Uno de los cogeneradores de electricidad que pertenece a la Corporación Multi Inversiones, donde trabajó el actual presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, recibió una de las cartas de interés enviadas por la institución para compra de energía y sería una de las empresas beneficiadas por el decreto que emitió este Gobierno para reactivar los contratos de compra de electricidad del ICE.
Se trata de la empresa Plantas Eólicas SRL, que operaba la Planta Eólica Tilarán (PESA), cogenerador al que se le venció el contrato de venta de electricidad al ICE el 18 de noviembre de 2020 y no fue renovado por la anterior administración.
Para Sergio Olivares Segura, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec) y coordinador del Frente Unitario Sindical de Trabajadores del Grupo ICE (FUS-ICE), es preocupante que pudiera haber un conflicto de interés por un posible favorecimiento a una empresa donde laboró el actual jerarca del ICE.
Sin embargo, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, afirma que no existe conflicto de interés porque el decreto para reactivar los contratos de compra de electricidad fue emitido por el Poder Ejecutivo y porque la compra de electricidad es una actividad que se define en la Gerencia de Electricidad del ICE y no en su Presidencia Ejecutiva.
La justificación para no renovar contratos
A fines de 2020 la entonces presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, anunció que no renovaría aquellos contratos que se vayan venciendo para compra de electricidad, amparada en legislación vigente y en el hecho de que la demanda del país estaba cubierta.
En ese momento, la Gerencia de Electricidad del ICE indicó a UNIVERSIDAD que “el principal motivo de la no renovación radica en que la demanda nacional de energía está cubierta”. También se afirmó que el país tenía la suficiente capacidad instalada para cubrir las necesidades de abastecimiento nacional al menos durante los siguientes cinco años.
En agosto de 2021, el ICE presentó la actualización del Plan de Expansión de la Generación 2020-2035 y comunicó que requerirá el aporte de plantas privadas de energía hidroeléctrica y eólica a partir de 2024 y hasta 2026 para cubrir parte de los requerimientos identificados, pero ajustando la normativa legal de contratación a estas empresas privadas.
Actualmente hay varios cogeneradores con contratos de venta de electricidad al ICE vigentes. La institución informó que hay 9 plantas a las que no se les renovó el contrato desde el 2020 y según datos de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), este año vencen cuatro contratos y en 2024 vence uno. Hay varias otras cuyos contratos vencen hasta el 2034.
El cambio de rumbo de esta administración
Desde el comienzo de la administración Chaves Robles, hubo un cambio importante en el rumbo seguido hasta el momento. Ya en agosto, el recién nombrado presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, externó su interés en encontrar rutas para volver a comprar energía a los generadores privados, ante la Comisión de Energía en la Asamblea Legislativa.
El 29 de setiembre se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo 43.700-MINAE, que autoriza al ICE a comprar energía de generadores privados que tienen una concesión de servicio público vigente y que han estado sin contrato. Dicho decreto reformó el Reglamento al Capítulo I de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, conocida como Ley 7200.
Anteriormente, el reglamento establecía que los contratos para la compra de energía eléctrica a los privados “tendrán una duración máxima de 20 años, incluyendo el período de la construcción de la planta”; y que antes de que venzan, el ICE y el productor podrán suscribir un nuevo contrato, “bajo las condiciones de una planta existente, para permitir la continuidad del servicio”.
Con la reforma, para tomar la decisión de contratar las compras de energía eléctrica a privados “el ICE deberá considerar las necesidades de abastecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el plazo de vigencia de la concesión de servicio público, la vida útil remanente de las plantas, el interés público, el costo estimado del contrato, la continuidad óptima de la prestación del servicio, la política pública sectorial, así como la conveniencia, optimización económica del servicio, y la seguridad operativa del SEN”.
les renovó el contrato desde el 2020. (Foto: Archivo/SU)
Antecedentes en CMI y Globeleq
Según el perfil de LinkedIn del señor Marco Acuña Mora, entre enero de 2017 y enero de 2019 fue gerente de ingeniería de Corporación Multi Inversiones (CMI), una multinacional con sede en Guatemala, que tiene proyectos de generación de energía renovable, entre otros negocios.
Anteriormente, de octubre de 2008 a enero de 2017, Acuña fue gerente de proyectos de Globeleq Mesoamerica Energy (GME), dueña de proyectos de energía hidroeléctrica y eólica en Centroamérica, cuyos activos fueron adquiridos en el 2016 por CMI. En febrero de 2019 el señor Acuña fue nombrado director corporativo de electricidad del ICE.
Según información del ICE, existen seis cogeneradores eléctricos relacionados con CME y CMI, con contratos de venta de electricidad al ICE. Cinco de ellos tienen contratos vigentes hasta el 2034 (Ver “CMI, el gigante guatemalteco de energía renovable que encontró viento favorable en Costa Rica”). Sin embargo, el contrato del ICE con la empresa Plantas Eólicas SRL, que operaba la Planta Eólica Tilarán (PESA), venció el 28 de noviembre de 2020 y no fue renovado por la anterior administración.
En noviembre del año pasado, el ICE envió cartas a cogeneradores con contratos vencidos, para expresarles interés en contratar energía, según las condiciones establecidas en el decreto ejecutivo 43.700-MINAE.
Una de esas cartas fue enviada a Jay Gallegos de Plantas Eólicas SRL por el gerente de electricidad del ICE, Roberto Quirós Balma, en la cual se señala una “expresión de interés para contratar energía según del Decreto Ejecutivo 43.700- MINAE”.
“Se solicita confirmar la disponibilidad para iniciar las revisiones de los elementos legales asociados a la empresa, el cumplimiento técnico de la planta Plantas Eólicas, según la normativa vigente, y el posible acuerdo comercial a negociar entre las partes”, apunta el oficio 0510-1160-2022, del cual este medio tiene copia.
