Critican discrecionalidad excesiva en recomendaciones de magistrados para la Sala III

Panel Independiente señaló “omisiones y debilidades” en la conformación de las ternas recomendadas para tres plazas en la Sala de Casación Penal, que se encarga de las causas que corren contra los miembros de los Supremos Poderes de la República.

Las recientes recomendaciones de ternas que realizaron los diputados de la Comisión de Nombramientos para llenar las tres plazas vacantes en la Sala III, de Casación Penal, estuvieron marcadas por una alta discrecionalidad, según señalaron los especialistas del Panel Independiente —convocado por el Foro de Justicia— para dar seguimiento a este proceso.

El grupo de especialistas encontró que los diputados realizaron sus recomendaciones apartadas de las calificaciones por atestados, y que más bien, se basaron en las entrevistas personales: un factor sumamente subjetivo.

“Si bien en las ternas aparecen profesionales de alto perfil académico y profesional es igualmente cierto que no todas las personas propuestas al Plenario legislativo reúnen las condiciones de mérito y capacidad”, indicó el grupo, en un comunicado que publicaron esta semana.

El panel encontró que los diputados de Nombramientos dejaron por fuera a “personas altamente calificadas”, incluidos cuatro de los cinco postulantes que sumaron calificaciones superiores a 90 puntos por atestados.

Los diputados seleccionaron a los abogados Gustavo Jiménez, Roy Badilla y Sandra Zúñiga para la primera de las vacantes; a Rafael Bonilla, Gerardo Alfaro y Zhuyem Molina para la segunda; y a Álvaro Burgos, Omar White y Cynthia Dumani para la tercera.

De ellos sólo Álvaro Burgos tuvo una nota superior a 90 por atestados (99); y dejaron por fuera Patricia Vargas (92,5), Jenny QuirósJorge Arturo Camacho y José Arnoldo González (90).

Por este y otros motivos, el Panel concluyó que entonces terminó siendo determinante “un criterio altamente discrecional”: la entrevista.

Los atestados componen un 60% de las notas finales; sin embargo, las entrevistas tienen un peso del 40%. según un nuevo método de selección que empezó a aplicar la Comisión de Nombramientos actual para mejorar los procesos de recomendación.

No obstante, el proceso ahora recibe sus primeras críticas, pues las entrevistas se califican con una escala del uno al cinco que es totalmente subjetiva, ni tampoco se publicita a través de razonamientos.

Las ternas son recomendaciones no vinculantes que hace la Comisión de Nombramientos al Plenario legislativo, el grupo de 57 diputados totales que finalmente se encarga de elegir a los nuevos magistrados de los aspirantes totales.

Posted by Foro de Justicia – Costa Rica on Thursday, February 14, 2019

“Redes de cuido”

Aparte del Panel Independiente, la selección hecha por los diputados dejó dudas en otros actores, como el profesor universitario y ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, quien explicó su disgusto en un reciente artículo de opinión.

Arroyo señaló que esta era la oportunidad para llenar vacíos en una Sala que ha sido cuestionada por sus vínculos con políticos; sin embargo, las recomendaciones realizadas por los congresistas apuntan a un proceso muy subjetivo, que incluso brinda un “doble reconocimiento de la «experiencia» para promover a quienes no tienen posgrados académicos”.

También cuestionó “el refugio opaco de la calificación de las entrevistas”, otro factor que implica falta de transparencia en el proceso y que podría servir para que políticos “levanten el perfil de algunos mediocres y saquen de la contienda a varias de las personas mejor calificadas”.

Esta preocupación es especialmente importante al tratarse de la Sala III, la entidad judicial que se encarga de las causas contra los miembros de los Supremos Poderes de la República.

Arroyo además ha sido crítico de las designaciones que ha hecho la nueva Asamblea Legislativa, pues se concretaron cuatro nombramientos a través de ternas que dejaron los anteriores diputados, en condiciones muy cuestionadas.

“Esto significó consolidar las ternas confeccionadas en los oscuros tiempos de “la red de cuido”, la descarada injerencia de magistrados y magistradas de Corte en el lobby parlamentario, y de la crisis institucional que evidenció el favorecimiento de magistrados y magistradas penales a personajes políticos”, señaló.

