La entrada de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) al ecosistema de la obra pública para transporte genera la oposición de distintos sectores y el cuestionamiento de sus procesos.
La crítica más reciente se debe a la ralentización del proyecto de ampliación del puente sobre el río Virilla, popularmente conocido como el puente “Saprissa”.
Esta obra permitirá contar con cinco carriles de circulación sobre la Ruta 32, tres con sentido hacia la capital y dos hacia el Caribe.
El Gobierno contrató a Unops para encargarse de la gestión y agilización de este proyecto, así como de otros ocho. Entre sus funciones destaca la elaboración de las condiciones del concurso, la selección de la empresa a cargo, la recepción de apelaciones y finalmente, la recomendación al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de la empresa seleccionada.
Unops entró en discrepancias con la Contraloría General de la República luego de que una de las empresas apelara la decisión de adjudicación, esto porque, a criterio de Unops, hay un proceso de apelación que pudo resolverse previamente, y que ahora retrasa el proyecto.
El pulso sobre la delimitación del terreno de juego entre Unops y la Contraloría, así como las expropiaciones de las familias que viven cerca del puente, atrasan el proyecto.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció hace casi un año que la fase constructiva del puente daría inicio en enero pasado, sin embargo, lleva casi diez meses de atraso.
Este es un extracto de la entrevista con Alejandro Rossi, director país de Unops.
¿Por qué se atrasó la ampliación del puente “Saprissa”?
– Tenía que ver con una armonización de procesos que ya fue resuelta y está en vías de tránsito normal. Ahora sigue el proceso natural de adjudicación de la norma, además, todavía hay que expropiar a las familias.
Todo el proceso de expropiación se regirá bajo el derecho costarricense, esto en otros países puede resolverse de otra manera.
¿Por qué han entrado en conflicto con entidades del Estado?
– Lo que suele pasar es que hay una resistencia al cambio por parte de las entidades públicas que trabajan con nosotros y del sector privado. Cuando las empresas ven a Unops, naturalmente se resisten a este nuevo sistema, con reglas y estándares más exigentes, así como a una metodología de recomendación de adjudicaciones diferente a la que estaban acostumbrados.
Hay desconfianza frente a lo desconocido.
¿Qué particularidad ha hecho que el proyecto se atrase tanto?
– En el sistema costarricense hay dos instancias reclamatorias: la de Unops y la de la Contraloría. Ahora hay que considerar un plazo de 55 días, cuando uno de los oferentes que no ganó la adjudicación presenta una queja ante la Contraloría. Esto no estaba contabilizado desde un inicio.
La Contraloría dice que mientras ustedes administren recursos públicos hay una obligación de rendir cuentas.
– La rendición de cuentas es plena. Cuando la Contraloría solicitó la información, finalmente se encontró la vía para trasladarla a Conavi y que Conavi lo enviara a la Contraloría.
Ya fueron resueltas las dudas sobre cómo se podía compartir el expediente. Ya está allanado el problema con Conavi.
¿Qué se ha hecho para romper con este “télefono chocho”?
– Cuando se advirtió que no estaba prevista esta mecánica de intercambio de documentación entre las partes, se hizo un procedimiento de convergencia, donde participó Conavi y la Contraloría, todo eso llevó a un criterio para ver cómo íbamos a hacer para compartir el expediente administrativo.
Se dejó en claro bajo qué dispositivo se iba a compartir el expediente, para que tanto el Conavi y la Contraloría pudieran ejercer sus potestades constitucionales.
¿Cuáles fueron esas condiciones?
– Algunos documentos que son parte del procedimiento licitatorio no deben ser abiertos al público, son limitados al Conavi o a la Contraloría, en caso de que tengan que hacer una revisión, y no están disponibles para los oferentes.
Cada oferente puede consultar su propia oferta y el propio rechazo que recibe, pero no puede comparar con la oferta de los demás.
Cuando un oferente se presenta a un proceso, firma y acepta las reglas de licitación. Eso lo hicieron los oferentes del puente al río Virilla.
Más allá de que las reglas gusten o no, en un Estado de Derecho se deben respetar. Uno no puede decidir patear el tablero cuando no le gustan las reglas.
¿Se limaron asperezas?
– A la fecha, ahora están claros los roles que debe tomar cada una de las entidades. Es algo que se puede utilizar para los próximos proyectos y nos genera una reflexión.
En Costa Rica tenemos diez proyectos que están en ejecución. Cuando tocamos las venas abiertas del sistema de transporte costarricense hay muchos intereses en juego, hay un temor a cuál va a ser el cambio.
Sería prudente esperar a que termine el ciclo de los proyectos para tener una evaluación objetiva acerca del tiempo, eficacia, costo y transparencia, si lo que se ha provisto es mejor, igual o peor de lo que había.
¿Hay una falta a la transparencia a la hora de negar cierta información al público?
– Esto no pasa por un tema de transparencia, sino por cuál es la actitud que toman los oferentes no adjudicados. Hay que preservar los intereses de los oferentes al momento de ofertar en un proceso determinado, en términos de estrategia comercial, de asociación, de precio y su protección en casos de propiedad intelectual.
El oferente que desee impugnar solo podrá tener acceso a su propia oferta. Tiene que ver con cortar la industria del reclamo permanente. Hay que ponerle un punto final al proceso de reclamatoria en el legítimo interés de concluir una obra.
Hay procesos licitatorios que demoran hasta seis años en la búsqueda de una decisión final; agotan la vía administrativa, la vía judicial, se ligan causas penales de por medio y esto es una ingeniería legal destinada a paralizar la adjudicación de la obra, y de esa manera, buscar en favor de algunos intereses, las mejores condiciones para negociar una adjudicación. Se ha generado un antídoto contra esto.
Ahora, ¿cómo hacer que esto no genere situaciones en donde a un oferente se le adjudiquen muchas obras?
– La Contraloría puede ejercer su competencia como contralor convencional. Al término de un proceso puede intervenir y revisar la licitación, puede generar sus recomendaciones.
El oferente que no es adjudicado hoy, mañana lo será en otro proceso. Todos los que ganan los procesos tienen la pretensión de que se cumplan todas las reglas del cartel. Los oferentes pueden hacer impugnaciones en dos momentos: en el proceso de Unops y con la Contraloría.
Este es un juego que tiene reglas establecidas. Si esas reglas no son compartidas, había un momento para cuestionarlas y esa fue una oportunidad que perdieron los oferentes (en el proyecto del puente “Saprissa”).
Esto tiene que ver con ponerle un coto a esta reclamación eterna que tienen muchos de los participantes, con propósitos que a veces no están cercanos a la transparencia, sino a defender intereses económicos.
Costa Rica tiene obras demoradas por 30 años. La razón no es por una mala gestión del Gobierno, es por un sistema regulatorio que va a contramano de las necesidades de desarrollo.
¿Es esto un fenómeno que solo les ha pasado acá?
– No es exclusivo de Costa Rica, pero hay una cultura de la institucionalidad muy grande. Hay instituciones que se superponen a otras, generando tiempos muertos en los procedimientos internos.
Hay otros países que tienen estas mismas trampas. Ninguna regulación se orienta a generar ese efecto, pero se generan entramados contrarios al desarrollo.
