El ceño de todo el país se frunció el pasado 1 de agosto, cuando en cadena nacional el presidente Luis Guillermo Solís reconoció que su Gobierno enfrenta una “crisis de liquidez”, es decir, que atraviesa dificultades para conseguir el dinero necesario para cumplir con sus obligaciones financieras.
Pocos días antes, el Gobierno había anunciado que lograría desembolsar -con retraso- los fondos necesarios para cumplir con programas sociales como Avancemos, Red de Cuido, Atención Familias, Bienestar Familiar y Emergencias.
En ese momento, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, alegó que, “debido a la ausencia de la reforma fiscal, el país está comenzando a experimentar los problemas de liquidez que se habían anunciado con mucha anticipación”.
Fernando Rodríguez, viceministro de ingresos, detalló a UNIVERSIDAD que de cada ¢100 requeridos para gastar, alrededor de ¢54 se obtienen de impuestos, lo restante se obtiene por medio de colocación de bonos, por créditos internacionales o “por lo que Tesorería llama captación directa”.
A través del endeudamiento, “no hemos estado obteniendo los recursos, ni en la oportunidad, ni el monto que los ocupamos. Eso nos ha originado los problemas para atender ese gasto”, reconoció.
Rudolf Lücke, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, subrayó lo negativo de que se utilice la deuda -interna y externa- para financiar gastos del Gobierno. Según explicó, el Gobierno financia cada gasto que hace en un 40% con deuda.
Sin embargo, el especialista llamó la atención de que la actual crisis de liquidez tiene raíces que se remontan mucho tiempo antes incluso de que existiera el actual partido en el Gobierno.
Según datos oficiales, el déficit fiscal cerró el 2016 en un 5,2% del producto interno bruto (PIB). Por otra parte, la evasión fiscal ha llegado a superar el 8% del PIB.
Metidas de patas
Lücke recordó que desde el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se hizo una propuesta inicial de reforma fiscal. El tema cobró protagonismo durante la gestión de Abel Pacheco, quien generó un superávit porque logró contener el gasto, ante el hecho de que su propuesta de reforma fiscal no fue aprobada en la Asamblea Legislativa.
Luego llegó la segunda administración de Óscar Arias, quien disparó el gasto. Lücke recordó que el gobierno de Arias debió enfrentar la crisis económica de esos años -la cual afectó a sectores que aportaban recursos importantes mediante el pago de impuestos-, pero que además determinó un aumento salarial mal planificado que reventó los números de gastos del Gobierno.
Según explicó, esa administración buscó subir el salario de siete mil personas del servicio civil que se ubicaban en los estamentos salariales más bajos, pero no midió que la iniciativa terminaría afectando los salarios de más de 40 mil personas.
“Ahí se generó un gasto impresionante, lo que llamaban el plan escudo y que incluía a algunos aumentos y mejoras en salarios del sector público, le generó una explosión gigantesca de gasto”.
En el contexto de la crisis, “incluso externamente se nos dijo que el Gobierno debía gastar para impulsar la demanda interna, se hace el gasto pero no de forma cíclica, es decir, no se hace de forma que se pudiera revertir, entonces se incrementan muchos salarios y transferencias y esto no es manejable para el Gobierno siguiente”, recordó.
Cuando llega Laura Chinchilla a la Presidencia, encuentra que el Gobierno no tiene los ingresos suficientes para poder financiar el gasto y empieza a endeudarse. Ese endeudamiento fue básicamente interno, hasta que a finales del 2012 la tasa de interés subió mucho.
Chinchilla hizo dos propuestas de reforma fiscal, las cuales fracasaron ante el reducido apoyo que tuvieron, en parte porque el mayor peso de las mismas se centró en la creación del impuesto al valor agregado (IVA).
Se trata de un impuesto regresivo -es decir, que no toma en cuenta los ingresos del contribuyente-, el cual sustituiría al impuesto de ventas e incluiría el pago por servicios, como los médicos.
Lo que la entonces Presidenta (Laura Chinchilla) sí logró fue apelar a la deuda externa. Lücke al respecto explicó que en ese momento el país tenía varios años de no emitir deuda externa, “íbamos a ser vistos como nuevos, con una tasa de interés internacional baja”.