La Asamblea nombró a dos magistrados en la Sala II, una magistrada en la Sala III y un alto juez más en la Sala Constitucional.

Después del terremoto

Las plazas que se buscan llenar en la Sala III correspondían hasta el año pasado a Celso Gamboa (destituido), Doris Arias y el expresidente de la Corte Carlos Chinchilla (jubilados).

Ellos tres salieron del Poder Judicial en medio de la polémica provocada por el caso del cemento chino, involucrados en la polémica desestimación de una causa contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata. Aquel expediente contaba con 700 folios que habrían resuelto en cinco días.

Finalmente, Gamboa fue despedido por los diputados por sus relaciones con el importador de cemento Juan Carlos Bolaños; mientras que Chinchilla y Arias se retiraron por su cuenta en medio de investigaciones internas por la desestimación.

Los tres, ya fuera del Poder Judicial, fueron castigados internamente con una suspensión; junto con el integrante propietario Jesús Ramírez y la suplente María Elena Gómez.

Ahora, la Sala III apenas cuenta con dos magistrados propietarios, Jesús Ramírez y Patricia Solano, una jueza retirada que nombró el Congreso en noviembre pasado. Solano llegó para llenar la plaza del exmagistrado Gilbert Armijo, que estaba vacante desde el año 2015.

Dispuestos a revisiones

Este jueves, la presidenta de la Comisión de Nombramientos del Congreso, la liberacionista Ana Lucía Delgado, hizo recibo de las críticas, durante la sesión ordinaria del Plenario legislativo, e indicó que incluso estaría dispuesta a devolver el trámite a comisión, tomando en cuenta de que “no debe haber espacio para dudas”.

La congresista señaló que en en la nueva legislatura se han realizado esfuerzos importantes para mejorar los criteriors de “probidad, transparencia y honestidad”; sin embargo, celebró el escrutinio público  de una metodología recién construida “susceptible de mejora”.

Además, Delgado indicó que “a pesar de que la metodología establece la oportunidad para que cualquier persona, grupo o sector hiciera control social de estos concursos a través de la presentación de objeciones en un momento determinado, esto no quiere decir que los expedientes no puedan ser sometidos nuevamente a revisión dentro de la Comisión y de examinar cada acto, cada decisión, cada postulante”.

Algo similar comentó la congresista del Partido Acción Ciudadano e integrante esa la bancada en la comisión, Nielsen Pérez, quien agregó que “tiene clarísimos los principios de Gobierno Abierto”, por lo que se debería privilegiar entonces la transparencia, la rendición de cuentas y la participación.

Por ello, secundó las palabras de la presidenta del foro y recordó que “el Poder Judicial ha sido ampliamente cuestionado, y este órgano también, por la forma en la que se han realizado los nombramientos en la historia”.

“Especialmente, los cuestionamientos en la Sala III han estado aflorando y son un vox poppuli en este país y en este espacio, por eso en este momento tenemos tres nombramientos sustativos y queremos ser consecuentes con el Gobierno Abierto y sumarnos a esa capacidad de escucha para que no quede duda de que estamos haciendo las cosas bien, de que la metodología que ahora tenemos no existía antes, pero de que hay oportunidades de mejora”, puntualizó.

Pérez además pidió a sus compañeros de la comisión “retrotraer lo acordado, revisar la metodología e implementarlo en el mismo proceso de la Sala III, ofreciendo esa apertura a la ciudadanía”.

En esa línea, parte de las críticas del Panel Independiente también apuntaron a la poca apertura de los procesos, cuyas votaciones y varios de sus razonamientos siguen siendo secretos, por lo que “no existe acto fundado alguno para rendir cuentas a la ciudadanía” por las designaciones.

El Foro de Justicia está compuesto por representación de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Programa Estado de la Nación (PEN), la Maestría en Ciencias Penales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), y de la Fundación Friedrich Ebert Costa Rica.

Por su parte, el Panel Independiente —que fue el grupo que redactó las observaciones en nombre del Foro— lo integraron las abogadas Giselle Boza, María de los Ángeles Londonño, Olga Marta Mena, Claudio Montiel y Fernando Zeledón.


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