Cultura de “judicialización temeraria” de deudas debe erradicarse

La pasada amnistía tributaria, por la cual se condonaron a empresas y personas más de ¢25.610 millones en intereses y se recaudaron ¢232.000 millones que estaban morosos, fue un recurso extremo que usó el Ministerio de Hacienda para completar el pago de los aguinaldos de diciembre del 2018 y el salario escolar y otras erogaciones del sector público a comienzos de este año, pero que no se volverá a repetir, afirmó el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta.

Alrededor de 14 mil contribuyentes, entre empresas y personas, se beneficiaron de ella, lo cual incluyó a los bancos estatales, grandes contribuyentes, pequeñas empresas y personas físicas, entre las que se encontraron tanto políticos y como simples ciudadanos (ver el recuadro: “De todo un poco”).

Acosta dijo que, por el contrario, Hacienda debe analizar cuáles son los “incentivos” que llevan a las empresas y a las personas a realizar lo que describió como la “judicialización temeraria” de los casos en los que Hacienda objeta los montos que las empresas y personas pagan por concepto de impuestos.

La mora que se genera por este conflicto origina una disputa administrativa que puede tardar en resolverse hasta diez años en los tribunales correspondientes, pues los posibles afectados prefieren pagar los honorarios de abogados que lleven el proceso, “pateando la bola hacia delante”, antes que entregar a Hacienda montos que además acumulan altos intereses y multas significativas.

El viceministro atribuyó a esta práctica el origen de las importantes deudas que presentaron reconocidos grupos económicos nacionales e internacionales que se acogieron a la reciente amnistía tributaria.

A continuación, la entrevista.

¿Considera Hacienda que el tema de la amnistía tributaria está cerrado?

—La amnistía no puede ser recurrente, sino, estaríamos generando un incentivo para que la gente no pague, porque van a estar esperando la amnistía.

La última amnistía fue en el 2002-2003, con la Ley de Contingencia Fiscal; es decir, que han pasado prácticamente 15 años. Por eso damos por cerrado ese tema. No vamos a abrir ninguna posibilidad de nuevas amnistías.

Lo más relevante fueron los casos en que teníamos litigios por altos montos, como con los bancos públicos.

Pero, al haber sido la segunda amnistía, aunque sea después de 15 años, ¿no les preocupa que las empresas y las personas asuman que cada cierto tiempo, cuando una crisis se ponga severa, puede haber otra amnistía?

—La amnistía tenía una característica fundamental y es que, en los casos de litigios, los que se acogían a la amnistía aceptaban la resolución de Tributación.

Y eso nos genera una jurisprudencia para efectos de nuevos litigios en relación con temas particulares. Porque, quien está litigando con el Estado y se acoge a la amnistía, está reconociendo que el Estado llevaba razón y eso es, tal vez, el tema más importante.

Desde el punto de vista práctico, la amnistía, siendo voluntaria, lo que refleja es el interés de terminar un litigio. Hay litigios que a pesar de la amnistía siguieron y es porque hay no solamente montos importantes, sino también porque no se tiene la certeza sobre quién lleva razón.

Hay un incentivo, en este país, para hacer una judicialización temeraria. Y es que, desde el punto de vista práctico, los procesos se alargan tanto que en muchos casos, a pesar de que el contribuyente no lleva razón, decide litigar porque, en la eventualidad de lograr una resolución favorable, el Estado tiene que pagarle intereses desde el momento en que se inició el litigio. Eso es complicado.

Hay que entrarles a algunas disposiciones que en algún momento sería bueno traer a colación para nivelar un poquito la cancha en el tema de los adeudos tributarios.

¿Cuáles son esos incentivos que propician una cultura de “judicialización temeraria”?

—Me refiero a los incentivos para litigar de manera temeraria. Al final de cuentas, no sé si será un tema de las sanciones, que son relativamente altas, o si es un tema donde no pagar tiene un costo de oportunidad que el contribuyente decide asumir.

