Ariana Macaya: De lo que nos divide… y de lo que nos debería unir

En Universidad, convocamos a un grupo heterogéneo y les pedimos que, desde sus perspectivas, respondieran a la pregunta: ¿qué está en juego en esta elección?

Poco después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el entonces Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, explicaba que, más que nunca, nos definimos no solo por lo que somos, sino por lo que estamos en contra. Esta frase parece aplicarse a lo vivido en este proceso electoral: en una de las elecciones más polarizadas de la historia del país, el debate se centró más en el rechazo de ideologías, verdaderas e inventadas, que en la construcción de ideas.

El primer gran rechazo vino con la opinión consultiva OC 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. La publicación de esta opinión, a pocas semanas de la primera ronda, sirvió de catalizador del repudio de una parte de la población hacia toda una serie de ideas progresistas a favor del respeto de los derechos de las personas LGBTIQ, de los derechos reproductivos de las mujeres y de la educación sexual de los estudiantes. Bajo el término falaz de “ideología de género”, los grupos neoconservadores encontraron un blanco perfecto para su rechazo. La expresión fue luego replicada y amplificada por los diferentes medios de comunicación, convirtiéndola en uno de los principales caballos de batalla de estas elecciones.

A este primer rechazo se unió un segundo a partir del balotaje. La retórica cambió y la campaña se centró en la desaprobación al partido gobernante. La consigna podría resumirse en la paráfrasis de Catón leída en un post de una red social: delenda est PAC. Al criticar, algunas veces con razón, los desaciertos del Gobierno, se reforzó la idea de que había que votar por Restauración Nacional, sin importar su programa –o más bien, la ausencia de este– para evitar a toda costa cuatro años más del PAC. Así, al minimizar los logros gubernamentales y amplificar algunos de los escándalos de los últimos meses, se profundizaron las viejas rencillas partidarias en una segunda ronda que no tendrá, por primera vez en la historia, a uno de los grandes partidos de la era del bipartidismo en la papeleta.

Frente a esta definición en negativo de la campaña electoral, alimentada por los medios de comunicación ávidos de polémicas superficiales, a los candidatos no les quedó más que definir sus propias estrategias en reacción a estas polémicas. Esto le restó sustancia a la campaña. No hubo realmente un debate de propuestas o de planes de gobierno. La elección fue, en muchos sentidos, interpretada como un plebiscito: a favor o en contra del fantasma de la ideología de género, de la familia tradicional como único modelo de familia o de la labor del Gobierno de turno.

Es por ello que, a pocos días de la segunda ronda, es importante recentrarse en las ideas y en lo que nos une o, más bien, lo que nos debería unir, aún más allá del resultado del 1° de abril. El primer punto es la necesidad de superar el fin del bipartidismo y lograr un nivel de maduración política que nos permita configurar alianzas y coaliciones. Estas alianzas deben realizarse sobre la base de ideas y no únicamente en la búsqueda de repartición de cuotas de poder. Estas coaliciones requieren superar las rencillas partidarias y la aceptación que, en un contexto multipartidista, muchas veces se debe negociar con el que fue el enemigo de la primera ronda. No existen fórmulas mágicas para lograr este proceso, aunque la reforma de nuestro sistema de elección de los diputados podría favorecer esta maduración política.

A pocos días de la segunda ronda, es importante recentrarse en las ideas y en lo que nos une o, más bien, lo que nos debería unir, aún más allá del resultado del 1° de abril.

El segundo punto es la necesidad de separar la política de la religión. Si bien la injerencia religiosa es un fenómeno de vieja data en nuestra vivencia democrática, muchas veces tolerado y hasta alentado abiertamente por los gobiernos de turno, en estas elecciones se vivió de manera diferente. La injerencia no estaba viniendo únicamente de la religión oficial, sino de un grupo cuya influencia e importancia estamos apenas empezando a descubrir: los movimientos neopentecostales. Armados de argumentos dogmáticos y apoyados por una red de Iglesias y de grupos de asistencia social que han sabido llenar los espacios abandonados por el Estado, se convirtieron en la maquinaria partidaria más eficaz. El problema es que esta mezcla de religión y política, que nos hemos acostumbrado a tolerar, es una combinación peligrosa ya que permite la utilización de dogmas donde debería prevalecer el debate de ideas. Apela a las creencias por encima del sano examen crítico que debería regir la elección de un presidente que gobernará una ciudadanía cada vez más diversa en términos religiosos.

La separación pasa, primeramente, por una correcta lectura y aplicación de nuestra Constitución, en particular del artículo 28. Este artículo no solo garantiza la libertad de expresión, de conciencia y de culto, sino que también prohíbe la propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas. Esta limitación es condición misma de nuestra vida democrática y, a la vez, de la propia libertad de culto en un contexto plurireligioso. El problema es que nuestro código electoral ha dotado de instrumentos ineficaces al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para hacerle frente a las frecuentes transgresiones a este principio constitucional. Lo anterior, aunado a una interpretación normativista y estricta del artículo 28 por parte del propio Tribunal, ha llevado a que se toleren o se dejen impunes claras injerencias del discurso religioso en el discurso político. Resulta entonces urgente reformar el Código Electoral y fomentar un cambio de posición del TSE.

Pero, más allá del ámbito jurídico, esta separación no puede lograrse si no se acompaña de una profunda secularización de nuestra sociedad. Esto no debe ser interpretado como una guerra contra las religiones, contra las creencias de las personas o como un impulso hacia una sociedad atea. Al contrario, debe interpretarse como la necesidad de separar, en toda nuestra vivencia social, un ámbito privado, en donde las creencias religiosas tienen toda su vocación a desarrollarse, y un ámbito público que debería dejarse al margen de estas creencias, para lograr su preservación sin imponer un único modelo.

Sin embargo, esta secularización no podrá operarse mientras el Estado siga dejando poblaciones al abandono; mientras diversos grupos no se sientan parte de la comunidad y mientras la religión sea vivida como una forma de escape de la miseria económica más que como una vivencia espiritual. Es por ello que se vuelve vital el promover un modelo inclusivo de desarrollo económico, social y cultural que sepa responder a las críticas de un sector importante de la población que no se siente representado. Tal como nos lo advertía Jean Jaurès hace casi 100 años, una República debe ser laica y social, pero únicamente podrá ser laica, si sabe permanecer social.

Por encima de nuestras creencias, de nuestras simpatías partidarias o de quien gane el 1° de abril, debemos sacar las enseñanzas de este proceso electoral para fortalecer y, en el caso extremo, preservar nuestro Estado de Derecho.

¿Qué está en juego esta elección? Ellos responden a la pregunta: 

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Ariana Macaya

Profesora de Derecho de la UCR y Doctora en Derecho Público de la Universidad de París Panthéon-Sorbonne.


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