El sistema penitenciario colapsó: arrastró por años problemas de hacinamiento en las cárceles y ahora no tiene la capacidad de cumplir con los protocolos de salud preventivos para evitar brotes de COVID-19 entre presos y oficiales.
La actual crisis en cárceles y celdas será discutida en una audiencia pública convocada el 28 de setiembre de forma virtual por medio de la aplicación Microsoft Teams a las 9 a.m. y en el perfil de Facebook del Poder Judicial.
Esta convocatoria reunirá a jerarcas de la Policía Penitenciaria, Ministerio de Seguridad Pública, Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Presidencia, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio de Justicia y Paz y el de Salud.
El objetivo de la reunión es obtener la información necesaria para resolver un habeas corpus interpuesto por la ministra de justicia, Fiorella Salazar, en contra de las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela que impiden el uso de espacios de aislamiento dispuestos para la prevención del COVID-19 en el sistema penitenciario.
La jerarca, junto al ministro interino de Salud, Pedro González, argumentan que la decisión del Juzgado pone en riesgo a la población privada de libertad.
El hacinamiento carcelario es ‘crítico’ desde el 2007 y se agravó por el cierre técnico de centros penales, solamente uno de los 20 centros no tiene medidas correctivas y varios tienen órdenes de cierre definitivo lo que impide que ingresen más detenidos.
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Actualmente se tienen que seguir protocolos de aislamiento en el ingreso a las cárceles pero las autoridades rechazan los traslados porque no alcanzan los espacios y como consecuencia en las celdas del OIJ se acumulan las personas: hasta un 200% mas de su capacidad en sótanos sin luz natural, ventilación o atención médica por, en ocasiones, hasta un mes.
En julio de este año la Secciónale de ANEP-Cárceles OIJ alertó de un brote de cerca de 60 personas, entre los cuales había 34 funcionarios y 23 personas detenidas.
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Otras consecuencia es que la atención de esta población estancada en las celdas disparó el presupuesto del OIJ, quien normalmente no tiene a los detenidos por más de 72 horas pero que ahora tiene que realizar gastos adicionales por hasta ¢100 millones en horas extra, alimentación, colchonetas, insumos de limpieza, ropa y otros.
Las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz esperan descongestionar el sistema penitenciario con la apertura del Centro de Atención Integral Terrazas a finales de noviembre pero hasta entonces todavía no hay solución.
Este centro contará con 80 edificaciones y podrá recibir a más de 1200 personas detenidas. La infraestructura estaba en desuso por falta de presupuesto pero la asamblea aprobó los recursos necesarios en agosto.
