La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, visitó Salitre el pasado viernes acompañada de la abogada Thais Vidal, quien fue condenada a tres años de cárcel por usurpar tierras indígenas en el 2015, sentencia que, a pesar de ser apelada, fue sostenida en firme por los Tribunales.
Vidal le pidió que despidiera a dos personas funcionarias de la Defensoría y la reunió con finqueros que han sido denunciados por activistas ambientales y organizaciones por la defensa de los derechos indígenas por actos de violencia contra estas comunidades, denunció la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica basados en declaraciones dadas al Diario Extra por Vidal y por Crespo.
También fue condenado el abogado y exjuez Carlos Gutiérrez, quien fuera pareja de Vidal, y a ambos se les concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, por lo cual finalmente no fueron a la cárcel.
Vidal fue señalada por usurpar tierras bribris en el Territorio Indígena de Salitre alegando que era indígena de origen cabécar por línea materna y bribri-teribe-boruca por parte del padre, sin embargo, la Asociación de Desarrollo de Ujarrás declaró que no es indígena cabécar ni habita en el territorio.
La abogada negoció la compra de un terreno dentro de territorio indígena en el 2012, a pesar de que la Ley Indígena de 1977 señala que los territorios indígenas son inalienables e intransferibles.
Esta ley establece que los territorios indígenas son exclusivos de sus comunidades, no pueden alquilar, arrendar, comprar o adquirir de ninguna forma terrenos o fincas dentro de sus límites. Además, dice que las personas ya propietarias de tierra dentro de territorios indígenas deben ser expropiadas e indemnizadas.
En el 2014, previo a la sentencia, 80 finqueros blancos se organizaron para quemar viviendas y bloquear la vía de las personas indígenas de Salitre recuperadoras de tierras indígenas. Situaciones de violencia similares han sido denunciada desde el inicio de las recuperaciones y a la fecha, entre las más recientes está el intento de asesinato del líder indígena Leonel García en Bajo Chirripó y los incendios de cientos de hectáreas en Chiná Kichá.
Estos casos preocuparon al relator de la Organización de Estados Americanos para asuntos Indígenas, José Francisco Calí y a la Relatoría Especial sobre Derechos económicos, sociales, culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desprotección en la que viven los pueblos originarios.
En 1989 Costa Rica suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de estos derechos de posesión.
Para cumplir con la Ley Indígena y el Convenio 169, el Gobierno debe determinar quienes son poseedores de tierras indígenas de buena fe (las adquirieron antes de que entrara en vigencia esta ley) y los de mala fe (que las toman a pesar de que la ley estipula no son transferibles), para liquidar a los primeros y devolver las tierras a la comunidad indígena. La delimitación de las tierras indígenas está determinada por decreto.
“Los avances del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas “Plan RTI” del INDER, muestran que, la inmensidad de pobladores foráneos, no tienen derechos sobre las tierras, entonces lo que corresponde es el desalojo sin indemnización, y seguir los procedimientos para que el Estado indemnice a quienes tengan derechos de buena fe” apuntó la Mesa Nacional Indígena en su comunicado de prensa.
El poco avance del Estado en a recuperación de las tierras durante décadas obligó a los pueblos indígenas a realizar recuperaciones de hecho. En Salitre las acciones de recuperación de tierra realizadas entre el 2010-2017 han permitido que más de 1.200 hectáreas del territorio indígena de Salitre pasen a manos de la población originaria, lo que equivale al 11% del área total.
Desde el inicio de las recuperaciones y a la fecha, territorios indígenas alrededor del país han denunciado intentos de asesinato, acoso, incendios masivos y amenazas constantes en su contra. Sin embargo, la Defensora declaró al Diario la Extra que a quienes condena es a los recuperadores de tierras por “sacar a personas bajo ese modelo violento de sus hogares”.
La Mesa Indígena Nacional explicó que personas foráneas a los territorios han tomado tierras indígenas durante años engañando a personas indígenas, desinformando, judicializando casos y criminalizando a los defensores de las tierras.
Este órgano, presidido por Donald Rojas, pidió a la Defensora su intervención ante las altas autoridades de Gobierno para que se efectúe la devolución de las tierras indígenas.
