El investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Andrey Badilla Solano, explicó que la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) persistirá en el tiempo, aunque el Estado pague la deuda que mantiene con la institución, porque, si no se tienen ingresos fiscales suficientes y progresivos, el Estado volverá a acumular otra deuda correspondiente al periodo siguiente.
En la presentación “¿Cómo la crisis fiscal afecta la seguridad social?”, el politólogo hizo un recuento de cómo las decisiones de diferentes gobiernos en materia fiscal han afectado directamente los programas e instituciones relacionadas con la seguridad social en el país.
En la exposición, realizada el pasado 14 de setiembre, Badilla señaló que el principal problema de fondo de la deuda del Estado con la Caja está directamente relacionado con la crisis fiscal costarricense.
Haciendo un ejercicio de historiografía económica, Badilla refirió que “mayoritariamente todos los intentos de consolidación fiscal desde 1982 hasta 2018 han creado condiciones complacientes para los sectores empresariales y las altas riquezas de nuestro país”, mediante la creación de impuestos regresivos y la captura de recursos que le corresponden a la institucionalidad del bienestar, como son la CCSS y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
En 1983, con la creación de la Autoridad Presupuestaria y en 1984, con la promulgación de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, se obligó a la Caja a declarar el 10% de su presupuesto como superávit para atender el déficit presupuestario del Estado. “El costo de esto fue muy alto y eso explica por qué la institución ha tenido un rezago de hasta 14 años en inversión en infraestructura y equipamiento y haya tenido que subcontratar servicios”, enfatizó Badilla.
En 1988 se crea la Ley de Impuesto sobre la Renta (7092), que declara que la Caja está exenta de este impuesto. Pero en 1997 se crea la Ley de Sujeción al pago del impuesto de renta a algunas instituciones del Estado (7722) y se le aplica un impuesto de renta al sistema de pensiones y jubilaciones de Costa Rica, que contradice la Ley 7092, subrayó el investigador.
En 1993 se crea la Ley de Indigencia (7374); pero nunca se le asigna una partida presupuestaria a la CCSS para que ésta pueda hacerle frente a las responsabilidades que se le están asignando para asegurar a ciertas poblaciones, añadió.
En el año 2000, en la Ley de Protección al Trabajador se establece una serie de instrumentos para fortalecer a la seguridad social, como lo es que las instituciones del Estado destinen el 15% de sus utilidades para los sistemas de pensiones. Sin embargo, “esto nunca se ha pagado”, dijo.
En el 2009, durante la segunda administración de Óscar Arias Sánchez, viene el Plan Escudo para contener los efectos adversos de la crisis internacional de 2008. “Nos salió mal el tiro y esto dispara el déficit fiscal en Costa Rica”, continuó Badilla.
En el 2016 el Gobierno de Luis Guillermo Solís hizo un pago de ¢692 mil millones a la seguridad social por los adeudos de la Ley de Indigencia de 1993, indicó.
En el 2018 viene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para tratar de gestionar el déficit fiscal del Estado; “pero no resuelve el problema de fondo porque el Estado dependen muchísimo de impuestos regresivos y de captura de recursos asignados a instituciones del Estado para financiarse”, dijo Badilla, quien añadió que el Gobierno logró “tener indicadores positivos del déficit fiscal, sacrificando la inversión social”.
Puso como ejemplo, que se sacrificó la inversión en seguridad informática generando que instituciones como la Caja quedaran tremendamente vulnerables ante ataques cibernéticos y debilitando la calidad del servicio.
Y actualmente, en el 2022 persiste el conflicto entre el Ministerio de Hacienda y la CCSS porque existe una deuda del Estado con la CCSS acumulada entre 2016 y 2020. La institución estima que el monto adeudado es de ¢2,5 billones y Hacienda dice que son ¢280.000 millones. Pero hay otro adeudo por ¢5,9 billones de colones del Estado con la Caja, por la transferencia de primer nivel de atención del Ministerio de Salud a la Seguridad Social, recordó Badilla.
“Pareciera que estamos en un círculo vicioso, donde la legislación costarricense ha creado mecanismos para fortalecer los sistemas de salud y pensiones”. Sin embargo, como el Estado ha simplificado la inversión social, tiene un déficit fiscal recurrente y una base tributaria insuficiente, no tiene los recursos suficientes para pagar los adeudos y su déficit crecería, afirmó el politólogo.
A lo anterior se suma un mercado laboral con constante y sostenido deterioro, cada vez más informal, con niveles de desempleo estancados y una productividad promedio muy baja, todo lo cual afecta las contribuciones a la seguridad social y finanzas del Estado, explicó.
Como el esquema de la contribución social es altamente dependiente de las contribuciones de las personas trabajadoras en el mercado formal, es crítico que el Estado costarricense haya sido incapaz de disminuir la tasa de desempleo, que ha oscilado entre 10 y 12% entre 2010 y 2021, mientras la informalidad ha oscilado alrededor del 45%. “Eso significaría”, destacó Badilla, “que un 55% de la fuerza laboral de Costa Rica no contribuye a la seguridad social”.
Por eso el investigador citó como principales obstáculos para resolver la crisis de la seguridad social: el persistente problema fiscal; la precarización del mercado laboral; y la asignación de responsabilidades sin contenido presupuestario, lo cual puede resolverse creando la obligatoriedad de demostrar suficiencia de recursos antes de aprobar la ley.