Se trató de los llamados eurobonos, por un total de $4 mil millones. Si bien esa inyección de recursos alivianó las finanzas, Lücke subrayó que uno de los principales objetivos de esa deuda externa era amortizar la interna, pues los intereses eran inferiores.
“El Gobierno no cumplió ese objetivo a cabalidad, mucho del dinero de los eurobonos lo utiliza para gasto corriente”, explicó el economista.
Al llegar la administración Solís contó con un remanente de los fondos, pero Lücke también criticó la actitud de posponer la reforma fiscal dos años, mientras se buscó el objetivo de mejorar la recaudación.
Si bien el economista aplaudió que el Gobierno ha logrado endeudarse a lo interno “de forma que la tasa de interés no aumente”, subrayó que los principales acreedores del Estado a nivel interno son las operadoras de pensiones. Según sus datos, entre mayo del 2014 y mayo del 2017, la deuda total ha aumentado en seis billones de colones, de los cuales unos dos billones han provenido de operadoras de pensiones, un 33%.
Dijo que un punto crítico sería si el Gobierno llega a ser incapaz de cumplir con el pago de intereses de la deuda.
Por un lado, ello sería un problema grave a nivel internacional por el aumento de las tasas de interés; por otro, las operadoras de pensiones reciben sus recursos “de gran parte de los intereses que el Gobierno paga. Con esa liquidez se ayudan a pagar las pensiones actuales y reinvierten el resto, entonces ahí es donde puede colapsar el sistema”.
Lücke apuntó que “probablemente” la principal medida para dotar de recursos al Estado sea el IVA, al tiempo que observó que el Gobierno ya determinó un aumento nulo en algunos rubros del presupuesto para el 2018.
El economista ponderó que si no se logra aprobar una reforma fiscal, la opción sería “un costo político gigantesco para el gobierno que venga, tenemos el tema de recortes de gastos que ya serían cerrar instituciones y cosas más fuertes, y el tema de los activos, que a nadie le gusta tocar”.
Crisis en ciernes
El viceministro Rodríguez reconoció que se ha llegado a un nivel tal de endeudamiento, “que colocar más deuda es cada vez más difícil”. Sin embargo, endosó buena parte de la responsabilidad a la Asamblea Legislativa.
Apuntó que, a pesar de la estrategia anunciada de esperar dos años para impulsar una reforma fiscal, “al cabo de los dos años, ya el Ministerio había presentado ocho o nueve proyectos de ley, y de esos algunos ya se habían incluso aprobado”, pero “en algunos casos la Asamblea simplemente decidió no avanzar”; como con el IVA y la reforma al impuesto sobre la renta, que “cumplen dos años de estar en la Asamblea y no han avanzado ni siquiera en el proceso obligatorio de consultas públicas”.
Rodríguez lamentó que, respecto de la situación fiscal, el país ha sabido “desde hace muchos años” que se avecinaban problemas, y no ha hecho nada por resolverlos.
“Es como ver una gran ola venir y saber que en algún momento te va a golpear, pero en realidad, aunque no ha llegado ya empezaste a mojarte. Eso es lo que sucede ahora, sabemos que puede venir una inundación más adelante y ya ahorita empezamos a mojarnos, es evidente que, si esto no se soluciona, a futuro vamos a tener una crisis”, apuntó.
En ese sentido, el funcionario defendió la aprobación del IVA y la reforma al impuesto sobre la renta: “el IVA es el gran recaudador y renta es el gran equilibrador de las condiciones sociales del país; permite inclusive que las condiciones de distribución de la riqueza y del ingreso después de los impuestos sea mucho mejor que antes”.
Rodríguez también llamó la atención a que “cualquiera que tenga aspiraciones y vocación de gobernar, no va a querer entrar con este problema a rastras”, en vista de que la situación no hará más que agudizarse conforme el tiempo pasa.
Alzó además la voz de alarma ante el hecho de que el tiempo apremia “no tanto por los efectos de la crisis per se, sino por lo que significaría en términos de credibilidad”. Dijo que el país tiene “algunos meses para tratar de conjugar alguna solución”, antes de que la calificación de riesgo de la deuda “se vea deteriorada nuevamente”.
