De familias humildes y labradas a fuerza de trabajo, o de privilegiadas parentelas conectadas en las altas esferas de la sociedad costarricense; personas aspiran a una magistratura titular que se encuentra vacante en la Sala Constitucional.
A finales de 2021 la magistrada Nancy Hernández abandonó su cargo en la Sala IV, pues fue electa como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se abrió un proceso de selección para nombrar un nuevo magistrado o magistrada titular.
Doce personas se sometieron a un proceso de evaluación y entrevistas que culminará con una elección en el pleno de la Asamblea Legislativa.
Las entrevistas a quienes se postularon fueron llevadas a cabo por la Comisión de Nombramientos en marzo y dos semanas más tarde esa misma comisión informó su decisión de recomendar a seis personas, Ingrid Hess, Hubert Fernández, Vilma Sánchez, Ronald Salazar, Ileana Sánchez y Norberto Garay. No obstante, la Asamblea Legislativa puede decidir nombrar a alguien fuera de la nómina recomendada y hasta a alguien que no haya participado en el proceso.
Con el fin de que la ciudadanía conozca a las doce personas con mayores probabilidades de ocupar un asiento en el tribunal más importante del país, a continuación, ahondamos en sus cualidades profesionales y principales vínculos identificables.
La nómina recomendada
Ingrid Hess Herrera
Gracias a que obtuvo una calificación perfecta en su cordial entrevista con la comisión, Ingrid Hess resultó ser la mejor calificada, lo que la llevó a encabezar la lista de las personas recomendadas para el cargo.
Tiene 50 años y es abogada, graduada de la licenciatura de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría de la Universidad de París.
En la Universidad de Costa Rica se ha desempeñado como docente en diversos cursos en la Facultad de Derecho y es autora de diversas publicaciones como El principio de separación de poderes en el contexto de la justicia constitucional costarricense en Constitucionalismo costarricense, libro que en su currículum es destacado como un homenaje al también constitucionalista Rubén Hernández Valle.
Proviene de una familia que ha tenido roces políticos desde generaciones anteriores. Su padre, Raúl Hess Estrada, fue ministro de Economía y Hacienda durante el gobierno de José Figueres Ferrer, y su madre, Gladys Herrera Raven fue Procuradora Adjunta y Notaria del Estado.
Su hermano Alejandro es cabeza de la empresa Hess Ingeniería, que según su sitio web ha intervenido en obras públicas como la Asamblea Legislativa y los Tribunales de Justicia de Los Chiles.
En relación con sus atestados, Hess obtuvo una nota de 91 (por debajo de dos aspirantes). pero luego de la entrevista, en la que le otorgaron un 10, pasó a la delantera con un puntaje de 93.7.
Hubert Fernández Argüello
Proveniente de una familia naranjeña, Hubert Fernández tiene 51 años. Se graduó de licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica en 1991 y en 1999 obtuvo su título de Maestría en Derecho Público en la Universidad de Costa Rica.
Sus atestados le ameritaron un puntaje de 94, considerando sus estudios académicos, los cursos en que participó o impartió, y las publicaciones pertinentes, así como los casi 20 años que tiene de ejercer como juez y los 22 años que ha trabajado como docente en la carrera de Derecho en el Sistema de Estudios de Posgrado en la UCR y otras universitarias. Tras la entrevista, su puntaje es de 91.8.
Su padre, por quien recibió su nombre, y su madre, Norma Argüello, son ambos abogados y han participado en la empresa familiar Bufete Fernández y Arguello. Argüello, además, figura como funcionaria de la Asamblea Legislativa.
Su hermano, José David, es ingeniero civil egresado de la UCR, donde además labora como docente.
Vilma Sánchez del Castillo
Con catorce años de experiencia como letrada de la Sala Constitucional, Vilma Sánchez del Castillo asegura que su vida y su carrera profesional son producto del esfuerzo de su madre y su abuela materna, quienes la criaron en ausencia de su padre.
Su madre, Vilma del Castillo Traña, es notaria pública desde 1995 y continúa trabajando de manera privada en una oficina ubicada en Barrio Córdoba, en San José.