Significa que usted empieza un litigio pagando a los abogados y, en ese sentido, hay un incentivo para que la gente siempre litigue. Deberíamos hacer una valoración de cuáles incentivos están haciendo que toda la gente termine en juicios y tratar de hacer que las penalidades sean muy gravosas o eventualmente que las diferencias en los montos entre las recaudaciones no sean tan gravosas para efectos de las empresas. Habría que hacer un análisis.

Por eso es que creo que, a partir de la amnistía, lo importante no es la amnistía, sino que vayamos creando mecanismos que nos permitan hacer menos litigioso este sistema.

Se está ajustando el gasto del Estado mediante la revisión de los incentivos de las remuneraciones del sector público y se limita el gasto mediante la regla fiscal. En este contexto, a primera vista parece contradictorio que en medio de la crisis fiscal se dé una amnistía tributaria. Esto dio pie a lucubraciones en cuanto a que la amnistía se daba para exonerar a grandes empresas o a personajes políticos que tienen deudas guardadas. ¿Qué dice al respecto?

—La amnistía es una estrategia de recaudación. Logramos recaudar ₡232 mil millones que de otra manera no tendríamos, lo que tendríamos son juicios. Es un tema importante de señalar.

También fue una ventana de oportunidad para regularizar a los contribuyentes. Muchos de los que tenían litigios, al estar morosos, no pagaban impuestos. Hoy, con la regularización, es gente que vuelve a entrar en el sistema.

No hay nada más alejado de la realidad que plantear que le estamos haciendo un favor a alguien.

Desde el punto de vista del Gobierno había una necesidad de recaudar recursos. En diciembre se recaudaron más de ₡80 mil millones que se requirieron para hacer los pagos. Si no, hubiésemos tenido que ir a pedirlos al mercado, porque son dineros que de por sí no son de la recaudación normal, sino que son adicionales.

Bueno, esa plata permitió que pudiésemos realizar pagos como los aguinaldos, los salarios, hacerle frente a los que se tenían que entregar a las instituciones públicas.

Además, la otra parte que se recaudó, entre enero y febrero, nos permitió hacerle frente al pago de los salarios escolares, tener recursos para poder iniciar los pagos que normalmente realiza el Estado.

Esos ₡232 mil millones hubiéramos tenido que ir a recogerlos al mercado, porque son adicionales a lo que normalmente recaudamos.

Pero, ¿qué podemos pensar de que empresas tan importantes, grandes, formales y permanentes como Auto Mercado, Standard Fruit y otras estuvieran fuera del sistema? ¿Mientras estaban en litigios no pagaron impuestos hasta que se dio la amnistía?

—Eso lo digo como parte de los que estaban allí. Esas empresas y personas van a aparecer como morosas hasta el momento en el cual las deudas queden en firme, pero, mientras tanto no van a aparecer morosas.

Tenemos una discusión administrativa que al final puede durar cinco años en llegar al Tribunal Fiscal Administrativo y otros cinco años en el Tribunal, y son diez años en los cuales no van a aparecer como morosas, pero vamos a tener una diferencia.

Lo que estoy diciendo es que aquellas empresas que en algún momento entraron en mora, principalmente las pequeñas, que querían acercarse para hacer un arreglo de pago y seguir inscritas y pagar sus impuestos, tuvieron una oportunidad con la amnistía.

En los casos particulares que usted señala, son litigios que tenían más de diez años y que iban a seguir mientras no lográramos buscar un mecanismo que les permitiera a ellos pagar y a mí asegurarme de que las disposiciones sobre las cuales se basó la acusación que presentamos se están consolidando.

Desde su punto de vista de autoridad tributaria, ¿qué explica que empresas tan importantes, grandes, formales y permanentes como Auto Mercado, Standard Fruit y otras no pagaran todos los impuestos que deberían?

—Sí pagaban impuestos. Hay una diferencia en la definición de cuántos impuestos deberían de pagar o el desconocimiento de algunos gastos que ellos hicieron y que Tributación decidió que no estaban contestes con la normativa.

Entonces, no es que no estuvieron pagando impuestos. En términos generales, todas esas empresas que estaban allí estaban pagando impuestos, pero había una diferencia entre los impuestos que ellos pagaron y los que Tributación decía que ellos deberían pagar, y eso es lo que se lleva a los litigios.