Demandas de inversionistas extranjeros

Defensa ante tribunales arbitrales costará ₡1.466 millones en 2017

Acuerdos de libre comercio acarrean costosos arbitrajes

En el 2017 Costa Rica destinará más de ₡1.466 millones (unos $2,6 millones al cambio actual) para costear la defensa contra millonarias demandas de inversionistas que se ventilan en tribunales arbitrales extranjeros.

Tal es el monto presupuestado por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para el pago de abogados y asesores económicos en cinco demandas de empresas extranjeras que se conocen, la mayoría de ellas en paneles arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (Ciadi), una dependencia del Banco Mundial.

Para el pago de servicios jurídicos están presupuestados ₡1.100.137.500 y para servicios económicos ₡366.200.000.

“Los montos presupuestados en servicios jurídicos y servicios económicos corresponden al pago de las etapas procesales que deben ser canceladas durante el 2017 de conformidad con cada contrato suscrito (firmas legales y peritos en temas económicos)”, indicó el Comex ante una consulta que realizó UNIVERSIDAD sobre el tema.

El Estado costarricense enfrenta actualmente en los tribunales arbitrales privados del Ciadi una demanda presentada en el 2012 por la firma española Supervisión y Control (subsidiaria de Riteve) por $262 millones; una presentada en el 2013 por la empresa suiza Cervin Investissements S.A.y otro (propietarios mayoritarios de Gas Zeta) por $30 millones; otra demanda interpuesta en el 2014 por la minera canadiense Infinito Gold por $94 millones; y otra más elevada ese mismo año por David Aven y otros inversionistas norteamericanos que reclaman $70 millones por un proyecto residencial frenado por las autoridades en Las Olas (Playa Esterillos, Puntarenas).

Finalmente está el caso “Baulas II”, de Spence International Investments y otros inversionistas norteamericanos que demandaron al Estado alegando expropiación ilícita de 26 terrenos adyacentes a Playa Grande y Playa Ventanas, cerca del Parque Nacional Las Baulas, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste (ver cuadro adjunto).

La semana antepasada el tribunal arbitral del Ciadi se declaró incompetente por falta de jurisdicción para conocer la demanda en 18 de los 26 terrenos, pero se reservó la posibilidad de estudiar indemnizaciones en el resto.

Ya en 2012 Costa Rica fue condenada por el Ciadi a pagar más de $4 millones a una pareja alemana por un terreno ubicado cerca de este mismo Parque Nacional, por limitaciones para desarrollar un complejo turístico.

Esta es una forma de solución de controversias que acompaña a muchos de los tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados de libre comercio (TLC) firmados desde la década de 1990.

El sometimiento a estos tribunales arbitrales, una modalidad de justicia privada donde los inversionistas pueden demandar a los Estados pero no conocen demandas de los Estados, constituye una de las cláusulas más controversiales de estos acuerdos comerciales.
Junto con el secretismo de las negociaciones, la sujeción a estos tribunales integrados por jueces privados para resolver reclamos de las empresas al margen de los tribunales de justicia nacionales destaca entre los motivos que han tenido agricultores, ambientalistas, sindicatos y activistas antiglobalización que han salido a protestar en las calles de países de la Unión Europea (UE) contra la actual negociación del TTIP, tratado de libre comercio que se está negociando con Estados Unidos, y el CETA, tratado de libre comercio con Canadá.
El CETA se firmó finalmente el pasado domingo 30 de octubre en Bruselas, luego de que el gobierno de Bélgica logró negociar con la región de Valonia, la cual tiene 3,6 millones de habitantes, que se oponía al acuerdo. Si Valonia hubiera mantenido el bloqueo habría significado el naufragio del CETA, ya que este solo puede entrar en vigor con la firma de todos los países miembros de la UE (28), y sin el consentimiento de alguna región el gobierno belga no habría podido suscribirlo.
Las críticas al arbitraje internacional en materia de inversión incluyen los elevados costos que tienen estos procesos para los contribuyentes de los países demandados -la mayoría subdesarrollados -, independientemente del resultado final de los procesos.
Por ejemplo, en la demanda que la minera canadiense Pacific Rim presentó en el 2008 contra El Salvador, solicitando un monto compensatorio de $314 millones, solo en la defensa legal le iba costando al Estado cerca de $13 millones, según publicaciones de la prensa salvadoreña.
Valga mencionar que el pasado 11 de octubre el tribunal arbitral anunció su decisión, desestimando las reclamaciones de la empresa.
En Costa Rica el caso con la canadiense Infinito Gold representa un costo de $1,7 millones, y el de Las Olas (Playa Esterillos) más de $1 millón, según cifras que dió el Ministro del Comex, Alexander Mora, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa. Sin embargo el costo final depende de la duración del proceso, que suele ser de años, como lo muestra el mencionado caso de El Salvador.

VIGENTES

Costa Rica tiene 14 TIB suscritos y vigentes con países como Alemania, Francia, Suiza, Canadá, República Popular China, Corea del Sur, España, Dinamarca Bajos y República Checa.
Uno de los primeros acuerdos fue el firmado con Alemania, el cual dio pie a una demanda interpuesta en el 2008 ante el Ciadi por una pareja de empresarios alemanes contra Costa Rica por $8,5 millones.
El caso se resolvió en el 2012 con un fallo del Ciadi que condenó al país a pagar $4 millones.
El convenio con Canadá, aprobado por el Poder Legislativo en 1999, fue utilizado en el 2005 por la minera canadiense Vanessa Venture (actual Infinito Gold) para demandar a Costa Rica por $276 millones con relación al proyecto minero ubicado en Las Crucitas, frontera norte, demanda que luego la empresa retiró tras haber conseguido aparentemente alguna promesa del gobierno.
Nuevamente, en 2014, Infinito Gold puso una demanda en el Ciadi para reclamar a Costa Rica una indemnización por $94 millones por el mismo proyecto minero, y actualmente se está a la espera de la decisión arbitral.
En América Latina, Venezuela encabeza los registros del Ciadi con 26 demandas en su contra, seguido de Argentina con 20, Costa Rica 5, Ecuador, Panamá y Perú con 3 cada uno, Bolivia, Guatemala, México y Uruguay con una cada uno.
La demanda contra Uruguay fue interpuesta en el 2010 por la transnacional Philip Morris por $25 millones, a raíz de la adopción de una legislación para proteger a los uruguayos de los efectos del fumado.
Además de Uruguay, Philip Morris entabló una demanda contra Australia en el 2011 sobre la base del TBI vigente entre Australia y Hong Kong con relación a la legislación adoptada sobre empacado de cigarrillos.
Según Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Costa Rica, ese caso pone en evidencia hasta dónde se puede llegar usando algunos TBI con cláusulas más favorables que otros para el inversionista.
Varios países del continente y otras partes del mundo han estado tomando acciones para limitar el alcance de los TBI y del Ciadi.
En la región, países receptores de inversión extranjera como Brasil, Cuba, México y República Dominicana no han ratificado la Convención de Washington de 1965, que creó el mecanismo arbitral para dirimir las controversias en estados e inversionistas, demostrando que, contrario a una opinión generada desde algunos sectores, no es necesario ratificar este acuerdo para atraer inversión extranjera, señaló Boeglin.

Experiencia similar han tenido Bolivia, Ecuador y Venezuela que denunciaron el tratado por considerar que Ciadi tramitaba demandas abusivas y eran cuestionables algunas de sus decisiones.
Asimismo, Sudáfrica e Indonesia forman parte del grupo de países que se han resguardado de ese tipo de cláusulas que favorecen los apetitos de algunos inversionistas extranjeros.



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