Sánchez del Castillo tiene 46 años y es especialista en derecho uniforme, comunitario y comercio electrónico. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y doctora en Derecho Privado y de la Empresa, con énfasis en Derecho del Comercio Electrónico, por la Universidad Carlos III de Madrid.
Su experiencia como fiscal y como docente, así como sus estudios académicos, cursos de actualización y publicaciones le ameritaron un puntaje de 92 en la calificación relacionada con atestados, pero como obtuvo un 7.17 en la entrevista, su puntaje total es de 85.9.
Ronald Salazar Murillo
Con más de treinta años de servicio judicial en diversos cargos de la judicatura, Ronald Salazar es Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y notario público certificado por la misma casa de enseñanza. Está casado con Pilar Campos, quien fue funcionaria del Poder Judicial hasta que se pensionó.
Salazar tiene un posgrado y un magíster en Ciencias Penales también en la UCR. Adicionalmente, cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense De Madrid, España, un segundo postgrado en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla, y un segundo magíster en Derecho Constitucional, otorgado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Ha sido Defensor Público, Juez de Menor Cuantía, Juez Penal, Juez Superior Penal, Juez de Casación Penal y Magistrado Suplente. Actualmente es Juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y Magistrado Suplente en la Sala Constitucional, y docente en la UCR, la Escuela Judicial y la UNED.
En 2015, actuando como magistrado suplente en la sentencia sobre Fertilización In Vitro en el país, Salazar salvó el voto cuando la Sala IV sostuvo la prohibición de la técnica, razonando que “no creo que debamos esperar más tiempo, mientras muchas personas están viendo vulnerados sus derechos, a vista y paciencia de todas las autoridades del país”.
En la calificación de atestado se le otorgó un 87 y en la entrevista un 7.83, lo que lo dejó con un puntaje total de 84.4 .
Ileana Isabel Sánchez Navarro
Con 55 años de edad, Sánchez es máster en Derecho Público graduada de la UCR y tiene una especialización en lo contencioso administrativo. Desde 2002 trabaja como jueza de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, además de que desde 2017 ocupa un puesto como magistrada suplente en la Sala Constitucional.
Previo a su trabajo en el Poder Judicial, trabajó para la Procuraduría General de la República y como litigante y abogada del Grupo Purdy Motor.
A principios de año, actuando como magistrada suplente de lo Constitucional, fue parte del tribunal que rechazó un recurso de amparo contra la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 para funcionarios públicos.
Norberto Garay Boza
Con el fin de remitir una recomendación de tres hombres y tres mujeres a la Asamblea Legislativa como candidatos a la magistratura, la Comisión de Nombramientos incluyó en la nómina a Norberto Garay, por encima de tres mujeres con mejores calificaciones globales.
Garay obtuvo un 79.3 en sus calificaciones, mientras que Alexandra Alvarado sacó 82.33 , Marta Eugenia Esquivel 81.3 y Maureen Solís Madrigal 80.5, pero no fueron recomendadas.
El aspirante que se benefició de esta “acción afirmativa”, cuyo espíritu es más bien abrir espacio al género históricamente marginado (es decir, a las mujeres), está emparentado con el exdiputado liberacionista Edgar Allan Benavides.
Benavides, actual Gerente General de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, fue diputado en el período 1986-1990 y es el padre de Melissa Benavides, esposa de Garay desde el 2010, según el Registro Público.
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Candidaturas excluidas
Alexandra Alvarado Paniagua
Excluida de la nómina, Alexandra Alvarado obtuvo un 87 en su nota de atestados y un 7.14 en la entrevista, lo que la dejó con un puntaje total de 82.33.
Alvarado es licenciada en Derecho por la UCR y doctoranda en Derecho Comercial por la Universidad Escuela Libre de Derecho. Tiene una maestría en Administración de la Justicia de la Universidad Nacional y estudios de postgrado en derecho agrario y ambiental.
Con casi 30 años de carrera judicial, ha trabajado en materias penal, civil, laboral, contencioso administrativo, pensiones alimentarias, familia, tránsito y agraria en distintos juzgados. Actualmente es Jueza de apelación en el Tribunal Agrario Nacional, en el cual coordina y es profesora de Derecho. Desde 2021 es magistrada suplente de la Sala Constitucional.
