En Europa discuten necesidad de fortalecer los estados nacionales

Crisis por pandemia de COVID-19 supera las proyecciones económicas iniciales

Banco Central Europeo prevé reconfiguración de las economías “hacia la ecología, la digitalización y la automatización”.

Mientras en Europa se discute sobre el ingreso de ese continente en una etapa de “federalismo”, con un papel más fuerte de los estados nacionales por la necesidad de hacer frente a la pandemia de COVID-19 en cada territorio, América Latina encara la necesidad de fortalecer sus finanzas públicas para atender problemas de larga data como el desempleo y la informalidad, ahora agravados por la crisis causada por este coronavirus.

Según la agencia de noticias AFP, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, la crisis sanitaria está acelerando las transformaciones que ya vienen ocurriendo en la economía y el mundo del trabajo “y probablemente va a provocar una evolución hacia un modo de vida más sostenible y ecológico”.

Estos cambios reducirían las cadenas de suministro al menos en un 35% y aumentarían la robotización de los procesos productivos entre un 70% y un 75%, estimó, en los encuentros virtuales de discusión económica europea que están teniendo lugar en Aix-en Seine, París.

Allí también se resalta el papel imprescindible que juegan los estados nacionales frente a la pandemia y el desafío que esto representa para las finanzas públicas.

“Todos los ciudadanos en el mundo se han dado cuenta que nuestros sistemas de salud son absolutamente esenciales, que hay un Estado encargado de protegernos en lo que atañe a la seguridad, la convivencia, el aprovisionamiento de agua y de comida”, resaltó, a su vez, la ministra española de Economía, Nadia Calviño.

Por cuánto tiempo un “federalismo” de hecho, debido a la emergencia, ha de sustituir a la idea de un Estado único europeo y a la globalización, forma parte de las discusiones.

“El gasto público y la cuestión de la eficacia del Estado a la vez como Estado soberano, como Estado del bienestar y como estratega es la cuestión central para los próximos años”, opinó el economista Christian Saint-Étienne.

No obstante, no solo la Unión Europea encara la necesidad de revisar y mejorar sus políticas públicas ante la nueva situación.

La semana pasada la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ilustró, con los ejemplos de Costa Rica y México, la pérdida de empleos formales y el aumento de los trabajos informales que está produciendo la pandemia de COVID-19 en América Latina y El Caribe, al presentar la revisión de sus proyecciones iniciales sobre el impacto de la pandemia.

“El número de personas aseguradas al sistema de salud de Costa Rica registró una variación mensual de -3,4 puntos porcentuales y una reducción interanual de casi 2 puntos porcentuales”, dice el informe, presentado el miércoles en Lima, capital de Perú (ver el gráfico).

En el caso de México, agregó, también, “se observa una caída en el número de personas aseguradas de alrededor de 2 puntos porcentuales, comparables con mermas observadas a comienzos del milenio, si bien resultan inferiores a las verificadas en 2009 asociadas a la crisis financiera internacional”.

Estos indicadores reflejan “los impactos inéditos en el mercado de trabajo que se están observando a través de la pérdida neta de empleo y de las horas trabajadas, del deterioro de la calidad de los puestos de trabajo y de la reducción de los ingresos de los trabajadores y de los hogares”, enfatizó la entidad.

La OIT estima, ahora, que la tasa de desocupación de la región, respecto de 2019, aumentará de 8% a 12,3%.

“Esto ubica a este indicador en su valor máximo desde que se cuenta con información armonizada para los países de la región. El último máximo para la tasa de desocupación, desde inicios de los noventa, se había producido por el impacto de la crisis asiática a fines de dicha década. Sin embargo, en ese entonces este indicador trepó hasta el 9,2, significativamente más bajo que lo estimado para este año”, indicó.

Lo anterior se deriva de las proyecciones del Banco Mundial respecto del nivel de actividad económica que tendrán América Latina y el Caribe para 2020, que muestran una caída de -7,2%.

Sin embargo, si se considera la proyección realizada por el FMI, de una caída de -9% en la actividad económica, la tasa de desocupación promedio para la región alcanzaría el 13%.

