Se cumple este mes un año del vencimiento del plazo fijado por la ley, y cuatro de cada diez instituciones públicas aún no se han incorporado Sistema Unificado de Compras Públicas (Sicop), la nueva plataforma electrónica única del Estado para realizar las adquisiciones de bienes y servicios.
En enero pasado, un estudio de la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que era lenta e insuficiente la implementación del sistema digital, llamado a facilitar ahorro y eficiencia en las compras públicas.
El órgano contralor giró recomendaciones a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, autoridad rectora en la materia, para corregir una serie de debilidades encontradas.
En una contestación al informe de la CGR, Hacienda rechazó el señalamiento de lentitud e insuficiencia en la implementación del sistema.
Entre otros descargos, adujo que, al aprobarse el plazo en la ley que normó el Sicop en el 2016, no se tomó en cuenta las preexistentes limitaciones de capacidad instalada, recursos humanos, logística y necesidad de capacitación.
El hecho es que, al presente, 199 entidades públicas utilizan el Sicop (60,3% del total de 330 instituciones existentes).
Otras 21 (6,3%) están en etapa de implementación y 110 (33,3%) aun están pendientes de hacerlo, según informó el subdirector general de Bienes y Contratación Administrativa, Luis Segura, con datos al 31 de agosto último.
Entre las entidades suscritas, figuran los ministerios del Gobierno Central, 31 de las 82 municipalidades del país (39%), el Banco Central y el resto de bancos públicos, la CGR, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y el Instituto Mixto de Ayuda Social.
Asimismo, la Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo de Seguridad Vial, el Consejo Nacional de Viabilidad, el Consejo Nacional del Concesiones, el Consejo de Transporte Público, el Consejo Técnico de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.
Llama la atención que en la lista oficial de los incorporados no figuran instituciones líderes en la contratación pública como la Caja Costarricense de Seguro Social, Recope y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
De acuerdo con los registros de la CGR, los procesos de contratación en línea publicados el año pasado sumaron un total de 18.241.
Los montos adjudicados en moneda nacional totalizaron Ȼ577.374,5 millones, mientras que en moneda estadounidense fueron $1.011.6 millones (unos Ȼ586.220 millones al cambio actual), lo que sumaría aproximadamente Ȼ1,16 millón de millones entre ambos rubros.
Durante el 2018 se han publicado 12.877 procesos de contratación, y las adjudicaciones llegan a Ȼ221.746,2 millones más $390,9 millones.
Los presupuestos para contrataciones de las instituciones públicas alcanzaron el año pasado la suma de ¢5,2 millones de millones (lo que equivalente aproximadamente al 15% de la producción total del país), según el informe de la CGR sobre presupuestos públicos.
RETRASO
La Ley N° 9395, aprobada en el 2016 con especial impulso del entonces diputado Ottón Solís (del gobernante Partido Acción Ciudadana), fijó plazo al 13 de setiembre de 2017 para que todas las instituciones del sector público se incorporaran al Sicop.
Sin embargo, cuatro meses después, el 22 de enero pasado, la CGR alertó que a esa fecha menos de la mitad de las entidades públicas estaban suscritas al sistema, lo cual imposibilitaba aprovechar beneficios de eficiencia y transparencia para la gestión pública, en un contexto de apremio de las finanzas públicas.
El Sicop fue iniciado en el 2015 por los ministerios de Hacienda y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, con el objetivo de unificar en uno solo los sistemas de compras del sector público.
De esa manera, se reemplazó el proyecto Merlink, que administraba la hoy desaparecida Dirección Ejecutiva de Gobierno Digital, y la plataforma CompraRed, a cargo del Ministerio de Hacienda, al que se le achacaban debilidades en términos de la transparencia por no tener un proceso 100% digitalizado.
Desde enero del 2017, el sistema CompraRed está cerrado para promover nuevos concursos de contratación, y solo se mantienen procesos anteriores iniciados en ese sistema, según ha informado Hacienda en repuesta al reproche de la CGR de que el sistema se sigue utilizando.
La utilización de un sistema electrónico y unificado de compras públicas es recomendada como un mecanismo que genera transparencia y promueve los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y libre competencia establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. Al tiempo que contribuye a la rendición de cuentas del gasto público, genera ahorros significativos en precios de bienes y servicios y en el costo de los procesos de contratación, recordó la CGR.
Informes de la CGR y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –club de los países más desarrollados al que Costa Rica aspira ingresar– han señalado que en el país los procesos de compras públicas tienen debilidades en todas las etapas, desde la planificación hasta el desarrollo y ejecución de los contratos.
En el país el ahorro sería de más de $400 millones, recursos que podrían servir para programas sociales, según estimaciones del Banco Mundial y otros organismos internacionales, los cuales señalan que el uso de la plataforma digital en las compras públicas arroja ahorros equivalentes a 1,4% de la producción nacional de los países.
Contratos jugosos
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) figura como la institución del sector público que mayores compras de bienes y servicios realiza, y los contratos más jugosos son con empresas de la construcción.
En lo que va del 2018, la CCSS encabeza la actividad contractual del sector público con un total de 1.857 de contrataciones adjudicadas, por un total de ¢220.565 millones, según el registro de la actividad contractual anual que publica en su página web la CGR.
A la institución de seguridad social le siguen de lejos Recope, con 165 procedimientos de compra adjudicados, por un total ¢48.848,5 millones; Acueductos y Alcantarillados (AYA), con 863 adjudicaciones por una suma de ¢27.360 millones; el Banco Nacional de Costa Rica, con ¢24.915,5 millones; el Banco de Costa Rica con ¢20.618,5 millones; y otras con montos menores.
A su vez, la lista de proveedores la lidera la empresa Van del Laat y Jiménez/Ingeelectrica, con una licitación pública de la CCSS adjudicada por un monto de ¢51.888 millones.
En segundo lugar, se ubica el Consorcio Servicio Técnicos S.A. y Setec International Inc., con una contratación de Recope por ¢33.767 millones adjudicada mediante procedimiento de licitación abreviada.
Luego sigue la empresa Estructuras S.A. con un monto de ¢26.107,5 millones de una contratación pública y una contratación directa de la CCSS y el Hospital Calderón Guardia.
Con los siguientes montos aparecen el Consorcio Edificar-Molina-Guidi 2018, con ¢24.500 de una licitación pública de la CCSS, y la Constructora Gonzalo Delgado S.A., con ¢21.751 millones de contrato con la CCSS.
Los siguientes montos tiene que ver también con compras de la Caja y pertenecen a las empresas Soporte Médico, con ¢15.255 millones; Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A., con ¢13.761 millones; y Componentes del Orbe S.A. y Constructora Meco S. A., con montos de alrededor de ¢11.000 millones cada uno.
El año pasado la Caja figuró igualmente en el top de instituciones con mayor peso en compras públicas, con un monto total ¢191.108 millones en contratos adjudicados, seguida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con ¢119.214 millones y AYA con ¢56.743 millones, más otras entidades con montos menores.