CMI, el gigante guatemalteco de energía renovable que encontró viento favorable en Costa Rica
Operación en el país representa alrededor de un 20% de la potencia de su capacidad instalada, pero es alrededor de la mitad de operaciones eólicas a las que busca extender su vida útil.
“No existe conflicto de interés”
Para Sergio Olivares de Anttec, “lo preocupante podría ser supuestos favorecimientos a empresas de donde estuvo, dejando por fuera a otro tipo de empresas y beneficiando a la empresa de procedencia de este señor”. “No lo vemos ético ni moral, si hubiese un contrato con alguna de esas empresas, o se adjudica, o que se usen negocios paralelos en beneficio de estos grupos”, continuó Olivares.
UNIVERSIDAD consultó al presidente del ICE si consideraba que existía un conflicto de interés, ya que durante su gestión se impulsan medidas como el decreto 43.700 y las notas de interés para renovar contratos y beneficiar a empresas privadas de generación eléctrica en las que trabajó.
Pero Acuña declaró, mediante su oficina de prensa, que “no existe conflicto de interés”. “El decreto 43.700 fue emitido por el Poder Ejecutivo, por lo que no es una gestión del ICE. Lo relacionado a la generación autónoma o paralela se sustenta en la Ley 7200, Capítulo I, así como su reglamentación, que aplica para todos los interesados. La compra de electricidad es una actividad que se define en la Gerencia de Electricidad, no en la Presidencia Ejecutiva”, aseguró Acuña.
Olivares afirmó que no les satisface en lo absoluto esta respuesta. “Aunque venga la directriz del Poder Ejecutivo, sabemos que hay muchos grupos interesados en la privatización eléctrica”.
“Nosotros considerábamos correcto que se quitaran contratos que para el ICE no son necesarios en este momento. No hay necesidad de ampliar contratos porque hay suficiente energía en la matriz eléctrica, entonces volvemos a beneficiar a este grupo de cogeneradores privados, donde el ICE, aunque no necesitara la energía, por ley tenía que pagarles, se usara o no se usara la energía”, dijo Olivares.
UNIVERSIDAD intentó contactar a los representantes de las plantas de CMI en el país, mediante Acope, que indicó que les remitiría las preguntas, pero al momento del cierre no habían respondido.
Estudios que justifican decisión
Este medio también consultó a la Gerencia de Electricidad del ICE por qué ahora sí se justifica comprar electricidad a los cogeneradores a los que se les vencieron contratos y en qué estudios se basaron para tomar la decisión de renovar los mismos.
Según la Gerencia de Electricidad, las estimaciones de crecimiento de la demanda del mercado eléctrico han cambiado, debido a la recuperación de la economía, “que hasta este año retorna a los valores previos a la pandemia, superando a 2019”.
“En comparación con el crecimiento del mercado eléctrico estimado para 2022, que era de un 3,9% para el escenario alto, a setiembre del 2022 se presentaba un registro de más de 4%, el cual se mantendría hasta el cierre de diciembre”, indicó la Gerencia.
Asimismo, aseveró que hay otros elementos puntuales “que también hacen necesaria la incorporación de estas plantas” como una estrategia de mitigación de costos de respaldo térmico e importaciones y un requerimiento de la infraestructura existente de plantas, “por posposición de mantenimientos críticos producto de limitaciones de la Regla Fiscal”.
Separación de por lo menos un año
Acuña fue nombrado gerente de electricidad del ICE en enero de 2019 por un periodo de cuatro años; pero el Consejo Directivo de la institución le terminó el contrato en octubre de 2020 en un contexto de diferencias internas entre los jerarcas de la entidad. En ese entonces Anttec ya había denunciado la relación laboral de Acuña con CMI y que se podría estar frente a un conflicto de intereses.
No obstante, Acuña fue reinstalado, después de interponer un proceso ordinario contencioso impugnando la decisión del Consejo Directivo. El ingeniero eléctrico ocupó el cargo hasta febrero de 2022, según su perfil de LinkedIn.
Sergio Olivares, de Anttec, cuestionó que Acuña haya laborado durante 10 años y cinco meses en Globeleq Mesoamerica Energy y en Corporación Multi Inversiones antes de ser nombrado director corporativo de electricidad en el ICE.
“Sí creemos que podría haber un conflicto de intereses, desde que él inició las labores en la institución porque hay varios artículos en el reglamento corporativo que así lo indican. Están en el artículo 10 y en el artículo 13 del reglamento corporativo que indican que debe haber una separación de por lo menos un año antes de un nombramiento de este tipo de directores, cuando han tenido alguna relación laboral o proceden de este tipo de empresas”, explicó el dirigente.
“Creo que esto no se cumplió. Ahí es donde nosotros creemos que hay un conflicto de intereses porque se está buscando comercialización o posibles contratos con estas empresas de donde procede el señor Marco Acuña”, dijo Olivares.
El artículo 10 de la “Ley de creación del ICE” (449) indica sobre el Consejo Directivo que “no podrán ser nombrados quienes, por un período de un año anterior al nombramiento, hayan realizado actividades que presenten un conflicto de intereses con el nuevo cargo; los directores serán elegidos por un concurso de antecedentes”. El artículo 13 indica que los gerentes deberán “llenar los mismos requisitos que los directores en cuanto a honorabilidad, convicción democrática y fe en los ideales del Instituto”.
Consultado al respecto, Acuña respondió que “la verificación de los requisitos legales y de idoneidad para el cargo de Director Corporativo de Electricidad fueron validados por la Administración de ese momento”. También afirmó que durante su gestión como Director Corporativo de Electricidad ejerció “el deber de abstención cuando fue necesario”.
