.
El enojo aumentó al enterarse de que una de las plantas de asfalto a las que se han opuesto desde el 2012 recuperó la viabilidad ambiental que había perdido y en un “santiamén” obtuvo permiso de uso de suelo (el 15 de marzo pasado) y permiso de construcción (el 30 de marzo).
La otra planta también obtuvo la viabilidad ambiental, pero el proyecto está varado a la espera que se resuelva un juicio contencioso administrativo que la empresa presentó contra la Municipalidad por haberle negado el permiso de uso de suelo.
Los opositores apelan a un acuerdo municipal adoptado de manera unánime en enero del 2013, que restringe la aprobación de permisos municipales para el funcionamiento de industrias en el distrito de San Miguel, a fin de cumplir con el deber de la preservación de los recursos naturales y la salud de los habitantes.
Además, argumentan que la normativa en materia de ordenamiento territorial prohíbe la colocación de plantas asfálticas cerca de zonas pobladas y declara el margen del río Virilla en el Socorro como zona de alta fragilidad ambiental.
De su parte, el Comité Bandera Ecológica de San Miguel puso hincapié en la falta de agua que sufre el vecindario y que los nuevos bloques de apartamentos no harían más que agudizar. “Si en la actualidad no hay agua suficiente para los actuales habitantes de Santo Domingo de Heredia, con base en qué fórmula mágica se puede afirmar que habrá en el futuro agua suficiente para estos, sus hijos y para los que aún no habitan en el cantón”, cuestionó el Comité en un comunicado.
PERMISOS
Tanto la alcaldesa saliente, Laura Prado, como el presidente del Concejo, Abel Chacón, sostuvieron por separado que la Municipalidad no ha dado nuevos permisos de construcción en esa área.
Ambos adujeron que lo que ha sucedido es que la Municipalidad ha negado la disponibilidad de agua a los proyectos, por la falta de líquido, y con esa denegatoria en la mano las empresas van a Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Avenamiento) y la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente, donde obtienen permiso para excavar pozo privado, lo que ya no es competencia municipal.
Incluso Chacón mencionó que uno de los proyectos obtuvo en seis meses el permiso para pozo privado, mientras que el acueducto municipal lleva cuatro años esperando autorización para cavar un pozo necesario para aumentar el caudal de la cañería.
Por su parte, Prado comentó que en el barrio El Socorro hay un desarrollo inmobiliario “alarmante”, tiene restricciones de abastecimiento y la alcaldía ha actuado responsablemente.
“Nosotros hemos actuado y hemos dicho que no hay agua, el problema se nos presenta cuando se perforan pozos privados; sin embargo, ya aten- dimos a los vecinos, inclusive ellos tienen los expedientes de los casos que ellos pidieron y que formalmente se han presentado a la Municipalidad para trámite de un permiso de construcción”, afirmó.
Dijo que el 29 de marzo dirigió una nota a Senara y a la Dirección de Aguas llamando la atención, porque ante la ausencia de dotación de agua por parte del acueducto municipal al desarrollador, este tiene la opción de presentar el requerimiento para perforar un pozo privado, pero ese no es el objetivo que se tiene para administrar un acueducto.
En cuanto a la planta de asfalto que está en construcción, dijo que ahí lo que se ha dado es permiso para un planché. Sin embargo, luego que vecinos mostraron el permiso otorgado para planta de asfalto, Prado dijo que era una autorización emitida por los técnicos, y cuando le cuestionaron que si entonces son los técnicos los que mandan en la Municipalidad, afirmó que “esta Alcaldía no ha permitido eso”.
Ante “la duda razonable” que le genera el expediente del caso, ordenó la apertura de una investigación administrativa preliminar para de- terminar si hay irregularidades, dijo Prado.
Mientras tanto, Cristian Laidley, relacionista de Los Eucaliptos, uno de los proyectos inmobiliarios en cuestión, manifestó que desde hace seis años ellos han cumplido con todos los requerimientos y lo único que les hace falta es el permiso de construcción, que ahora está varado en la Municipalidad por la moratoria que declaró el Concejo.
Dijo que deseaba aclarar que “nosotros no tenemos nada que ver con la planta asfáltica, tenemos permiso para construir el pozo, que ya está hecho, y el último permiso en la tramitología de este país es el de construcción, que ya está en la Municipalidad, el problema es la moratoria”.
UNIVERSIDAD quiso conocer también la versión de los dueños de la planta de asfalto en construcción en Calle Álvarez, barrio El Socorro, y en la oficina pidieron dejar el número telefónico donde se pudiera comunicar el vocero autorizado, pero no hubo comunicación.
