- Después de un gesto bien recibido, Gobierno presiona por nuevos impuestos antes de setiembre, pero a la oposición le urge menos. En medio algo importa: el presupuesto 2019.
El Gobierno de Carlos Alvarado dio el primer paso crítico y polémico para intentar cumplir con su promesa de reducir el déficit fiscal a la mitad cuando acabe su mandato, al bajar “la velocidad del gasto público” como se intenta frenar un tren que no puede detenerse en seco. Sin embargo, el destino no parece tan cercano.
El presidente firmó un plan de contención de gasto público que no soluciona nada, pero que abre la puerta a otros objetivos como la aprobación legislativa de un plan fiscal y la mejoría en las calificaciones internacionales del riesgo de inversión en Costa Rica. En esta tarea son claves los tiempos; aunque Alvarado dice que urge, depende de las voluntades de un Congreso dominado por la oposición.
Con la ventaja de credibilidad que ostenta la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ante sectores usualmente escépticos ante el PAC, Alvarado lanzó señales fuertes necesarias para activar la discusión legislativa del plan que reforma los impuestos de ventas y renta. Las reacciones fueron inicialmente positivas, pero en política hay planes que no siempre se expresan en micrófonos.
La meta del Ejecutivo es tener aprobado ese proyecto aproximadamente en setiembre y lanzar a su vez señales hacia afuera, aunque grupos sindicales internos se mantienen opuestos y ciertos diputados –sin admitirlo en público– quieren ver aún una señal más contundente: el proyecto de Presupuesto de la República para el 2019 que el Ejecutivo debe enviar a más tardar el 1° de setiembre. De su austeridad o despilfarro depende en buena parte el futuro del plan fiscal.
El plan de reducción de gastos, lo que le pidieron los opositores al llamar a interpelación a Aguilar, consiste en un paquete de medidas que tocan beneficios salariales de trabajadores del sector público y restringe pagos a nuevos funcionarios, además de limitar los recursos de altas autoridades en rubros como viajes y publicidad.
Las propuestas firmadas el viernes 1° de junio permitirían ahorrar poco menos de ¢50.000 millones, lo que ronda el 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y hace que la meta de reducción del déficit (3 puntos del PIB) sea un problema 30 veces mayor. El mérito del plan, insisten, es el compromiso del Gobierno por evitar que siga creciendo el gasto público.
Esa es la palabra: compromiso, algo un poco mayor a una promesa. Además de algunas dudas sobre la ejecución de todas las medidas, estas deberán aplicarse a lo largo del año. La primera oportunidad será quizá la fijación del aumento salarial del sector público, que quedará en ¢3.750 para todos para este semestre y el siguiente. Esto implica, por ejemplo, que para los sueldos de ¢1 millón el aumento sería solo de 0,375%.
Frente al malestar de organizaciones laborales del sector público, otros sectores han aceptado el plan del Gobierno como una propuesta responsable aunque insuficiente, como empezó advirtiéndolo la ministra Aguilar. Es el caso de la diputada Silvia Hernández (PLN), quien preside la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios y aseguró: “van por buen camino y una más bien se pregunta cuánto mejor habría sido si se hubieran presentado hace cuatro años, en el Gobierno anterior”.
Aunque Hernández y otros miembros de la Asamblea Legislativa tienen aún dudas y cuestionan si hay posibilidades de recortar gastos adicionales, la comisión que verá el proyecto fiscal (expediente 25.580) volverá a activarse y esto es bueno. Lo malo para el Ejecutivo es que no será tan pronto, pues hay en medio un nudo de procedimientos, negociaciones y canjes en los que el saldo difícilmente favorece al oficialismo, y no todo tiene que ver con lo fiscal. Son las dinámicas legislativas.
“Entre agosto y octubre podría estar aprobado según qué procedimientos se acuerden. Encuentro una enorme disposición y entendimiento de la coyuntura económica a la que nos enfrentamos como país”, añadió con palabras generosas la legisladora Hernández sobre el déficit, que podría cerrar el año acercándose al 7% del PIB y un endeudamiento público que ronda la mitad de la producción.
Este último rubro podría subir hasta un 70% del PIB en 2022 si no se actúa, lo cual implicaría un grave riesgo de suspensión de programas sociales y de incremento fuerte de las tasas de interés para la población. Es lo que ha advertido Aguilar, quien sostiene que con las medidas de austeridad, más el plan fiscal, esa cifra no sería 70%, sino 62%, lo cual seguiría siendo grave pero menos desfavorable para conseguir nuevo financiamiento de organismos o compradores de bonos.
De hecho, está ya encaminado un préstamo por $1.000 millones en condiciones en apariencia ventajosas para paliar apuros de liquidez del Gobierno, el cual debería pasar por aprobación legislativa “Esto está ya preautorizado e iría muy ligado a la negociación del plan fiscal”, agregó la congresista verdiblanca.
Se cumple así la premisa de la ministra Rocío Aguilar, quien, después de su comparencia de más de ocho horas entre el miércoles 30 y jueves 31 de mayo, aseguraba que lo más importante de este plan de austeridad no es la cuantía, sino la generación de un clima de confianza con opositores políticos, organismos o financistas internacionales, y la población en general. Igualmente, cree que las primeras reacciones fueron positivas, con pronunciamientos de Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, en la práctica, suelen ser resultado de conversaciones previas.
Para el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, el resultado de la comparecencia puede tener elementos positivos que deberán irse confirmando con el paso de los meses, conforme se cumplen los períodos anuales de los funcionarios (recorte de anualidades) o se vayan jubilando trabajadores para dejar el espacio libre (congelamiento de plazas o contratación con un menor pago por dedicación exclusiva).
“Es muy difícil que el presupuesto del próximo año crezca cero. Algo tendrá que crecer, aunque sea por ese pequeño aumento salarial de c3.750. Aquí es determinante el tiempo, porque las calificadoras internacionales ya saben las dinámicas políticas nuestras y llevamos 16 años diciendo que ya casi. Lo que ha logrado ahora el Gobierno es hacer que el plan fiscal camine. Los plazos habrá que verlos”, comentó Rodríguez.
En noviembre habría nuevos impuestos, ha dicho el jefe de la principal bancada legislativa, Carlos Ricardo Benavides. En Zapote esto suena a una eternidad, pero poco músculo tiene el oficialismo. PLN y Restauración Nacional quieren ver más señales: plan de reforma a leyes de empleo público, disminución de exoneraciones, recortes en gastos públicos…
“Ciertamente el país no aguanta más, pero necesitamos tener muy claro qué va a cambiar. (…) Hay una serie de medidas administrativas que pareciera deberán acompañarse por propuestas de ley que aún hoy no conocemos”, añadió Silvia Hernández.