Ha realizado estudios de especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Lund Suecia e Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (IRW) Suecia, y en Universidad de Pisa Italia .
Marta Esquivel Rodríguez
La segunda mujer excluida de la nómina, a pesar de tener mejores calificaciones que Norberto Garay, es Marta Equivel, quien obtuvo un 83 en su nota de atestados y un 7.5 en la entrevista, mereciendo un total de 81.3.
Esquivel es suplente en la Sala Constitucional desde 2021 y tiene una maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UNED. Previamente ha trabajado como jueza y antes se desempeñó como asesora legal en el Instituto Nacional del Cooperativismo y en la Procuraduría General de la República.
Es hija de Oscar Esquivel y Miriam Rodríguez, y tiene dos hermanos. Su hermana, Patricia Esquivel, es catedrática de la UCR, en la Escuela de Tecnología de Alimentos.
Es agente residente de sociedades como Bienes Raíces Wahine y Condominios Tinamaste, entre otras, y junto con varios familiares integra la sociedad comercial 3-101-554508 S.A.
Maureen Solís Madrigal
La Jueza de Familia y magistrada suplente Maureen Solís tiene 49 años y nació en San José.
Es hija de Gilberto Solís y Liduvina Madrigal, y se desempeña como jueza desde 1994.
Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional.
Actualmente se desempeña como jueza en el Juzgado de Familia y profesora universitaria, además ha tenido protagonismo en los medios por su trabajo en materia de derechos humanos.
En 2011 pidió a la Sala IV que declarara inconstitucional la prohibición de matrimonio igualitario y el 26 de mayo de 2020 se convirtió en la primera jueza de familia que realizó un matrimonio civil igualitario en el país, cuando casó al activista Marco Castillo con Rodrigo Campos.
José Joaquín Alvarado Acuña
El abogado José Joaquín Alvarado tiene 53 años y es letrado de la Sala Constitucional, además de actuar como magistrado suplente de esa sala.
Ha trabajado como docente en la UNED, la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) y la Universidad Latinoamericana de la Ciencia y la Tecnología (ULACIT)
Tiene una maestría en derecho constitucional de la UNED y una especialización en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y un magíster en bioética de la Universidad Nacional.
Es agente residente de las empresas Moza Latina y Constructora Jianjeri, del empresario Ricardo Villalobos, e integra la junta directiva de sociedades como CCR Sealings & Coatings y A.W. Chesterton.
Juan Luis Giusti Soto
Con 56 años, Juan Luis Giusti es licenciado en Derecho por la UACA y tiene dos maestrías, una en Derecho Constitucional, de la UNED y otra en Derecho Público, de la UCR. También tiene una especialización en Justicia Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, España.
Desde 1990 trabaja en la judicatura, donde ha sido letrado de la Sala Constitucional (desde su ingreso hasta 2009), Juez Superior del Tribunal Superior Contencioso Administrativo (de 2009 a la fecha) y Juez Coordinador del mismo ente, de 2015 a 2017.
Previamente trabajó en el Bufete Charpentier Jiménez & Asociados como asistente legal y en la Dirección de Asignaciones Familiares.
Francis Porras León
Conocido opositor al matrimonio igualitario, derechos reproductivos de las mujeres y activista religioso, Francis Porras fue el único candidato que no superó la nota mínima de 70 para ser considerado en la nómina.
Sus atestados, que incluyen su título de abogado y notario otorgado por la UCR y una maestría en Derechos Humanos de la UNED le ameritaron una nota de 79, pero una puntuación de 3.4 en la entrevista lo dejaron con un 65.5 de puntaje total.
Cabe destacar que Porras fue abogado litigante hasta 2007 cuando inició su carrera como Juez Civil. Luego fue Juez de Trabajo y Juez de Cobro. Desde 2016 laboró como Juez Notarial, pero fue destituido de su cargo, con una sanción confirmada en enero pasado, por mostrar interés indebido en anular el matrimonio de Marco Castillo, que justamente realizó otra candidatura a este puesto.
