La Defensora Adjunta de los Habitantes de la República, Tatiana Mora Rodríguez, remitió a la auditoría interna de la institución un informe de hechos, pidiendo que se investigue a la jerarca de la defensoría, Catalina Crespo, por aparentes acciones irregulares que podrían constituir faltas al deber de probidad y control interno en atención a los deberes de la función pública.
En un oficio fechado el 19 de agosto del 2022, Mora – quien además actualmente aspira al puesto de defensora titular – mencionó 14 hechos y pidió a la auditora, Alejandra Sobrado, que procediera a analizar los mismos a partir de la normativa vigente y definir las responsabilidades correspondientes o bien, involucrar a la Contraloría General de la República, Procuraduría de la Ética Pública, Procuraduría General de la República o al Ministerio Público, si así correspondiera.
El informe versa sobre la relación cercana del periodista Camilo Rodríguez con la Defensora y las acciones que aparentemente, desde la Defensoría ha promovido Crespo, en favor del comunicador, en relación con casos que tiene abiertos tanto en instancias judiciales como ante instituciones públicas.
Es necesario además mencionar que Rodríguez sostiene desde hace meses, una campaña en contra del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) pues han respaldado o sugerido medidas luego impuestas por los tribunales, para que el periodista no pueda ver a sus hijos, pues fue acusado de abuso sexual.
En los primeros hechos se relatan las acciones que Rodríguez ha realizado en favor de la Defensora, tanto dándole visibilidad a través de sus medios y redes, como saliendo en su defensa cuando ha sido cuestionada.
Posteriormente, relata que la Defensora dirigió, en abril pasado, un oficio – que meses después no se ha subido al Sistema Único de Oficios Institucionales- al jefe de la oficina local del PANI que tramita el expediente del proceso especial de protección, relacionado con los hijos de Rodríguez solicitándole “atender una denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes por parte del señor Camilo Rodríguez Chaverri el cual indica que existe una clara omisión un oficio que no ha mal manejo y dilación injustificada en las gestiones” y le pide entre otras cosas, remitir un informe detallado sobre lo actuado y sobre el estado de la situación.
Relata también que, tras que Rodríguez realizara en público “una serie de aseveraciones atribuyendo acciones a la Defensoría de los Habitantes, que no son contestes con el procedimiento que sigue ese órgano para la tramitación de denuncias”, la presidenta ejecutiva del PANI envió a Crespo una misiva consultando si conocía lo divulgado por Rodríguez, si el procedimiento seguido por las y los asesores del despacho estaba siendo acorde con los procedimientos existentes o si existía alguna razón justificada para variarlo en el caso mencionado y si la denuncia de Rodríguez había sido admitida, bajo qué número de expediente, en qué fecha, la dirección técnica que la tramita y los funcionarios o funcionarias que la tenían a cargo.
Finalmente, consulta si la DHR “conoce que los casos en los que hay personas menores de edad involucradas, y que están siendo discutidos en las sesiones que se realizan todas las tardes en la Defensoría, están siendo expuestos y subidos en redes sociales, a pesar de que hay una medida de protección de no exposición de datos en redes, dictada en favor de las personas menores de edad”.
Denuncias no se tramitan conforme procedimientos
A continuación, el informe detalla que un grupo de padres y madres se apersonaron a las instalaciones de la Defensoría de los Habitantes, para “interponer una denuncia colectiva contra el PANI, por supuesto arrebato del PANI de los menores”, actividad que se cuestionó el accionar del patronato y hasta se le acusó de tener un “negocio con las adopciones”. Sin embargo, dice Mora, de las personas que participaron ese día no se ubicaron registros institucionales de denuncias de conformidad con los procedimientos internos establecidos.
Además, se detalla cómo en mayo Rodríguez pidió tener acceso a una sala para una reunión “en la que reuniremos más material sobre nuestras denuncias ante los atropellos del PANI” y la Defensora gestionó que se le concediera, y que la Defensora continuó siendo mencionada en las intervenciones de Rodríguez en redes sociales, como su aliada. En consecuencia, nuevamente en mayo la presidenta del PANI se quejó por escrito con Crespo, reclamándole adelantar criterio, exponer a los menores y colaborar con Rodríguez, violando los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad que se supone, rigen a la DHR.
Como si todo lo anterior fuera poco, a mediados del mismo mes, la Defensoría coorganizó con la Fundación Infancia Primero de Chile un simposio titulado “Desparentalización, obstrucción del vínculo y alienación parental con un enfoque de Derechos Humanos”, a pesar de que la comunidad científica considera que el “síndrome de alienación parental” no existe, es pseudociencia y es una herramienta creada para enmascarar el abuso sexual infantil. En el evento participó Rodríguez y expuso su denuncia personal contra el PANI y en el espacio intervino, como especialista en Derechos Humanos, una funcionaria del Despacho de la Defensora de los Habitantes, quien refirió la denuncia en relación con el tema del simposio.
Para finalizar, el informe indica que tras una consulta sobre la mencionada denuncia, se realizó una investigación interna y se determinó que no existe un ingreso a nombre de abogado en relación con el caso sino que “de acuerdo a instrucciones del Despacho, este es un caso del periodista Camilo Rodríguez y ante solicitud del Despacho, lo está revisando personal del Despacho de la Defensora de los Habitantes”.
“Se solicitó informar a la Unidad de Atención de Quejas y Consultas de la Defensoría, de los resultados de la gestión efectuada, para poder registrarlo en la base de datos y seguimiento correspondiente, incorporando el dato del registro de intervención involucrada(RI). Esta información no ha sido facilitada a la fecha”, indica la funcionaria.
Considerando todos estos hechos y la normativa vigente sobre control interno y deber de probidad, Mora solicitó a la auditora proceder a analizar los hechos, sentar responsabilidades y poner en conocimiento a las autoridades pertinentes, si así corresponde.
UNIVERSIDAD pidió una reacción de la Defensora a través de su departamento de prensa, pero al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta a la solicitud.
Específicamente, se consultó cuáles han sido las consideraciones que se han hecho para ofrecer apoyo al señor Rodríguez, si la Defensora considera que ese apoyo es pertinente estando los casos en sede judicial y habiendo medidas dictadas por instancias expertas, si contempla que dicho respaldo apoyo podría constituir adelanto de criterio y si la Defensoría considera que su proceder en los hechos citados en el informe ha sido conforme a la legislación. Además se pidieron explicaciones sobre que la Defensoría apoye acciones para discutir y divulgar sobre el falso “síndrome de alienación parental”.
