Las cifras de nuevas personas desempleadas van desde 129 mil hasta 500 mil; lo cierto es que con vidas precarizadas, sin ingresos y con ahorros hormiga que se agotan, estas personas esperan propuestas de reactivación económica que no llegan.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Luis Picado, Bagaces.” icon_quote=”no”]
“Esto trae mucho estrés, muchos problemas mentales a todos los que estamos preocupados por cómo mantener a la familia”.
[/quote_colored][/padding]
Las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno a partir del 16 de marzo para proteger a la población ante el coronavirus han significado el colapso de negocios familiares, cierres de bares, hoteles y tiendas, y sodas y restaurantes que apenas sobreviven. El cierre de fronteras al turismo extranjero en un país altamente dependiente de esta actividad económica se ha traducido en miles de despidos, suspensiones de contratos y reducción de jornadas para trabajadores; y sobre todo angustia para las familias de escasos recursos.
Este martes, en la conferencia de prensa diaria, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Geannina Dinarte, indicó que hasta el momento el Ministerio registra 129.652 personas con afectación laboral por el desempleo causado por el COVID-19.
Si se mantienen las 309.000 personas que ya estaban desempleadas a fines de 2019, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se contabilizan 433.652 personas desempleadas. Sin embargo, no todos quienes han perdido sus empleos han solicitado el Bono Proteger. Varias son extranjeras indocumentadas y otras han sido despedidas con responsabilidad patronal, por lo que puede haber un subregistro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya advirtió que un 81% de las 3.300 millones de personas que conforman la fuerza de trabajo mundial está siendo afectado por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo. Recientemente el organismo anunció que las horas de trabajo serán un 10,5% menos este trimestre que antes de que comenzara la crisis, lo que significa que 305 millones de empleos a tiempo completo están en peligro.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer una encuesta que concluyó que cerca de 400.000 personas ocupadas perderían su trabajo durante estos meses. Su investigación “Estimación de los efectos del COVID-19 sobre la economía costarricense” destacó que esos puestos de trabajo en peligro de desaparecer corresponden a un 24% de los trabajadores ocupados.
El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, basado en estimaciones de la institución, dijo que más de 500 mil personas del sector privado, entre trabajadores asalariados e independientes, dejarán de aportar las cuotas obreras.
Los datos aportados por las instituciones gubernamentales, institutos de investigación, organismos internacionales solo responden a empleos del sector formal, por lo que deja de lado el impacto que tendrá la pandemia en los trabajadores informales.
PIDEN REABRIR FRONTERAS
Luis Picado y su familia se mudaron a una casa más pequeña que alquilan con otras personas en La Fortuna de Bagaces, desde que el 16 de marzo le suspendieron el contrato en un hotel del Golfo de Papagayo donde trabajaba como salonero. Mientras este hombre de 35 años ve cómo se le van acabando los ahorros sin ningún ingreso que los reponga, cuenta que los almacenes no han detenido las llamadas de cobro con que lo acosan.
“La gente necesita salir para comer, vender empanadas, vender pan. Esto trae mucho estrés, muchos problemas mentales a todos los que estamos preocupados por cómo mantener a la familia. Este gobierno cree que con ¢125 mil vamos a sobrevivir y ese es el pago de alquiler básico de una casa”, expresó Picado. Justo el viernes primero de mayo le notificaron la aprobación de su Bono Proteger, al que aplicó hace más de un mes.
“Diay, la profesión de uno es hotelería y turismo y mientras no se abran los aeropuertos no va a haber turismo. El Gobierno dice que va a implementar el turismo local pero igual la gente no quiere salir por miedo, entonces es algo que no tiene sentido. Para nuestro gremio no hay esperanza”, agregó.
Picado fue una de las 250 personas a las que le suspendieron el contrato en un solo hotel de playa. En la región Chorotega (Guanacaste y Upala) y Pacífico Central, el sector de alojamiento y restaurantes representa un 20% y un 15%, respectivamente, de la actividad económica total, según el programa Estado de la Nación. En el primer trimestre del 2019, la provincia de Guanacaste tenía una tasa de desempleo de 13,6%, mayor que la cifra a nivel nacional (11,3%), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Este guanacasteco, como muchos, esperaba que el pasado 4 de mayo el presidente Carlos Alvarado anunciara medidas de reactivación económica o por lo menos cuándo podrían reabrirse las fronteras; algo que le diera esperanza a él y los suyos.
Sin embargo, miles de personas actualmente están esperando respuestas que no llegan, con una ayuda del gobierno que no es suficiente y que además solo cubre a los nuevos desempleados. En su discurso ante la Asamblea Legislativa este lunes, el presidente anunció que ha pedido al equipo económico del Gobierno que comparta las medidas económicas que se tomarán —sin decir cuándo será esto—.
“SI UNO NO SALE, NO COME”
En Cinco Esquinas de Tibás, Ginger Picado vive con sus dos hijos en una casa en la que conviven 10 personas. Ella trabaja “en lo propio”, que significa que compra y revende ropa y artículos de acero. Pero desde que empezó la crisis sus ingresos han disminuido por lo menos un 50%. También solicitó el Bono Proteger, y el sábado se lo dieron.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Ericka Espinoza, El Roble, Puntarenas” icon_quote=”no”]
“Ya no tenemos ningún ingreso y ningún lugar a donde migrar”.
[/quote_colored][/padding]
Su exsuegra, con quien vive, a sus 65 años se levanta todos los días a la una de la mañana a preparar 40 empanadas que vende con café frente a la Clínica Clorito Picado. “Tiene 12 años de trabajar frente a la clínica y desde que empezó esto ya no pudo seguir vendiendo. Un día de estos intentó ir otra vez y no vendió nada. Diay no, la gente no compra; estamos sin plata, le pasa las mismas mías”, contó Ginger.
