La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, reconoció hoy que el nombre del ex Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, y el de otros funcionarios fueron eliminados del informe final que rindió la Defensoría sobre la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en febrero pasado.
La funcionaria hizo las declaraciones esta tarde ante la Comisión Investigadora de la UPAD en la Asamble Legislativa. Dicha comisión suspendió temporalmente sus sesiones el pasado 17 de marzo, ante la situación causada por el coronavirus. Hoy lunes 15 de junio reanudó sus labores y recibió una prórroga de 180 días para terminar su trabajo y rendir un informe.
Ante las preguntas de la diputada Carolina Hidalgo (Partido Acción Ciudadana), Crespo dijo que efectivamente en un borrador del informe el nombre de Piza aparecía junto con el de otros funcionarios y que fueron eliminados, para solo dejar los títulos de los jerarcas y los años en que ocuparon los cargos.
“Se editaron nombres del informe. En ese informe estuvo el nombre del viceministro de Planificación y otros nombres. Lo que se dejó fueron los títulos y los años”, comunicó Crespo.
Cuando la diputada independiente Ivonne Acuña le preguntó si había hablado con Piza una vez que empezó la investigación sobre la UPAD, la Defensora respondió: “Absolutamente no. No he hablado con el señor Piza sobre este tema. Yo lo que estaba haciendo era, como buena académica, hacer el trabajo manteniéndome en los hechos, sin juicios de valor y lo más correcto posible”, afirmó.
El 3 de julio de 2019, Rodolfo Piza, como Ministro de la Presidencia, envió una carta a la Ministra de Planificación Pilar Garrido con un informe técnico realizado por la Unidad de Planificación Institucional del Ministerio de la Presidencia, para justificar el funcionamiento de la UPAD, según la documentación del caso. El 29 julio Piza presentó su renuncia al gobierno de Carlos Alvarado.
La diputada Floria Segreda (Restauración Nacional), por otra parte, felicitó a la Defensora por ser valiente y no ceder ante las presiones con respecto a este caso.
Ante esto, Crespo expresó: “Viera que yo siento que la gente de Costa Rica está tan cansada de la impunidad, de esa cultura de ‘pongámoslo debajo de la alfombra, no digamos nada, es mi conocido’, y la Defensoría de los Habitantes no se va a prestar para eso. Y yo dejé un puesto en el Banco Mundial para venir a Costa Rica, para venir a ayudar a mi país y no para hacerme de la vista gorda.”
Acuña, sin embargo, insistió: “Usted ha venido aquí a tratar de reforzar la idea de que usted vino a defender a los costarricenses; sin embargo, ese no es el sentimiento que tienen los costarricenses de su persona ni del cargo que usted ocupa y pareciera que usted es más bien la defensora de algunos habitantes nada más”.
Antecedentes
El 14 octubre de 2019, el presidente de la República Carlos Alvarado, el entonces Ministro de la Presidencia Víctor Morales y el viceministro de planificación Luis Daniel Soto firmaron un decreto que creó la UPAD (41996-MP-MIDEPLAN), un equipo de trabajo o dependencia adscrita a Casa Presidencial que se ha dedicado, según sus creadores, al análisis de datos provenientes de instituciones públicas.
El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, en relación con el caso. Este se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General de la República bajo el expediente 20-000330-0619-PE.
