El contexto pandémico que vive el país desde hace dieciocho meses ha evidenciado que en Costa Rica, como en el mundo, hay dos grupos de personas con acceso desigual a sus derechos: quienes cuentan con Internet ilimitado y quienes no.
Las familias más privilegiadas de la sociedad tienen conexión con altas velocidades y sin límite de datos en las casas, que no solo sirven para estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, trámites ante instituciones; también sirven para jugar en línea o ver series en plataformas de streaming para pasar el tiempo sin salir de casa; es decir, sin arriesgarse a contraer el virus.
Mientras tanto, las familias de escasos recursos, las que viven fuera de la Gran Área Metropolitana y, especialmente, las que se ubican en zonas rurales y territorios indígenas, dependen exclusivamente de la conectividad a través de torres de celular, que además de no ser tan confiable como la fibra óptica o conexión por cable, tiene límite de consumo de datos en caso de planes pospago y se cobra megabyte por megabyte, en el caso de los prepagos.
“Quien no tiene acceso a Internet ilimitado pasa a ser un ciudadano o una ciudadana de segunda categoría”, Sebastián Fournier.
De acuerdo con el informe sobre la conectividad cantonal a Internet en la red fija del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), al 2018 solo el 16,70% de los hogares costarricenses contaban con conexión a internet por línea fija.
La brecha digital no es solamente la de poder o no poder pagar Internet, sino que implica tener un dispositivo (teléfono celular, tablet, computadora, etc.), saber usarlo, vivir en una zona donde se ofrezca el servicio, así como el tipo y la calidad del servicio que se ofrezca.
A pesar del complejo contexto, el acceso continuo a la red podría garantizarse a toda la población si en vez de ser un servicio disponible al público, como lo es hoy, la Asamblea Legislativa decidiera declararlo un servicio público esencial, como lo era antes de la apertura de las telecomunicaciones. Con esa declaratoria, empresas e instituciones tendrían que garantizar el acceso continuo a Internet y los reclamos de la ciudadanía tendrían una fuerza distinta.
Así lo explicó la Paola Vega, jerarca del Micitt, en una mesa de trabajo que sostuvo días atrás con la comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso.
En entrevista, Vega explicó que esa declaratoria obligaría a garantizar la continuidad del servicio a lo largo en el tiempo y del territorio nacional, al tiempo que se refuerza la capacidad de tutelar el derecho humano a Internet, tal y como la Sala Constitucional lo ha establecido (ver nota aparte: “Nuestro país ya reconoció Internet como derecho humano, declararlo servicio público permite reforzar el ejercicio de ese derecho”).
El diputado frenteamplista José María Villalta, que ha defendido esa postura desde años atrás, indicó que “hoy está claro que Internet es un medio indispensable para hacer realidad otros derechos humanos, desde la libertad de expresión, el derecho a la comunicación hasta los derechos económicos y sociales como la educación, el trabajo y el acceso a la cultura”.
Sebastián Fournier, miembro de la Comisión Mixta de Televisión Digital y académico de la UNED, comentó que la pandemia evidenció que en el contexto actual “quien no tiene acceso a Internet ilimitado pasa a ser un ciudadano o una ciudadana de segunda categoría”.
El activista por el derecho a la comunicación afirmó que este es uno de los mayores retos que tiene el país de cara a la próxima década. “Tenemos una gran población absolutamente rezagada en zonas rurales, cuya única opción de acceso es el Internet celular y ese acceso a Internet celular está regulado por descarga. Al ponérsele ese límite, a las personas se les condena de por vida a ser ciudadanos de segunda categoría y esa discriminación debe terminar y depende de una política pública”, indicó.
Fournier considera que este es “el momento urgente” en el que tienen que implementarse acciones para garantizar en todo el territorio nacional acceso a la educación, a la salud, a los servicios, etc, vía Internet. “El acceso a Internet es como el acceso del mundo”, concluyó.
“Si algo ha dejado claro la pandemia es que Internet no es un lujo, un accesorio o complemento, sino que es un derecho esencial para poder hacer realidad otros derechos fundamentales”, dijo Villalta, por lo que considera urgente que se corrija el “error histórico” de permitir que el acceso a Internet se brindara como un servicio comercial.
“Antes de la apertura de las telecomunicaciones, Internet y en general los servicios de telecomunicaciones eran servicios públicos. Con la apertura de las telecomunicaciones se elimina el concepto de servicio público y se declara un servicio comercial privado de interés público, pero comercial al fin. Los promotores de esto decían que era para cumplir con la apertura del TLC, pero realmente si uno revisa con cuidado el capítulo de telecomunicaciones del TLC, lo que obligaba era a permitir la apertura, en ninguna parte se dice que se tiene que eliminar el carácter de servicio público de Internet”, explicó.
Cabe destacar que desde el 2001 el diputado José Merino —fundador del Frente Amplio, que entonces representaba a Fuerza Democrática— presentó el proyecto de ley 14381, sobre el acceso democrático a la red.
Dicho proyecto, entre otras cosas, planteaba la urgencia de garantizar acceso gratuito a Internet para los estudiantes costarricenses, una tarifa plana de acceso a Internet para usuarios residenciales y comerciales, sin límite de tiempo y horario, y obligaba a desarrollar planes de alfabetización digital. Veinte años después y en un contexto de grandes exclusiones, la discusión gira de nuevo sobre los mismos ejes.
Cuando se vive al margen de la conexión
Marina vive con sus tres hijos en el territorio indígena de Alto Chirripó, después del puente de hamaca, a unas dos horas a pie. No hay electricidad en todas las casas, entran un par de canales de televisión abierta y algunas radios. No hay Internet por cable, ni fibra óptica, ni siquiera por cableado de cobre y, definitivamente, no hay señal de celular.
Aunque en condiciones difíciles y tras una caminata larga, sus niños han podido ir a la escuela y el mayor, al colegio. Esto hasta el año pasado, cuando llegó la COVID-19 y forzó el cierre de los centros educativos. Desde entonces, el rezago de sus hijos respecto de otros niños con las mismas edades, pero que viven con acceso regular a Internet, se ha profundizado.
Por más de un año los dos menores se quedaron en casa sin poder continuar sus estudios y al mayor lo mandaron donde una tía en Turrialba para que pudiera atender las clases. “Él es muy buen estudiante y quiere después ir a la universidad, no podíamos permitir que se atrasara”, dice Marina.
Pero no solamente los estudiantes fueron perjudicados por el acceso desigual a Internet, Marina y su pareja no han tenido acceso a los servicios de salud virtuales que implementó la Caja Costarricense del Seguro Social meses atrás; incluso, a un vecino de la comunidad, la empresa para la que trabaja le recortó el salario sin reducirle la jornada, pero no pudo denunciar, pues no tiene tiempo de movilizarse y llenar el formulario en línea es imposible, si no se tiene acceso a Internet.
Otros, como el hijo mayor de Marina, se vieron forzados a quedarse en casa de algún familiar donde sí hubiera acceso a Internet para poder atender las clases virtuales. Ahora que se han retomado en escuelas y colegios las lecciones bimodales (presenciales y virtuales), muchos niños y jóvenes han podido retomar sus estudios, aunque esto ha significado un riesgo mayor para sus padres, madres y personas cuidadoras.
Según cuenta Marina, hace un par de meses su hija menor llegó resfriada, días después ella tuvo un “resfrío fuerte” y perdió el olfato. “Lo bueno es que a ellos los cuido yo, que no padezco de nada. Pero a otros niños acá los cuidan las abuelas, cuando la mamá no puede, o las tías mayores, que tienen más peligro”, comentó.
