La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, cumple un año y medio en el cargo, en medio de una fuerte presión interna y externa para que abandone su puesto, pero con disposición de mantenerse y continuar las líneas que han elevado la tensión interna en esa institución.
A los incidentes de los últimos tres meses se suma un procedimiento adicional en este inicio de agosto. Crespo enfrenta ahora una investigación en la Asamblea Legislativa, institución superior de la Defensoría, para indagar si tienen razón los numerosos señalamientos de supuestas faltas y, eventualmente, someter a votación de los diputados la posible remoción del cargo, algo que nunca ha ocurrido en esa entidad.
La decisión del diputado presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, llega después de que las distintas bancadas discutieron el procedimiento al calor de los nuevos acontecimientos que evidencia la hostilidad interna en la Defensoría.
El detonante del conflicto fue la forma errática y antojadiza como Crespo manejó el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), pero los roces entre Crespo y los directores de los distintos departamentos de la Defensoría ya se habían acumulado y no paran de aumentar.
Una decisión de Crespo elevó la molestia de esos funcionarios al reformar el estatuto interno y restar la potestades del Consejo de Directores, un órgano que funciona como contrapeso de la jerarca y que ha criticado en meses recientes la gestión de ella en el caso UPAD, al punto de que algunos miembros le pidieron abandonar el cargo.
Después de esa decisión de Crespo, catalogada por un grupo de funcionarios como arbitraria y cercana a la autocracia, los diputados recibieron una carta que pedía la apertura del procedimiento que días después anunció Cruickshank, aunque la solicitud acumulaba casi dos meses en manos de las jefaturas de las bancadas legislativas.
Este Semanario pidió una entrevista a Crespo, pero dijo que solo atendería preguntas enviadas por escrito. Se le pidió entonces una reacción sobre la apertura del procedimiento en el Congreso y, mediante el Departamento de Prensa, dijo que no lo comentaría, con la justificación de que aún no ha sido notificada.
Mediante el correo institucional de la Defensoría, Crespo hizo llegar la comunicación del apoyo que dice recibir de organizaciones internacionales homólogas, como la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente (Rindhca).
Asegura que esas instituciones “consideran inquietantes las presiones y ataques que viene enfrentando la Defensora de los Habitantes, las cuales pretenden desestabilizar su gestión e impactar sus actuaciones defensoriles, llegando incluso a solicitar su remoción y dimisión”, cita el comunicado institucional.
Crespo, psicóloga y educadora de 45 años con experiencia en organismos internacionales, parece aferrada al puesto, a pesar de la lluvia de críticas que recibió en junio cuando presentó su informe de labores por motivos variados y desde flancos variados, tanto conservadores y progresistas.
Para ese momento, ya había molestias internas, pero cada día aporta nuevos elementos. Al comenzar agosto, Crespo decidió, de manera unilateral, reformar el estatuto y el funcionamiento del Consejo de Directores, con el argumento de pretender una modernización y homologarse con la Contraloría General de la República (CGR), que también está adscrita a la Asamblea Legislativa.
En un comunicado público, Crespo dijo que se basó en una respuesta de la contralora Marta Acosta para tomar esa decisión en la Defensoría, pero la misma Contraloría desmintió haber sustentado esa reforma estatutaria.
“Recibí una denuncia firmada por una importante cantidad de funcionarios indicándome una negligencia grave y violaciones al ordenamiento jurídico y que ameritaba el procedimiento con base en el artículo 7 de la ley de la Defensoría. Yo elevé consulta al departamento de servicios técnicos y me responden el domingo que efectivamente es potestad constituir esa comisión, que estoy en obligación de proceder con los hechos en mano”, dijo Cruickshank a UNIVERSIDAD.
Los resultados de la investigación legislativa podrían estar listos a finales de agosto o principios de septiembre, cuando den las conclusiones los siete congresistas que aún están por designarse por las fracciones legislativas.
Este proceso no es nada que sorprenda a Crespo, a juzgar por una consulta que hizo a la Asesoría Legal de la Defensoría de los Habitantes sobre la legalidad de cualquier actuación legislativa “que afecte la estabilidad del mandato del Defensor de los Habitantes y obstaculice el desarrollo del mismo en el tiempo”.
“¿Define o no la ley de la Defensoría de los Habitantes a la Asamblea Legislativa como superior jerárquico en términos administrativos o disciplinarios”?, pregunta en la consulta en el oficio DH-0527-2020, del 10 de julio, un mes antes de que Cruickshank informara sobre la apertura de investigación.
Ahora, el poder de decisión detiene a la Asamblea Legislativa, en medio de una maraña de proyectos y de un ambiente político agitado, con ansias de bancadas o diputados por visibilizarse y salir bien librados ante el intenso escrutinio público.
Pocas garantías hay de que la afinidad rojiazul de Crespo se traduzca en apoyo de los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), aunque es usual que sea el Partido Liberación Nacional (PLN) el que incline la balanza en un sentido u otro.
A diferencia de otras comisiones investigadores de carácter estrictamente jurídico, en este caso, los diputados deberán seguir el debido proceso en todos sus alcances, incluida la privacidad de las audiencias, según el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en el que se basó Cruickshank.
Los detalles legales podrían resultar claves para lo que resuelvan los diputados, aspecto en el que la defensora Crespo recibe asesoría del abogado Mario Zamora, ministro de Seguridad durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).
En el contexto actual, Catalina Crespo ha representado un flanco de cuestionamiento contra la Presidencia de la República por el caso UPAD, aunque su aporte fue al menos confuso y acabó recibiendo críticas por el manejo del caso al margen de los protocolos usuales de la Defensoría, lo cual se agravó al conocerse el extravío de un audio que se grabó con pretensiones documentales y acabó siendo referido como posible prueba de irregularidades en Zapote.
Parte de los cuestionamientos vinieron desde el Consejo Director que ella reformó por acuerdo unilateral para modificar el funcionamiento y sumarle también la participación de otras instancias, como el sindicato de la institución y representantes de la sociedad civil, en una aparente señal de apertura.
Organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos, sin embargo, se suman al descontento con la gestión de Crespo y enviaron a Cruickshank una carta en la que piden la salida de la Defensora por considerar que ignora la técnica jurídica de la institución, obstaculiza el trabajo interno en la Defensoría, entorpece el trabajo conjunto con otras organizaciones, omite apoyar a sectores vulnerables y se ha arrogado funciones que por ley no le corresponden, entre otros señalamientos.