En este momento la mujer de 43 años está vendiendo artículos de acero y, aunque a veces le piden que los vaya a dejar hasta Alajuela, con lo que gasta hasta 1.500 en pases, no se ha quedado en casa. “Sí lo he estado haciendo porque de ¢3 mil en ¢3 mil voy ajustando. No le queda a una otra que salir, porque si uno no sale, no come”.
Ginger tiene una niña de siete años, que padece de asma crónica, y un hijo de 20, con discapacidad. También dijo que hace 22 días metieron una solicitud con la Municipalidad de Tibás para recibir uno de los diarios que estaba repartiendo la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero no ha pasado nada.
“Gracias al señor aquí nadie se ha quedado quedito, todos buscamos la manera. Hemos hecho pan y enyucados para ir a vender de casa en casa, para darle vuelta a las cosas, porque si se queda uno quedito no se puede”, afirmó.
El desempleo que se arrastraba y la precariedad del sector informal solo se ha agravado con la bomba de tiempo que es la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 en el país.
A fines de 2019 la tasa de desempleo ya era 12,4%, según datos del INEC. Para ese momento se hablaba de 309.000 personas afectadas. La cifra rebasó por mucho el desempleo reportado en 2018, de 8,7%. La tasa de desempleo femenina fue de 15% en el segundo trimestre de 2019, mientras que el porcentaje de empleo informal entre la población era de 46,3% entre abril y junio de 2019.
SODAS Y PEQUEÑOS NEGOCIOS APENAS AGUANTAN
Al día de hoy se mantienen abiertos pequeños comercios, restaurantes y sodas; pero la capacidad de consumo es mínima para una mayoría, al tiempo que la incertidumbre solo se acrecienta.
En la soda La Sabrosa, en el centro Heredia, su administradora Paula Díaz Rubios narró este lunes que antes atendían clientes de cuatro instituciones grandes; pero como hoy ninguno llega, lo único que generan son alrededor de ¢10.000 o ¢15.000 de ganancia al día. Al ser tres empleados que dependen de este negocio familiar, actualmente no están pudiendo ajustar ningún salario.
La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) solicitó la semana pasada al Gobierno que permita a los restaurantes abrir de lunes a domingo y ampliar su horario de atención. Indicaron que de los 19.000 restaurantes que se contabilizaban en el país, solo 10.450 continúan operando; pero según una encuesta que aplicaron, un 23% de ellos (aproximadamente 2.400) ha tomado la decisión de cerrar en los próximos meses debido al impacto de las restricciones para prevenir y mitigar la pandemia del COVID-19.
La Cámara dio a conocer los resultados de su segunda encuesta durante el periodo del COVID-19, que muestra que un 53% de los dueños de restaurantes han despedido a sus empleados, lo que equivale a 121.000 trabajadores.
SIN LUGAR A DONDE MIGRAR
Una de las primeras personas que se quedó sin trabajo como consecuencia de la crisis actual es Ericka Espinoza Chavarría, quien tenía tres años de trabajar en Marina Los Sueños como salonera. La mujer de 37 años vive en El Roble de Puntarenas, con sus dos hijos y su esposo, que trabaja independiente como mecánico automotriz. Espinoza viajaba diariamente una hora y 40 minutos de ida hasta su trabajo, y lo mismo de vuelta. Al principio de la crisis fue despedida del hotel con responsabilidad patronal, al igual que alrededor de 90 personas más.
“Se nos dijo que estábamos siendo despedidos por motivo de la enfermedad; no se habló de suspender contratos o de bajar horas. Queda uno sin una esperanza o algo en qué ampararse. Puntarenas ya era una zona afectada, todos teníamos que migrar para trabajar. Ahora esto nos ha dejado peor. Ya no tenemos ningún ingreso y ningún lugar a donde migrar”, declaró. Ella y su esposo solicitaron el Bono Proteger y están a la espera de una respuesta.
El MTSS ha recibido 598.554 solicitudes del Bono Proteger: un 36% corresponde a personas trabajadoras independientes, un 22,4% a trabajadores temporales o informales, un 21,6% personas despedidas, un 12% personas con reducción temporal de jornadas de trabajo y un 8% tiene suspensión temporal de contrato.
Hasta el momento se han depositado 188.494 bonos, distribuidos geográficamente de la siguiente forma: 54.543 en San José, 31.815 en Alajuela, 19.295 en Puntarenas, 16.197 en Guanacaste, 13.686 en Cartago, 12.757 en Limón y 9.566 en Heredia, según el MTSS.
Ericka estudió recursos humanos y legislación laboral, en lo cual nunca ha trabajado. A veces su esposo no tiene trabajo ni un solo día y solo alcanza un 25% de los ingresos que tenía antes.
Como zona costera abandonada, donde históricamente ha golpeado más la desaceleración económica, el año pasado Puntarenas ya tenía una tasa de desempleo que alcanzaba a más de 14.000 personas, según datos del INEC.
Para Ericka Espinoza, cuando el ministro de Salud Daniel Salas o el presidente de la República se refieren a las medidas sanitarias y a las restricciones que poco a poco se van a eliminar, pareciera que hablan solo a un sector de la población.
“Ellos, en San José, hablan de gimnasios, cines y escuelas de natación y eso a nosotros ni nos va ni nos viene; aquí en Puntarenas ni cine hay”, recalcó.
“Eran tanto lo malo que daban en las noticias que aquí en mi casa dijimos que ya no vamos a verlas; ya no nos interesa ver las noticias”, enfatizó Ericka.
