El curso escolar 2021 arrancó hoy bajo un modelo de educación combinada que alterna clases presenciales con seguimiento a distancia, en una realidad en la que miles de estudiantes no tienen recursos económicos para pagar Internet en sus viviendas para poder recibir lecciones virtuales.
Hoy el presidente Carlos Alvarado volvió a solicitar apoyo para la aprobación del proyecto de Ley del Programa de Alfabetización digital, propuesto por el Gobierno y la diputada liberacionista Yorleni León, y respaldado por el Ministerio de Educación (MEP) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Sin embargo, a este se oponen la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Cámara de Infocomunicación de Costa Rica (Infocom).
El costo de conectarse a lecciones virtuales
Según datos provistos por la ministra de Educación, Giselle Cruz, 324.000 estudiantes no tenían conectividad ni dispositivos de acceso a Internet en sus hogares en junio de 2020, de acuerdo con un diagnóstico realizado por el Ministerio de Educación Pública.
Ante esto, dijo la ministra el pasado 25 de enero en su comparecencia en la Asamblea Legislativa, “se tomaron las acciones pertinentes para avanzar con el programa Hogares Conectados, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) demandar una revision de las metas del Plan Nacional de Telecomunicaciones y proveerles dispositivos electrónicos o computadoras a los estudiantes.
El diputado por el Frente Amplio, José María Villalta, criticó que al no tener conexión a Internet, estos estudiantes prácticamente estuvieron excluidos de la educación, “se fueron en blanco todo el 2020”, sin posibilidad de recibir clases virtuales en el 2020, considerando que además, uno de cada cuatro hogares pobres en el país no tienen Internet, según destacó.
Con respecto a las familias que se conectan a Internet por medio del teléfono, Villalta precisó que si un estudiante se conecta a Internet con el teléfono para usar el programa Microsoft Teams (usado por el MEP para impartir lecciones) durante una hora, consumo 1 gigabyte de datos, lo cual cuesta alrededor de ¢2.500 en un plan prepago. También comentó que, por ejemplo, el plan post pago de Kolbi más accesible permite consumir solo 5 gigabytes de datos al mes, lo cual le alcanzaría solo para cinco horas de lecciones virtuales. A la semana esa familia tendría que pagar mínimo ¢7.000 por ese servicio, y eso si es solo para un estudiante.
“Ese es el impacto de la gratuidad de la enseñanza”, dijo Villalta.
El MEP y el Estado han fallado porque debieron haber sido mas proactivos. No podemos hablar de la educación como un derecho humano si el Internet, que es fundamental para tener acceso a la educación en la pandemia, se sigue concibiendo como un servicio comercial, como un negocio, como una cosa de las telefónicas, y el que pueda que pague, y el que no pueda que no pague”, enfatizó el legislador.
“Hasta el 2008 el Internet en este país era un servicio público, hasta que lo convirtieron en un negocio”, recordó Villalta.
Ante eso, la ministra Cruz respondió que “la Internet debería ser un bien común”, y que “en realidad tendríamos que hacer un esfuerzo como país para declarar la Internet como un derecho humano”. La jerarca reconoció: “parece que las formas en que hemos venido trabajando no son las formas que nos pueden dar los resultados que queremos”.
Presidente pide apoyo a proyecto de alfabetización digital
Esta mañana, en el acto protocolario en el Colegio Técnico Profesional de Purral de Goigoechea, el presidente Carlos Alvarado dijo que “si algo más demostró la pandemia es que no todos los estudiantes tienen acceso a equipos informáticos, a Intenet o a conexión; y eso es una realidad dolorosa porque genera una desigualdad en la educación”.
El mandatario agregó: “Por eso hemos presentado el proyecto de alfabetización digital para que todo estudiante en toda Costa Rica tenga acceso a equipo de cómputo y conexión; pero necesitamos esa aprobación (de la Asamblea Legislativa); los fondos que existen para eso no son de una institución, no son de un fondo, son de los costarricenses y deben ser ejecutados, máxime en una pandemia”.
El Gobierno y la diputada liberacionista Yorleny León presentaron dicho proyecto de ley (Expediente 22.106) en setiembre del 2020, en el cual se crea un Programa Nacional de Alfabetización Digital, que sería financiado con recursos de Fonatel y administrado por el MEP y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). A diciembre de 2019 el Fonatel, supervisado por la Sutel, tenía un patrimonio de ¢203.104 millones ($352 millones).
El Programa será para proveer infraestructura de telecomunicaciones, servicio de conexión a Internet, equipamiento y el contenido didáctico a estudiantes de escuelas y colegios públicos y los Centros Comunitarios Inteligentes (laboratorios equipados con computadoras e Internet), priorizando zonas vulnerables como territorios rurales.
Sin embargo, el proyecto es cuestionado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y enfrenta la oposición de la Cámara de Infocomunicación de Costa Rica (Infocom). Así lo han dejado ver sus representantes ante la comisión legislativa que estudia la iniciativa.
La legisladora Yorleni León, por su parte, afirma que el modelo actual que se tiene no ha logrado atender esta situación, sobre el que se viene hablando desde el gobierno de Laura Chinchilla. “¿Vamos a seguir esperando a que Fonatel dure siete años para conectar un territorio?”, dijo León.
