Organizaciones comunales alegan defensa de acceso al agua

Decisión del AyA revive polémica por acuífero de Sardinal

Acueductos y Alcantarillados busca completar ampliación de acueducto comunal y enfrenta oposición entre la comunidad.

Acueductos y Alcantarillados busca completar ampliación de acueducto comunal y enfrenta oposición entre la comunidad.

El hecho de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) haya anunciado que asume la construcción de obras de mejoramiento y ampliación del acueducto Sardinal, El Coco – Ocotal, provocó que el Comité Pro Defensa de Agua de Sardinal de nuevo amenace con que si la situación “no se arregla legalmente, va a ser el pueblo en la calle”.

Así lo manifestó Eunice Contreras, integrante de ese Comité, durante una conferencia de prensa realizada el pasado martes 14 de noviembre. Justo un día antes, el AyA anunció que este mes de noviembre inicia el trabajo en la obra pública que “garantizará acceso al agua potable a 34.000 personas a 25 años”, en el cantón guanacasteco de Carrillo.

La institución asumió la construcción de la obra tras la firma, en junio, de una carta de entendimiento con el Banco de Costa Rica (BCR), ente fiduciario del fideicomiso que hace poco más de diez años conformaron los actores privados interesados en la construcción del acueducto.

El proyecto de ampliación consta de tanque de almacenamiento, tuberías y campo de pozos, tiene un costo del ¢1.730 millones y se proyecta que entre en operación en el segundo semestre del 2018.

Información adicional provista por la institución señala que, a través del monitoreo de los 33 pozos de agua sobre el manto acuífero Sardinal, se determinó que el cuerpo de agua es “robusto” para explotar “un caudal aproximado de 70 litros por segundo”.

La controversia por la construcción del acueducto inició en el 2008, cuando los vecinos de la localidad se movilizaron para detener obras iniciadas por un grupo de empresarios agrupados bajo la figura de fideicomiso, quienes pretendían explotar 167 litros por segundo para proyectos turísticos ubicados en El Coco y Ocotal.

Por ese entonces el gobierno de Óscar Arias respondió con el envío de antimotines, lo cual generó una importante presencia de activistas de todo el país que se solidarizaron con los vecinos de Sardinal. En junio de ese año, este Semanario denunció que personas vinculadas a las empresas del fideicomiso habían donado poco más de ¢8.300.000 a la campaña presidencial de Arias.

Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, expresó que el acuífero de Sardinal es “el más estudiado del país”, que al llegar ella a la institución se retomó el proceso de monitoreo de los 33 pozos -lo cual incluyó la fuerte sequía que vivió la provincia en los últimos años- y que así se determinó que el caudal aprovechable para este proyecto es de 70 litros por segundo.

Informó que ese proceso de monitoreo fue llevado a cabo por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con el apoyo de la Universidad de Costa Rica (UCR) desde el 2015.

“Yo misma cuestioné este proyecto desde la UCR, nunca voy a estar de acuerdo si no hay certeza científica de que no afectamos el cuerpo de agua”, expresó la funcionaria, quien fue coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral de esta Universidad. Añadió además que el AyA tiene la responsabilidad de “llevar el agua no solo a la comunidad de Sardinal y vecinas, sino a toda la zona costera”.

En ese sentido, reconoció que al inicio de su gestión no tuvo la intención de abordar el tema de este acueducto, pero que debió hacerlo tras comprobarse que el manto acuífero de playa El Coco comenzó a presentar problemas de salinización.

“EL PUEBLO ESTÁ OPUESTO”

Contreras hizo un llamado a que no se minimice la magnitud e implicaciones del proyecto, al tiempo que sentenció que el acueducto “se ha llevado a cabo ilegalmente, sin participación de la ciudadanía. “El pueblo está totalmente opuesto”, dijo.

Aprovechó para criticar el eslogan institucional de “agua para Guanacaste”, pues según dijo “es para las grandes empresas multinacionales”;  tras lo cual lamentó que “nos acusan de revoltosos, de comunistas”, cuando lo que buscamos “no es paralizar el desarrollo, es tener conciencia de desarrollo sostenible”.

Contreras responsabilizó a la institución por el problema de salinización de varios mantos acuíferos costeros y agregó que ese Comité pide la destitución de la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, y de José Miguel Zeledón, director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

“Es indignante y doloroso, Yamileth Astorga llega a reuniones con dos o tres personas de la comunidad.

