La Contraloría General de la República (CGR) dio luz verde al proyecto de canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para el 2018, en momentos de grandes cuestionamientos por los ingentes superávits presupuestarios que acumulan las entidades reguladoras de los servicios públicos, y destinan para cubrir indemnizaciones ordenadas por los tribunales tras resoluciones erradas de sus funcionarios.
El órgano contralor le aprobó a Sutel su proyecto de canon de regulación por ¢6.940 millones para el 2018, casi 14% mayor al monto del 2017, a pesar de objeciones que presentaron empresas del sector, que insistieron ante la CGR que el cálculo del canon debe cumplir con el principio del servicio al costo y no les parece adecuado que el superávit presupuestario se use para cancelar indemnizaciones por errores de los funcionarios.
El presupuesto total aprobado a la Sutel es de ¢8.644 millones, incluyendo ¢1.612 millones del superávit del 2016.
El Canon de Regulación –principal fuente de ingresos del regulador- es un cargo anual que se impone a cada operador de las redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de telecomunicaciones, con el fin de dotar los recursos necesarios para una administración eficiente.
Precisamente el uso del canon y los superávits figura entre los temas de una investigación que adelanta la Comisión de Control de Ingreso Público de la Asamblea Legislativa, que tiene el foco puesto sobre problemas con la metodología para la fijación de tarifas de autobuses que aplica la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos – Aresep (bajo cuyo alero funciona la Sutel, aunque con administración separada).
En el caso de la Sutel, previo a la aprobación del proyecto de canon de regulación, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) y empresas en particular cuestionaron que se emplee el superávit generado con recursos del canon de regulación, que pagan los operadores, para cubrir una indemnización de $21,6 millones (¢12.300 millones al cambio actual) reclamada por la empresa Credit Card Services Limitada (CCS), de telefonía por Internet.
La Sala Primera de la Corte Suprema falló en alzada en mayo del 2016 a favor de CCS un contencioso entablado hace ocho años.
La Sutel exigió a CCS y al Instituto Costarricenses de Electricidad (ICE) un contrato de interconexión para dar un servicio de llamadas internacionales a través de voz por Internet (VoIP), mientras que la empresa sostenía que solo requería un contrato de acceso porque no es un operador y solo iba a brindar un servicio a través de la red del ICE. El Tribunal Contencioso Administrativo le dio la razón.
Con recursos del superávit Sutel prevé cancelar la indemnización, cuyo monto no han definido aún los tribunales.
Respecto a las indemnizaciones, el criterio de la CGR ha sido que las entidades públicas las deben cubrir conforme a la fuente de ingresos que corresponda legalmente, y que para financiar gastos “no habituales” es posible utilizar ingresos extraordinarios incluido el superávit.
Frente a críticas de por qué se aprueba aumento de cánones a entidades superavitarias y que además acusan deficiente ejecución de proyectos y labor regulatoria, la Contraloría se escuda indicando que en la función de aprobación de cánones, el órgano contralor realiza un análisis de la legalidad y la razonabilidad de la fuente de ingresos que se identifica como canon de regulación, conforme a lo establecido en el reglamento de aprobación de cánones que regula esa función.
Así lo explicó el Área de Infraestructura de la CGR, la cual señaló además que en sus procesos el órgano contralor cuenta con un marco legal propio que delimita su acción, y el análisis de la gestión de las entidades se hace mediante la realización de auditorías y no a través de la aprobación de cánones ni de la aprobación presupuestaria.
En cuanto a las indemnizaciones, estas “son obligaciones legales que surgen, en la mayoría de los casos, de sentencias judiciales, de manera que se trata de obligaciones ineludibles para una entidad, y por lo tanto deben ser cubiertas con la fuente de ingresos que legalmente corresponda, ya que de no hacerlo se podría generar un vaciamiento económico de la obligación legal generada por la sentencia judicial, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional”, apuntó.