“En ambos escenarios se está suponiendo que los individuos que pierden su empleo transitan hacia la desocupación”, añade.

La OIT advirtió que, según los datos de los registros administrativos, se están perdiendo trabajos formales en la región, lo cual se manifiesta a través de dos indicadores principales: la dinámica descendente del número de trabajadores cubiertos por la seguridad social y el incremento en el número de perceptores del seguro de desempleo.

Lo anterior, ocurre a pesar de las medidas de contención del empleo asalariado formal –como disminución y flexibilización de jornadas, teletrabajo y otras medidas “implementadas en un extenso conjunto de países, las que sin dudas contribuyen a reducir la respuesta de estas ocupaciones frente a la reducción en el nivel de actividad”.

La organización advierte que la recesión económica tendrá un impacto fuertemente negativo sobre el mercado de trabajo, el cual se reflejará en la caída de los ingresos, las remuneraciones y la calidad de las ocupaciones.

“Esto producirá un aumento de la desigualdad relativa de los ingresos y de la pobreza. Algunos de estos procesos ya se están observando con distintos niveles de intensidad en los países de la región”, explicó.

Este informe es uno de los que discute la Cumbre Mundial de la OIT sobre COVID-19 y el mundo del trabajo, que se desarrolla en la capital peruana y que culminará el 9 de julio.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirmó que más de un tercio del empleo formal y un cuarto del PIB de América Latina y el Caribe son producidos en sectores que hoy se encuentran fuertemente golpeados por la crisis económica derivada de la COVID-19.

Menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada, agregó.

Como consecuencia, 2,7 millones de empresas podrían cerrar, la mayoría de ellas microempresas y 8,5 millones de empleos se podrían perder, según estima la Cepal en su nuevo informe titulado “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”.

La entidad identifica tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, significativos y moderados). Los más afectados son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.

Varios de los sectores fuertemente afectados, como el comercio y los hoteles y restaurantes, cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, que serán las más golpeadas, se estimó.

El comercio perdería 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perdería por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.

La Cepal ha identificado 351 acciones tomadas por los gobiernos de la región para paliar los efectos económicos de la pandemia, agrupadas en seis categorías según sus objetivos: liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción y exportaciones.

Además, ha implementado un “Observatorio COVID-19” al servicio de las necesidades de sus países miembros.

“La postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual. Estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos, los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo, en un plazo de un par de años ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual, advierte el organismo de las Naciones Unidas”, afirma el documento.

Por lo anterior, enfatiza la necesidad de dar una respuesta “a gran escala” para evitar la destrucción de capacidades productivas.

Para ello, propone cuatro conjuntos de medidas: 1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas; 2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades; 3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos; y 4. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.

La entidad promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, cuotas de pensiones y contribuciones territoriales o el adelanto de las devoluciones de impuestos, por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020.

También sugiere la flexibilización de las condiciones de crédito, aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.

“La cofinanciación de la nómina salarial se daría en diferentes proporciones según el tamaño de la empresa, desde 30% a las grandes hasta 80% a las microempresas. Se estima que esta medida tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional. Por su parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8% del PIB”, proyecta.

Además, la Comisión resalta el rol importante que juegan las grandes empresas ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones.

Además del cofinanciamiento de la nómina salarial y las mejores condiciones de acceso al crédito, la Cepal sugiere la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos. “En este ámbito, también es relevante aumentar la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados de capitales”, dice.

Estas propuestas se suman a las ya planteadas anteriormente por la entidad: la entrega de un ingreso básico de emergencia (BEI) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional.

Según el informe, “la crisis generará cambios al interior de las empresas y en la organización de las cadenas productivas. Las nuevas tecnologías serán clave en el modelo de funcionamiento de las empresas”.

“Las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos de países y empresas para reducir su vulnerabilidad, privilegiando proveedores más cercanos (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring). Asimismo, la ruptura de redes internacionales de proveedores genera oportunidades para el desarrollo de capacidades nacionales y regionales”, concluye el informe.


 

 

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