Se ha puesto a pelear a las comunidades de Sardinal y El Coco”, fustigó.

Tras subrayar que “el agua no puede quedar en manos de empresas privadas”, Contreras aseveró que no hay un estudio de impacto ambiental (EsIA) que establezca con certeza técnica cuánta agua hay en el acuífero.

“Astorga se comprometió a hacer un nuevo estudio, dijo que tenía mucha presión de parte de los empresarios”, añadió la activista comunitaria.

Durante la conferencia de prensa, en la que también participó el activista Gadi Amit de la organización Confraternidad Guanacasteca, se mencionó un informe de la auditoría del AyA fechado en agosto de este año.

Ese informe hizo señalamientos críticos a cartas de entendimiento firmadas entre la institución y la empresa Coco Water, una de las principales vinculadas al fideicomiso, en el 2006 y 2007, y analizó la que en esta administración Astorga firmó con el BCR, a la luz de un criterio del 2008 de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre cumplimiento con la Ley de Planificación Urbana.

Entre otras cosas, la Auditoría llamó la atención a una disposición en esa carta en el sentido de que “según las necesidades específicas de cada Fideicomisario”, el AyA les podrá otorgar Constancias de disponibilidad del recurso con una vigencia mayor a los cinco años establecidos originalmente.

Ello según la Auditoría podría contravenir el criterio de la PGR de que la administración pública debe priorizar el interés general por encima de “necesidades que no trascienden lo privado”.

“NO PODEMOS VIVIR DEL PASADO”

Yamileth Astorga negó que no se tome en cuenta a la comunidad en la gestión del proyecto y subrayó que en toda su carrera ha abogado por la participación de las comunidades en la administración del recurso hídrico, por lo cual bajo su gestión se creó en el AyA un área de gestión social, con profesionales en antropología, sociología y trabajo social.

Relató que, al asumir el trabajo del acuífero Sardinal, emprendió reuniones con el Comité Pro Defensa del Agua, “hablé muchas veces por teléfono con Eunice (Contreras), cada vez que veía que algo estaba pasando, me llamaba”.

La funcionaria dijo que se reunió en varias ocasiones con esa instancia comunal, “les dije que venía a hacer las cosas bien, a analizar con ellos, pero lo más importante es tener la buena voluntad de construir juntos, desde el primer momento ellos ponen un “no”, a mí me hicieron llorar, porque me llamaron ladrona”.

“No podemos vivir del pasado, hoy el proyecto es diferente, hoy hay gente diferente aquí, no somos políticos, no le debemos nada a nadie, a mí nadie me va a doblar el brazo por beneficio de un particular, yo estoy por llevar el agua a la población. Cuando me senté con ellos fue imposible”, sentenció Astorga.

Tras insistir en que esa organización lo que plantea es “un no por el no, sin querer abrirse a que hay agua ahí”, apuntó que otras personas de la comunidad no se oponen al proyecto y subrayó que la institución está obligada a llevar el agua, “ellos se oponen a lo que se convirtió El Coco, la lucha se debió haber dado en contra de los permisos que se dieron, fue la Municipalidad”, aseveró.

Insistió en que “ese grupo organizado debe enfocar su lucha -y nosotros nos sumaríamos- con la Municipalidad para que meta un plan regulador y que no se permita ese crecimiento tan desordenado”.

Sobre la carta de entendimiento que firmó con el BCR, Astorga destacó que se redujo un compromiso asumido por la institución en gestiones anteriores de comprometer unas 5 mil pajas (o conexiones al acueducto) a las empresas del fideicomiso.

Además se refirió al informe de Auditoría y expresó que “mezclaron peras con chayotes, no lograron entender y penosamente no entraron al fondo del asunto. Por eso la Junta Directiva lo da por conocido pero no le dio la importancia que pudo haber tenido”.

Según dijo, desde la Auditoría “confundieron lo que se hizo antes con lo que se hace ahora, cosas que ya no son así, las condiciones hoy día cambiaron, el caudal es otro y las situaciones ambientales son otras, con lo que se comprometió la institución hace diez años no es lo que hoy se tiene, por lo tanto ese compromiso no existe”.

Astorga subrayó que el acueducto es público y que el AyA “tiene la obligación de no comprometer el agua para una familia, si va a dar el agua a un hotel, eso no lo pude hacer la institución”.


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