La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, califica de ‘ilegal’ las recuperaciones de tierras indígenas que por ley les pertenecen y cuyos límites están delimitados por decreto.
Crespo dio esta declaración y condenó el “uso de la violencia para la recuperación de tierras” en varios medios de comunicación tras su última visita a Salitre, en la que fue guiada por Thais Vidal Navarro, abogada condenada a cárcel por quitarle el terreno de forma violenta a una mujer indígena con la ayuda de una turba de cerca de 20 personas, entre ellos finqueros de la zona, según registros comprobados en su sentencia.
Los territorios indígenas de Costa Rica están protegidos por la Ley Indígena, aprobada en 1977, que establece que los territorios indígenas son exclusivos de sus comunidades, y que no pueden alquilar, arrendar, comprar o adquirir de ninguna forma terrenos o fincas dentro de sus límites. Además, dice que las personas que ya eran propietarias de tierra dentro de territorios indígenas antes de la aprobación de la ley -llamados poseedores de buena fe- deben ser expropiadas e indemnizadas.
También están protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Costa Rica se suscribió en 1989 y que establece el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de estos derechos de posesión.
Las recuperaciones de hecho son un mecanismo de las comunidades indígenas para tomar tierras dentro de los límites del territorio que, ante la desidia del Estado desde la aprobación de la Ley Indígena en 1977, siguen en manos de personas no indígenas poseedoras de mala fe. En las recuperaciones la comunidad notifica a las personas que ocupan el territorio de su desalojo y se organizan para ir a ocupar el terreno.
Amplio registro de violencia contra recuperadores
A pesar de que durante su gestión como Defensora fueron asesinados dos líderes indígenas mientras tenían medidas cautelares por orden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Crespo no se refirió al amplio registro de violencia que sufren las personas recuperadoras indígenas.
En el 2014, previo a la sentencia de Vidal Navarro, 80 finqueros blancos se organizaron para quemar viviendas y bloquear la vía de las personas indígenas de Salitre recuperadoras de tierras indígenas. Situaciones de violencia similares han sido denunciadas desde el inicio de las recuperaciones y a la fecha, entre las más recientes está el intento de asesinato del líder indígena Leonel García en Bajo Chirripó y los incendios de cientos de hectáreas en Chiná Kichá.
Estos casos preocuparon al relator de la Organización de Estados Americanos para asuntos Indígenas, José Francisco Calí y a la Relatoría Especial sobre Derechos económicos, sociales, culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desprotección en la que viven los pueblos originarios.
En 2021 la OCAC registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades Bribri al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades: Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Curré.
Visita a Salitre
Este semanario pidió a Crespo que se refiriera a la decisión de ser acompañada por Thais Vidal Navarro; sin embargo la Defensora no se refirió al tema en su respuesta, ni tampoco respondió por qué durante esta visita no se reunió con personas recuperadoras de tierras indígenas.
“Las personas indígenas, sin importar dónde habitan y su etnia, tienen derecho a ser escuchadas por las Instituciones Públicas del país; no existe motivo alguno para que la suscrita, funcionaria pública, no los atienda y escuche sus peticiones” dijo Crespo.
Sin embargo, Vidal Navarro y quien fuera su pareja Carlos Gutiérrez Alpízar, siendo “personas no legitimadas para ser poseedores de terrenos en el territorio indígena Salitre” fueron condenados a tres años de prisión en el 2015 por usurpar la tierra de una indígena con el apoyo de un grupo de personas con palos y machetes en mano. El día de la usurpación resultó herida una persona indígena, hecho comprobado en los Tribunales con fotografías del sangrado y testimonios.
“Vidal Navarro y Gutiérrez Alpízar, por medio del grupo que lideraban, destruyeron los sembradíos de la ofendida (…) sin dejar de lado claro está, la actitud violenta y agresiva que desplegaron, llegando incluso a lesionar la integridad física de uno de los hijos de la ofendida” menciona la sentencia 009-2015 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur entre los hechos comprobados.
La abogada negoció la compra del terreno que usurpó dentro de territorio indígena en el 2012 con una persona no indígena sin derechos de posesión, según la sentencia, a pesar de que la Ley Indígena de 1977 señala que los territorios indígenas son inalienables e intransferibles.
Tras la sentencia, Vidal Navarro y Gutiérrez llevaron el caso al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, donde se declaró sin lugar su reclamo en el 2016 y un año después también se rechazó el recurso de casación que llevaron a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
En la visita a Salitre, Vidal Navarro pidió a Crespo separara de investigaciones en curso a los funcionarios Álvaro Paniagua, director de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud y secretario general del sindicato de la Defensoría; y a Marjorie Herrera, de la Dirección de Igualdad y No Discriminación.
Ambas personas forma parte de un grupo de funcionarios de la Defensoría de los Habitantes que denunció persecución y venganza por parte de Crespo a raíz de una carta que solicitaba su renuncia y que fue enviada a la Asamblea Legislativa en el 2020 con 81 firmantes, entre ellos Paniagua y Herrera.
