La crisis que atraviesa la educación nacional se agudizó en 2024 y se encamina a ser una de las peores en la historia costarricense, sin que exista una estrategia por parte del Gobierno para poder evitarlo, según expertos en la materia.
“Vamos camino a una nueva generación perdida y a una crisis educativa de dimensiones del peor nivel que nos podamos imaginar. Estamos hablando ya de que la mayoría de los niños y niñas que salen de la primaria y los adolescentes que salen de la secundaria, no son capaces ni de escribir ni de comprender un texto sencillo, adecuado para su edad. Esto es un fracaso rotundo del sistema educativo”, señaló a UNIVERSIDAD el investigador del Centro de Investigación en Docencia y Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA), Pablo Chaverri.
Durante este año, el pírrico financiamiento dedicado a la Educación fue el gran protagonista en un escenario que solo empeora:
“Seguimos experimentando una profundización de la crisis educativa, que tiene diferentes ámbitos de manifestación. Lamentablemente, el más complejo de todos es la ausencia de un presupuesto sostenido que realmente permita abordar los grandes desafíos del sistema de educación público”, indicó Francisco González, educador y rector de la UNA.
“Vamos camino a una nueva generación perdida y a una crisis educativa de dimensiones del peor nivel que nos podamos imaginar”, Pablo Chaverri, investigador CIDE-UNA.
Mientras que para 2024 el presupuesto dedicado a la Educación representó el 5,26% del producto interno bruto (PIB), para el 2025 este porcentaje se reducirá a 4,98%, pese a que la Constitución Política establece un mínimo de 8% del PIB.
Según estadísticas del Estado de la Nación, hay que devolverse al año 2000 para encontrar un gasto en Educación, como porcentaje del PIB, menor al que tendrá el país en 2025, que, en ese entonces, fue de 4,7%.
Sin Ruta de la Educación y con ministra censurada
En momentos en que el presupuesto educativo se debilita cada vez más, tampoco hay una política que oriente el sector, más allá de una “Ruta de la Educación” que no ha sido presentada como un documento, sino solo como un concepto que parece fantástico.
En diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) entregar una política educativa, sin embargo, la ministra Anna Katharina Müller pidió tiempo hasta mayo del 2025, es decir, apenas a un año de que finalice el gobierno de Rodrigo Chaves.
“Imaginemos que fuera un excelente plan, un excelente documento con objetivos ambiciosos y bien planteados. ¿De qué nos va a servir si ya es demasiado tarde? Ya se tomaron tres años en formular un plan que debe haber estado desde el año uno”, dijo Chaverri.
Por su parte, González manifestó que se trata de una crisis sin abordaje, sobre la que el Ejecutivo ni siquiera quiere reconocer su existencia: “Lo más crítico es una ministra que no reconoce que el sistema público de educación está en crisis y si yo no reconozco que hay crisis, no puedo generar cambios reales para superarla”.
Müller fue la segunda ministra, en general, censurada por la Asamblea Legislativa, en toda la historia nacional. El voto de censura se aprobó con el voto de 33 diputados a favor y 16 en contra, el pasado 17 de julio.
“El voto de censura, lamentablemente, no tuvo ninguna repercusión en términos de una reflexión, al menos profunda, de parte del Gobierno. Hay una displicencia del control político que tiene la Asamblea Legislativa sobre sobre cualquier funcionario público, en especial, sobre los altos rangos ministeriales. Es lamentable que tampoco haya ninguna reflexión sobre este voto e, insisto, no se asume, como un principio de realidad, que el país está enfrentando su peor crisis educativa”, agregó el rector de la UNA.
Infraestructura indigna
Tanto Chaverri como González coincidieron en que el deterioro de las instalaciones educativas es uno de los principales problemas que enfrenta el país.
Al tiempo que el Gobierno se apura en pagar intereses de la deuda y presupuesta mucho más de lo necesario para esto, decenas de escuelas y colegios se caen a pedazos.
Según datos del MEP, existen 895 centros educativos a los que se les ha girado una orden sanitaria: “No tienen condiciones dignas ni para docentes ni para estudiantes ni para personal administrativo ni para las comunidades”, apuntó el investigador del CIDE.
Chaverri explicó que las condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes afectan su desempeño, por lo que una deficiente infraestructura, junto a los recortes presupuestarios y el debilitamiento de programas de equidad social, se convierten en una “verdadera desgracia nacional”, en especial, para las poblaciones más vulnerables:
“Un estudiante que está pensando en qué va a comer más tarde o que no desayunó ese día no puede llegar de verdad a concentrarse, a dar su mejor desempeño. Digo esto porque vivimos en un contexto muy conservador donde las personas suelen decir que el pobre es pobre porque quiere y que al que le va bien es porque así lo decidió y al que le va mal es porque así lo decidió”, añadió el académico.
Se incrementan las brechas
Otro de los resultados de esta situación será el incremento de las brechas sociales entre quienes asisten a la educación pública y quienes tienen la posibilidad de cursar sus estudios en centros privados, según el investigador del CIDE.
“Esto se ha convertido en una desgracia. Se ha convertido en que el que no puede pagar una buena educación entonces que vaya el sistema educativo público a recibir una educación bastante deficiente, porque los niños, niñas y adolescentes no están alcanzando, ni siquiera, niveles mínimos, por ejemplo, de habilidades académicas básicas como la lectura y la escritura”, apuntó.
Chaverri aseguró que es una situación “realmente inédita” ya que nunca se había vivido que un Gobierno “declarara abiertamente sus intenciones de no cumplir con sus obligaciones constitucionales”.
“El hecho de que no se estén tomando las acciones para corregir esto, con el carácter de emergencia que debería tener, refleja más bien una intención de perjudicar el sistema educativo, posiblemente con el interés de privatizarlo y reducir la inversión social”, agregó el académico.
Según González, las consecuencias que tendrá la crisis educativa no solo se reflejarán en este sector, sino que trascienden a todos los espacios de la sociedad: “La educación transforma la vida de las personas, ese es el esquema que ha orientado este país, en movilidad social. Ante la ausencia de educación, pasa lo contrario, y es que se genera el germen para que prolifere el desempleo, para que prolifere el ingreso de otras formas de ganarse la vida, la informalidad en el empleo, la inseguridad en los centros educativos… Sin duda, es un conjunto de factores que apuntan hacia más bien una limitación de la educación como un factor de transformación y movilidad social”, concluyó el educador.
