En sentido estricto, no podría criticarse a la administración de Luis Guillermo Solís por no haber cumplido –o al menos trabajado en la dirección de cumplir- con su oferta electoral en el área macroeconómica.
Desde su programa de gobierno 2014-2018, titulado “Plan Rescate: Trabajo, progreso y alegría”, el primer Presidente de la República del Partido Acción Ciudadana no puso el acento en realizar una reforma fiscal profunda, si por ello se entiende también tomar la impopular acción de cobrarle más impuestos al consumo de los hogares.
Todo lo contrario, en ese programa de gobierno ofreció, con una alegría consecuente con el título de su plan, que solo mejoraría la recaudación de los tributos ya existentes “para atender la política social sin aumentar la tasa de impuestos indirectos”, esto es, sin afectar el consumo de pobres y ricos por igual.
Ello ocurrió a pesar de que, desde la administración anterior, de la liberacionista Laura Chinchilla, el país ya estaba enfrascado en un fuerte debate político sobre cómo repartir, entre el empresariado, las personas asalariadas y el consumo de los hogares, el papel de “pato de la fiesta” para subsanar el creciente déficit fiscal.
Solís, pues, no hizo más que cumplir con lo ofrecido y por lo cual votó la ciudadanía.
Todavía en mayo del 2015, en su informe sobre el estado de la nación ante la Asamblea Legislativa tras concluir el primer año de su mandato, el mandatario mantuvo el tono optimista cuando habló sobre la situación general de la economía y específicamente sobre la parte fiscal: “Logramos que el déficit cerrara en 5,7%, del PIB y empezamos el 2015 con la menor tasa de los últimos nueve años”, dijo.
En realidad, según datos recientes del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la cifra del déficit de ese año fue incluso un poco menor (ver el gráfico 1).
El tono optimista comenzó a cambiar en el informe de Solís del 2016, cuando anunció que acometería “con fuerza, sin timidez y con generosidad la gran reforma aún pendiente y necesaria” para salvaguardar el futuro del país. De seguido, instó al parlamento a aprobar prontamente los ocho proyectos de ley que, por fin, había presentado el Ministerio de Hacienda con el fin de bajar el déficit fiscal “en un 3,75%”.
Esta tardanza para colocar en un lugar prioritario de la agenda política la solución del déficit es hoy la crítica fundamental que se plantea a la gestión del actual gobierno debido a que, en el curso de esos dos alegres primeros años, simultáneamente a la ausencia de una actuación ‘con fuerza y sin timidez’ en la materia, tuvo gestos como aumentar el costo del Presupuesto Nacional en 18,7%, en el año 2015, incremento que fue pagado con un mayor endeudamiento.
Bajo su gestión, la deuda pública pasó de representar el 54,9% del PIB, en el 2013, al 64,9% del PIB en el 2017, un aumento de 10% (ver el gráfico 2).
Por eso, para el momento de su informe del primero de mayo del 2017, al presidente Solís no le quedó más remedio que reconocer que el margen de maniobra se estaba acabando.
“El tiempo nos ha alcanzado y hoy es urgente contar con las herramientas legales para seguir cerrando los portillos a la evasión y a la elusión tributaria, mejorar la estructura de impuestos y la normativa para recaudar más y mejor con el propósito de invertir en el bienestar de la ciudadanía”, dijo, menos alegremente esta vez.
En el camino, las odiosas calificadoras internacionales de riesgo habían bajado la nota a Costa Rica. Y en julio de ese año se presentó la primera ocasión en que al Ministerio de Hacienda le costó juntar los ¢9.000 millones necesarios para girar las transferencias a los programas sociales.
Economistas consultados por UNIVERSIDAD coincidieron, por tanto, en que, en la columna de las deudas en materia económica de esta administración, puede anotársele, en primer lugar, ese exceso de ‘alegría’ en su visión en cuanto al problema de las finanzas públicas, que le llevó a negociar tardíamente la reforma fiscal (ver: “Economistas evalúan logros, fallos, al BCCR y al Ministerio de Hacienda”).
A pesar de esto, como afirman Roxana Morales y Greivin Salazar, economistas del Observatorio del Desarrollo Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA), no puede culpársele por el entrabamiento de la reforma tributaria una vez que presentó los proyectos respectivos, pues este depende, ya, de los cálculos políticos de cada partido en la Asamblea Legislativa.
En esto coincidió el ministro de Hacienda, Helio Fallas, quien defendió lo actuado por la administración y detalló los avances logrados (ver: “También promovimos reformas estructurales”).
No todo le salió mal al Ministerio de Hacienda. El economista y expresidente del Banco Central de Costa Rica, (BCCR), Eduardo Lizano, consideró que esta entidad sí acertó en cuanto a la capacidad que tuvo para refinanciar la deuda pública en colones y en dólares.
Morales, Salazar y José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, también reconocieron que hubo una importante reducción del gasto.
