En cinco días la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) decidió autorizar un servicio especial para que las empresas Transportes Costarricenses Panameños Ltda. (Tracopa) y Transportes San José Venecia de San Carlos S.A. asumieran el servicio especial de movilizar a personas migrantes de frontera a frontera.
Si bien desde Tracopa se adujo que se trató de un “proceso” que “no se dio en cinco días, visto que viene en análisis desde el Consejo de Transportes de la Administración anterior”, el caso es que ni en actas de esa junta directiva ni en los oficios al respecto citados en ellas se encuentra argumento o justificación para escoger a esas empresas.
Fue el 17 de octubre del año pasado que en esa junta directiva el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, se refirió “al asunto relacionado con el traslado de los ciudadanos venezolanos de frontera a frontera”.
Orlando Ramírez, representante precisamente del sector autobusero, planteó que “en una primera instancia Canatrans puso a disposición varios buses para el traslado de los mismos. Ahora él solicita que se le brinde la oportunidad a los permisionarios de Turismo”, según se lee en el acta.
Sumó un criterio similar Giberth Ureña, representante de los taxistas, quien solicitó que también se tomara en cuenta a los operadores de servicios internacionales. Así, ese día por unanimidad se acordó “solicitar a la Dirección Ejecutiva que instruya al área técnica para que reciba las solicitudes de permisionarios de turismo y de los servicios internacionales y proceda a la evaluación de las mismas a la mayor brevedad posible, con el fin de expedir el permiso correspondiente”.
Cinco días después, el sábado 22 de octubre, se realizó una sesión extraordinaria en la que, de nuevo por unanimidad, se acordó “autorizar un permiso especial para el transporte de migrantes a las empresas operadoras de ruta regular” Tracopa y Transportes San José Venecia de San Carlos S.A., “por un plazo de hasta tres meses, para que el transporte se realice de manera directa de frontera Paso Canoas a Los Chiles Frontera Norte y viceversa, y se efectuarán según demanda durante las 24 horas”.
El acta de ese sábado consigna que “de conformidad con lo requerido por Casa Presidencial, se valora la autorización de un servicio especial de transporte de migrantes de frontera Paso Canoas y Los Chiles Frontera Norte y viceversa, con 26 unidades de refuerzo que se indican en el informe CTP-DT-DAC-OF-1473-2022 del Departamento de Administración de Concesiones y Permisos”.
Ese oficio, que tiene fecha del 21 de octubre, es simplemente una lista de 26 autobuses, “unidades autorizadas para refuerzo” en las rutas operadas por las mencionadas empresas, “por situación de los migrantes”, elaborada por el Departamento de Concesiones y Permisos del CTP.
Más revelador es otro oficio también conocido en esa sesión, fechado igualmente el día anterior y marcado como “urgente”. Se trata del CTP-DT-INF-0682-2022, de Aura Álvarez, directora del Área Técnica para la directora ejecutiva Sidia Cerdas.
De igual manera, ese documento empieza con que “de conformidad con lo requerido por Casa Presidencial para la autorización de un servicio especial de transporte de migrantes de frontera Paso Canoas y Los Chiles Frontera Norte y viceversa”, cita el informe de las 26 unidades autorizadas y señala: “las condiciones del mismo serían: 1. Las empresas a autorizar a brindar dicho servicio son las operadoras de ruta regular en las Rutas N° 601 empresa TRACOPA y en la Ruta N° 205 Transportes San José Venecia de San Carlos S.A., bajo la modalidad de “servicio especial para el transporte de migrantes”, por un plazo de hasta un mes”.
Es decir, el lunes 17 de octubre, Amador plantea el tema y ese día dos directivos del CTP proponen que se convoque a empresarios de los sectores turismo y servicios internacionales. El viernes 21 se genera dos oficios, uno con una lista de 26 unidades específicas autorizadas para el servicio y otro que simplemente enuncia que las empresas autorizadas son Tracopa y San José Venecia de San Carlos S.A., y el otro en que “de conformidad como lo requerido por Casa Presidencial” se cita esa lista y se procede a especificar que se trata de las dos mencionadas empresas.
En enero se decidió ampliar el permiso otorgado a esas dos empresas con el único voto disidente de Gilberth Ureña, quien alegó que “se está convirtiendo en un permiso permanente casi, aunque le pongamos tres meses”. Luego en abril de forma unánime se prorrogó el permiso hasta el 31 de diciembre.
Si bien desde el CTP se recibió todas las actas y oficios que se solicitó sobre el tema, también se envió preguntas respecto a los criterios a partir de los cuales se escogió a esas empresas para el servicio especial, o por qué nunca se convocó al sector de turismo, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
No es “súper negocio”
El tema del paso masivo de personas migrantes hacia Estados Unidos no es nuevo, ya UNIVERSIDAD ha publicado sendos reportajes en 2015 y setiembre de 2021.
A finales de agosto, un pronunciamiento conjunto de la Defensoría de los Habitantes y la Defensoría del Pueblo de Colombia citó cifras del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá: entre enero y julio del 2023 ingresaron irregularmente de Colombia a Panamá 251.758 migrantes. “Hoy la cifra ya supera las 300.00 personas”, añade esa información.
Desde Tracopa, se recibió respuesta por escrito de parte del asesor legal Miguel Zamora, quien como ya se citó expresó que el tema fue analizado “desde la administración anterior”.
“Ambas empresas presentamos a consideración el esquema operativo de trasbordo en la terminal de San José inicialmente con 33 unidades”, indicó. Explicó que “en aras de no perjudicar al usuario” se estableció la tarifa autorizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), y añadió que “el servicio es solo en un sentido generándose por esto gastos que ambos operadores deben de enfrentar por el retorno sin contar con pasajeros”.
Zamora añadió que el trasbordo “debidamente autorizado” se realiza en el restaurante Lapas 2, en San Jerónimo de Orotina. Tras detallar que ambas empresas han solicitado al CTP autorización para utilizar 23 unidades más, precisó que se cobra $30 por persona, pago del que se excluye a menores que viajen en regazos.
Añadió que los costos de operación son “muy altos” y mencionó el precio del combustible y otros rubros como duplicidad de planilla de conductores, pagos de horas extras, desgaste de unidades o pago de renta, “los rendimientos están por debajo de lo que la Aresep establece” por lo que “no es como se quiere presentar como un súper negocio”.
Zamora contestó una pregunta directa en el sentido de que “no existió por parte de la empresa o algún socio aporte alguno a la campaña política del señor (Rodrigo) Chaves”.
Faltan estudios
También, por escrito se le preguntó a Edward Araya, intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), sobre qué control se aplica para constatar que ambas empresas realizan el transporte de las personas migrantes bajo la modalidad de “servicio especial”y no como parte del servicio de rutas regulares que ofrecen.
El funcionario replicó que los esquemas operativos y modalidades son aprobadas por el ente rector, “son competencias exclusivas y excluyentes del CTP”. Añadió que “en caso de dudas o denuncias actuamos con investigaciones y fiscalizaciones, sin embargo, esta situación es parte de una coyuntura nacional atípica, hemos realizado consultas al CTP y se está a la espera de una contestación de la Dirección de Migración y Extranjería como parte de las valoraciones que realiza esta Autoridad Reguladora”.
Se le preguntó, además, si se ha realizado estudios de demanda del servicio a esas empresas, en particular Tracopa, desde octubre de 2022, y se pidió que en caso negativo explicara por qué. La respuesta de Araya fue, secamente: “No se han realizado estudios de volumen de pasajeros”.
