De cómo el «hueco fiscal» reactivó los golpes cruzados entre el PLN y el PAC

Las recriminaciones entre ambos partidos escalaron en las últimas horas. Acusaciones de un lado y del otro acabaron con varios meses de relativa calma.

Los días de calma entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN) se interrumpieron esta semana. El escándalo que se ha conocido como el «hueco fiscal» avivó las rencillas entre ambas agrupaciones, que en los últimos meses parecían haber llegado a un punto neutro de su tensa —siempre tensa— relación.

Declaraciones fueron y vinieron entre ambas agrupaciones. El motivo: el desfase presupuestario que dejó la administración del expresidente Luis Guillermo Solís en su último año, compuesto por un faltante de ¢600.000 millones para el pago de deuda a corto plazo y una sobreestimación de los ingresos estatales por más ¢300.000 millones.

La polémica revivió después de varios meses en el refrigerador, ahora que Solís llegaba al país para asistir a la develación de su retrato presidencial en la Asamblea Legislativa y para celebrar su cumpleaños número 61.

Por un lado, miembros del PLN apuntaron con ahínco a exjerarcas de la administración Solís y al propio exmandatario por el desajuste; mientras que Solís —acuerpado por figuras del oficialismo— redireccionó parte de las responsabilidades hacia figuras liberacionistas.

¿Qué culpas se achacan ambos partidos? Son dos las recriminaciones.

Primero, los partidos difieren sobre quiénes tuvieron la responsabilidad de la no presupuestación de los  ¢600.000 millones para el pago de deuda y, segundo, tampoco coinciden en quién fue el culpable de que los ingresos del Gobierno fueran inferiores en más de ¢300.000 millones a los estimados inicialmente.

El pago de la deuda

La diferencia en el primero de los puntos es sencilla.

Figuras del PLN recriminan que el gobierno de Solís no habría presupuestado el monto real para el pago de la deuda por fines electorales y por irresponsabilidades en la función pública; mientras que el oficialismo argumenta que el error ocurrió porque las condiciones económicas del país eran especialmente impredecibles y porque no recibieron a tiempo la información necesaria para realizar los ajustes al presupuesto posteriormente.

La tesis del PLN quedó escrita en el informe de mayoría que presentaron los diputados de oposición de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde los tres legisladores liberacionistas (Yorleny León, Franggi Nicolás y Luis Fernando Chacón) escribieron una adenda para expresar sus impresiones.

Lea también:

Para los diputados, los fines electorales explicarían por qué el gobierno de Solís presupuestó menos deuda —desde su punto de vista para aparentar austeridad y por qué luego no corrigió el error en media campaña, cuando ya se sabía el monto específico de la deuda que había contraído el país y que debería pagar tarde o temprano.

En otras palabras, piensan que el Gobierno no quería abultar sus números de cara a las elecciones.

No obstante, esta impresión la rechazó el expresidente Solís. Lo habia hecho meses atrás y lo reiteró este jueves en horas de la tarde.

De hecho, argumentó que el desajuste se produjo por las complicadas situaciones financieras del país entre finales de 2017 e inicios de 2018 modificaron el panorama previsto por el Gobierno, algo que —según dijo también evitó que su gobierno contara con información concreta y oportuna para realizar los ajustes necesarios al cierre de su administración.

No obstante, cualquiera que fuese el motivo, el error inicial —aunado a que no se realizaron ajustes al presupuesto— desembocó en que el nuevo gobierno terminara realizando pagos de deuda sin autorización presupuestaria de la Asamblea Legislativa (es decir, sin contenido presupuestario y, por ende, ilegales).

¿Quién debía avisar?

Para la diputada oficialista Paola Vega y el expresidente Solís hubo un error fundamental: nadie avisó a los altos jerarcas sobre los datos necesarios para realizar el ajuste presupuestario hasta que fue demasiado tarde, cuando ya se estaban realizando pagos sin aprobación del Congreso.

En esa línea, apuntaron contra la Dirección de Crédito Público, que habría sido la entidad responsable de avisar al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional sobre los detalles concretos para corregir el problema.

La diputada Vega apuntó al director actual de Crédito Público, Melvin Quirós, quien asumió funciones hacia el cierre de la anterior administración y a quien acusó de no haber advertido sobre el problema hasta que se lo preguntó una autoridad del Ministerio de Hacienda.

Además, la legisladora sugirió que Quirós tendría algún grado de afinidad con el PLN, pues la diputada verdiblanca Silvia Hernández solicitó su préstamo como funcionario público para apoyar sus funciones en la Asamblea, un proceso que gestionó la legisladora desde antes de asumir su curul pero que no llegó a buen puerto.

No obstante, la diputada Hernández —recientemente designada como jefa de fracción liberacionista— respondió diciendo que las declaraciones de Vega más bien parecían una «cortina de humo» para defender al expresidente Solís, pues Quirós fue nombrado como director de Crédito Público durante la nueva administración, cuando ya la situación presupuestaria era de por sí cuestionable.

