El diputado Daniel Ulate (Liberación Nacional) y Julio Alvarado, representante del Movimiento por la Defensa de Conape, dieron a conocer un supuesto borrador de proyecto de ley que define las condiciones de la venta de la cartera de Conape al Banco Popular, pero que también plantea la posibilidad de realizar la venta mediante un proceso de licitación o concurso público.
En la exposición de motivos del supuesto borrador del texto “Ley para autorizar la venta de la cartera de crédito de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación al Banco Popular y de Desarrollo Comunal” se indica:
“Es valioso señalar que, si bien la mesa de diálogo multisectorial acordó realizar una venta directa al Banco Popular, es importante que las y los legisladores valoren la posibilidad de realizar la venta mediante un proceso de licitación o concurso público, lo que es acorde con el bloque de legalidad en materia de contratación administrativa y permitiría maximizar el rendimiento de esta medida para el fisco”.
También se indica: “El Poder Ejecutivo manifiesta de manera contundente que este proyecto ni su finalidad persigue el cierre o venta de Conape, ni el desmejoramiento de sus fuentes de financiamiento creadas por la legislación costarricense. Sin embargo, no se limita en cuanto a los mecanismos de venta señalados en el artículo, siempre y cuando a través de otros se pueda obtener un mejor rendimiento económico”.
Según declaró Julio Alvarado a UNIVERSIDAD: “El proyecto reatrata de cuerpo entero las verdaderas intenciones de quienes están detrás de esto, que es desmantelar a la institución”.
Alvarado apuntó que “es subastar a la institución al mejor postor y va en contra de lo que ellos mismos plantean porque está claro que cuanto más alto sea el monto que ofrezca el banco, este va a tener que ajustar las condiciones del préstamo para obtener ganancia”.
Este medio consultó a Presidencia sobre el borrador de proyecto de ley que circulaba. El Ministerio de Comunicación solo respondió vía correo electrónico que “el proyecto de Conape se va a presentar oportunamente”; pero no confirmó ni desmintió que se tratara del borrador en el que trabaja el Gobierno.
De acuerdo con la respuesta del Ministerio de Comunicación, “desde la Administración se está atendiendo el procedimiento requerido para su eventual presentación, en consonancia con lo establecido al respecto en el Diálogo Multisectorial”.
Julio Alvarado también dijo que era preocupante que el supuesto borrador del texto porque propone que la representación judicial y extrajudicial de Conape sea ejercida por el Ministerio de Hacienda, “para únicamente aquellos actos directamente relacionados con la venta de la cartera de crédito definida en el artículo 3 de la presente ley”, según se lee.
Asimismo, Alvarado criticó que prácticamente Conape renuncia a su naturaleza para convertirse en un fondo de avales, de acuerdo con el supuesto borrador, porque se indica que la Comisión administrará un fondo con el fin de “otorgar avales y garantías a estudiantes que no cuenten con garantías fiduciarias o hipotecarias como instrumento que les permita acceder a un crédito para realizar estudios de formación técnica, educación superior, parauniversitaria o universitaria”.
Pero que además, plantea que Conape subsidie las tasas de interés que los estudiantes adquieran con otras entidades financieras porque otro de sus fines sería -según el supuesto borrador – “subsidiar las tasas de interés de aquellas operaciones financieras que adquieran estudiantes para realizar estudios de formación técnica, educación superior, parauniversitaria o universitaria, cuando estas sean más altas que las ofrecidas por Conape, de conformidad con los parámetros que establezca el Consejo Directivo”.
“O sea, lo único que les faltó decir fue ‘hasta agotar existencias’; finalmente la venta de la cartera es un piropo en comparación con lo que realmente está planteado en el proyecto de ley”, criticó Alvarado.
El eventual traslado de la cartera de créditos de Conape al Banco Popular surgió como propuesta en la mesa de diálogo multisectorial, a fines del año pasado. Se estima que la cartera de Conape asciende a $400 millones (alrededor de ¢244.800 millones). Según el Ministerio de Hacienda, esta transacción generaría más de ¢240.000 millones (0.66% del Producto Interno Bruto), que se destinaría a pagar la deuda pública.
Creada en 1977, Conape es una institución semiautónoma encargada de proveer préstamos para la educación superior y técnica con condiciones accesibles a estudiantes que así lo requieran.
Asamblea de Trabajadores del Banco Popular pide a junta directiva que no compre cartera de Conape
El diputado Daniel Ulate (Liberación Nacional) dio a conocer un supuesto borrador de proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que define las condiciones de la venta de la cartera de Conape al Banco Popular.