Por otro lado, en cuanto a la política monetaria, hay coincidencia en que el mayor logro del BCCR, en este período, fue mantener una inflación baja, lo cual, junto con un dólar libre, pero controlado gracias a sus intervenciones, contribuyó a un entorno de estabilidad que ayudó a bajar un poco la pobreza.
Aun así, las opiniones se matizan en cuanto a lo realizado para estabilizar la volatilidad del tipo de cambio y bajar las tasas de interés (ver los gráficos 3, 4, 5 y 6).
Para Lizano, el BCCR exageró al limitar la volatilidad en el precio del dólar, lo cual estimuló a la gente a endeudarse en esa moneda.
“El Banco se dispara en los pies, porque aumenta su dificultad de manejo. La flexibilidad y volatilidad no deben ser tampoco “demasiadas” y el Banco debe retener siempre la posibilidad de intervenir para evitar excesos hacia arriba o hacia abajo. Habría que estar en los zapatos del Banco para saber cuánto es “demasiado””, comentó.
Por su parte, Cordero reconoció como un hecho positivo que, bajo esta administración, el Banco estableciera la flotación administrada, en el año 2014, pues así profundizó la ruptura con el esquema de tipo de cambio fijo iniciada con la introducción de la banda cambiaria en el 2006.
En medio de sacudidas climáticas como la tormenta Nate y el huracán Otto, de sacudones políticos como el del Cementazo y a pesar de la acumulación de riesgos, durante la administración Solís la economía costarricense pudo, pues, mantenerse estable, como procede con un país feliz.
Helio Fallas, primer Vicepresidente y ministro de Hacienda:
“También promovimos reformas estructurales”
Considera que la modernización tecnológica de Hacienda fue su mejor logro.
María Flórez-Estrada Pimentel
UNIVERSIDAD consultó al Ministro de Hacienda, Helio Fallas, sobre las críticas a su gestión. A continuación, sus respuestas.
¿Fue un error aumentar el presupuesto de las universidades, dada la situación que ya mostraban las finanzas públicas?
-Eso respondió a dos obligaciones legales. La Constitución Política establece la meta del 8% para educación y el Convenio del FEES 2010-2015 determina que el 8% se distribuirá en un 1,5% para el FEES y un 6,5% para el MEP. Además, se estableció la necesidad de contar con una estrategia para fortalecer las finanzas públicas.
En el acuerdo del 2015, el Gobierno aumentó el porcentaje del PIB destinado a educación de un 7,1% a un 7,4% (con el PIB de ese momento). Al subir el porcentaje de educación, subió también el FEES. El gobierno también presentó a la Asamblea Legislativa un conjunto de propuestas para aumentar los ingresos tributarios e inició acciones administrativas para conseguir este objetivo.
En resumen, la Administración debió atender la normativa vigente, pero consciente de las implicaciones de esta obligación, también promovió reformas estructurales para mejorar las finanzas públicas, las cuales ha venido impulsando desde entonces.
La crítica más generalizada a su gestión es que perdieron dos años de tiempo para concretar la reforma fiscal. ¿Qué puede decir a esto?
-Desde el 2014 se inició un Plan de Fortalecimiento de la Hacienda Pública, el cual consideró la presentación de las reformas legales de manera ordenada, tomando en cuenta los plazos de preparación de los proyectos de ley. El 31 de julio del 2014 se envió a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal, el cual tardó casi dos años y medio en ser aprobado. Posteriormente, entre abril y julio del 2015, se enviaron los proyectos de gasto, sobre caja única y pensiones y luego los proyectos de IVA y Renta, en agosto del 2015.
También desde el 2014 se empezó un proceso de mejora en la plataforma tecnológica del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de combatir la evasión, el fraude fiscal y mejorar los controles del gasto público.
Otro aspecto relevante fue la puesta en marcha de las mejoras en las estrategias de inteligencia tributaria para mejorar controles y detectar casos de evasión por medio de programas como COLMENA, integrado a su vez por varios componentes.
En conclusión, se invirtió tiempo en preparar un conjunto de proyectos que van más allá de aumentar tasas impositivas, pues se diseñó una agenda integral que contempla temas de gasto y mejora tanto en la gestión de ingresos como en la calidad de gasto público, muchos de los cuales fueron aprobados finalmente.
¿Cuál ha sido el logro principal de su gestión al frente de Hacienda?
-La modernización de la plataforma tecnológica para mejorar la gestión de ingresos y control del gasto y la aprobación de las leyes para fortalecer las finanzas públicas.
Durante el periodo 2014-2018 se lograron acuerdos para la aprobación de nueve leyes que contribuirán al fortalecimiento de las finanzas públicas; de ellas, cinco fueron iniciativa del Poder Ejecutivo: contra el contrabando; contra el fraude fiscal; el Impuesto a las Personas Jurídicas; de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos; y la reforma normativa de los Regímenes Especiales de Pensiones con cargo al presupuesto, para contener el gasto de pensiones.