Al respecto, Vega señaló que tanto el anterior director de Crédito Público (Julio Espinoza) como el actual eran responsables de la situación, pero especialmente Quirós, a quien se le habían solicitado informes sobre la materia.

Eso sí, la liberacionista Hernández destacó que ella no tenía mayores fines políticos en el tema, pues incluso solicitó a la Contraloría una investigación sobre el asunto (en general), en la que incluyó la solicitud de analizar la participación de la Dirección de Crédito Público.

Eso sí, los informes de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa sí presentaron algunas diferencias en el trato de ambos directores.

Por ejemplo, mientras Paola Vega apuntó a Quirós por no avisar a tiempo sobre el desfase o sobre la realización de pagos sin autorización legislativa; el informe de mayoría —también en una adenda de los legisladores del PLN— pidió investigar penalmente únicamente a los funcionarios de la administración anterior, incluido el exdirector Espinoza, pero no a Quirós.

El otro conflicto

Además de las especulaciones sobre quién y cuándo debió avisar sobre el faltante presupuestario de ¢600.000 millones para el pago de deuda pública a corto plazo; los conflictos entre liberacionistas y oficialistas también se abrieron con la presupuestación extra de ¢300.000 millones que hizo el Gobierno en ingresos que finalmente no llegaron a las arcas del Estado.

Según afirmó el expresidente Luis Guillermo Solís en conferencia de prensa, este jueves, los recursos se pretendían conseguir a través de contratos de colocación de deuda interna a inversionistas internacionales, un mecanismo que figuras del PLN criticaron con fuerza y que, según el exmandatario, se terminó cayendo por esas apreciaciones.

De hecho, Solís señaló puntualmente al excandidato presidencial Antonio Álvarez, al exdiputado Rolando González y al exgerente de campaña Gerardo Corrales, a quienes acusó de haber generado incertidumbre en el ambiente sobre la seguridad jurídica del movimiento.

Este dato también causó una gran molestia en el PLN, que inmediatamente lanzó un comunicado a través de todas sus redes en el que rechazó las «desafortunadas» declaraciones de Solís y más bien lo acusó de haber empeorado la situación fiscal y de dificultar la consecución de recursos al Estado diciendo que Costa Rica sufría una «crisis de liquidez», en agosto de 2017.

«Fue Luis Guillermo Solís quien brindó declaraciones irresponsables, inoportunas y desafortunadas que provocaron un clima de incertidumbre e inseguridad en los mercados financieros internacionales. Atribuir ese acto a «políticos liberacionistas» que ni siquiera ejercían cargos públicos resulta absurdo, pero además un intento desesperado de evadir la responsabilidad política y legal que le corresponde como jefe de gobierno», escribieron en conjunto el Comité Ejecutivo, el Directorio Político y la fracción legislativa del PLN, no sin antes reiterar que consideran que se ocultó información «con fines electorales».

Además, al Gobierno se le ha cuestionado que incluyera esas expectativas de colocaciones en su presupuesto, pues no era un procedimiento del todo seguro, como para que se añadiera dentro de sus planificaciones presupuestarias.

No quieren llevar las diferencias al 1 de mayo

A pesar de las discusiones de las últimas horas, cabe destacar que voces internas de ambos partidos concuerdan en que no se quiere trasladar la disputa a las negociaciones relativas al 1 de mayo. Al menos así piensa una mayoría de la bancada del PLN y la fracción oficialista.

Apenas en cinco días, los diputados conformarán su nuevo Directorio para tomar las riendas de la Asamblea Legislativa, y la alianza del PLN con el PAC es fundamental para que los verdiblancos puedan colocar a su candidato, Carlos Ricardo Benavides, en la silla presidencial del Congreso.

Esa intención, al menos hasta este momento, requiere indispensablemente de los 10 votos del PAC en Cuesta de Moras, pues las otras dos agrupaciones más grandes de la Asamblea (el Partido Unidad Social Cristiana y el bloque independiente afín a Fabricio Alvarado) se alinearon para plantar cara al candidato verdiblanco.

En este contexto, los fuegos cruzados tendrían que entrar de nuevo en tregua durante las próximas horas. Si no, lo que entrará en tregua son las aspiraciones de ambos en materia de dirección y de agenda legislativa.

Más allá de las discusiones, el desfase presupuestario que dejó la administración de Solís ya es investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Además, se mantienen abiertos los procedimientos de la Contraloría General de la República (CGR); entidad que recientemente confirmó haber abierto expedientes administrativos contra el exministro y la actual ministra de Hacienda, Helio Fallas y Rocío Aguilar; el exdirector y el director de Crédito Público, Julio Espinoza y Melvin Quirós; y la tesorera nacional Marta Cubillo; por haber  concretado pagos de deuda pública sin autorización de la Asamblea Legislativa, producto del desfase que hoy se critica.

SUSCRÍBASE A LA EDICIÓN SEMANAL EN FORMATO DIGITAL.Precio: ₡12.000 / añoPRECIO ESPECIAL

0 comments