Ante los cuestionamientos por el uso del canon para indemnizaciones, la Aresep anunció que pedirá por escrito a la Contraloría pronunciarse acerca de si se puede utilizar dinero de un canon de un área determinada, como puede ser transporte, en una indemnización ajena a transporte. Y también si el superávit total se puede utilizar para una sola área, temas que deberá dilucidar el órgano contralor.
Además del transporte público, la Aresep regula las tarifas de agua y energía.
“Las fiscalizaciones realizadas (en la Aresep) dan cuenta de serias deficiencias, que si bien es cierto se han venido gradualmente subsanando, sin duda afectan el canon de regulación, el cual consideramos debe tener un tope definido por ley (y no por el regulador como es actualmente), concluyó la contralora Marta Acosta al comparecer la semana pasada ante la mencionada comisión legislativa, donde refirió los resultados de auditorías hechas por la CGR a la Aresep.
Anteriormente compareció la excontralora Rocío Aguilar, quien ahora trabaja en la firma consultora Deloitte, y habló de las grandes deficiencias que a su criterio tiene la metodología empleada por Aresep en la fijación de tarifas del transporte remunerado de personas.
Olman Bonilla, experto en transporte y miembro de la organización Red Solidaria, fue llamado a emitir criterio ante la comisión, donde sostuvo que los reguladores están aplicando formas de cálculo erróneas para establecer las tarifas, por lo que ya los han condenado a pagar alrededor de ¢9.000 millones a las empresas y los van a seguir condenando por cifras millonarias.
En la regulación del transporte público, desde hace cuatro años empezaron a perder juicios contenciosos, y los tribunales continúan confirmando las sentencias contra las ilegales resoluciones emitidas por los jerarcas de la regulación de precios y tarifas, afirmó Bonilla, en quien algunos diputados ven un defensor de los autobuseros –opuestos al actual modelo tarifario – pero él menciona ejemplos de luchas a favor de los usuarios.
Mencionó el caso de una empresa a la que hace unas semanas le depositaron el cheque de una indemnización por ¢591 millones, pero también ha habido cheques para una empresa de buses de la Uruca por ¢458 millones, otro ¢1.400 millones a una empresa del sur, e incluso uno de ¢3.500 millones.
Dijo que desde el 2010 en esa misma comisión le dijo Dennis Meléndez, el regulador general de entonces, que por la forma como estaban actuando iban a perder todos los juicios contenciosos.
“No hicieron caso y los perdieron. Han hecho seis fijaciones tarifarias y hay 11 demandas ordinarias en vía contenciosa; hoy les digo, las van a perder todas”, sentenció.
En su criterio, es necesaria una intervención urgente para frenar los desequilibrios que se están dando en la regulación, donde los consumidores terminan pagando las consecuencias con aumentos de tarifas para cubrir los errores cometidos por los funcionarios.
Y es que la regulación, cuyo objetivo es corregir los defectos del mercado, termina siendo un fuerte costo adicional en la estructura de precios, y una fuente de ingresos para los operadores que presentan demandas ordinarias en vía contenciosa contra las resoluciones del regulador, lamentó Bonilla.
Costos del regulador
Las indemnizaciones cargadas a los cánones de Aresep fueron de ¢296 millones en el 2015, ¢20 millones en el 2016 y ¢1.058 millones en el 2017, pagos que se hicieron con recursos del superávit acumulado.
En 2016 la Aresep tuvo ingresos por ¢22.508 millones y el superávit acumulado alcanzó ¢9.193 millones.
Para el 2017 el presupuesto de gastos aprobado en los canones de regulación totalizó ¢15.993 millones, y para el 2018 sube a ¢17.766 millones.
El superávit incluido en el presupuesto del 2017 es de ¢5.279 millones (equivalente a 24% del gasto presupuestado) y para el 2018 se presupuesta un superávit de ¢3.912 millones (17% del gasto presupuestado).
Los datos los dio la contralora Marta Acosta la semana pasada, durante una comparecencia en la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
