El crecimiento general del endeudamiento en Costa Rica durante la última década superó en, al menos, tres veces el comportamiento de indicadores salariales utilizados como referencia para evaluar el comportamiento de estas fuentes de ingreso.
Según los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el saldo principal de los créditos directos pasó de ₡15.836.929 millones en diciembre del 2014, a ₡25.232.252 millones en diciembre del 2023.
Este dato corresponde a la cantidad de créditos directos del Sistema Financiero Nacional (SFN), reportadas por las entidades reguladas, por lo que no representa la totalidad del endeudamiento de los costarricenses (ver recuadro: “Más endeudamiento y más complicado”).
Sin embargo, el desempeño del crédito formal permite aproximarse a la forma en que se está comportando la economía del país, particularmente con salarios que se comportan muy a la zaga.
En ese sentido, el crecimiento nominal de los créditos directos en la última década fue de un 59%, apenas por debajo del crecimiento de la producción (Producto Interno Bruto, PIB), que del 2014 al 2023 aumentó un 68%.
Para esa misma década, el comportamiento nominal del índice de salarios mínimos reportado en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), pasó de un nivel de 4.712 en el 2014, a 5.962 en el 2023, para un aumento de un 26%.
Adicionalmente, en la referencia de salarios por cotizantes reportados en el Informe Mensual de Coyuntura Económica (IMCE) del BCCR, se presentó un crecimiento de un 31%, al pasar de un dato de ₡568.158 en el 2014 a ₡747.890 en el 2023.
Empero, dado que en este período el aumento de la inflación, medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de un 17%, es necesario evaluar el crecimiento real de estas cifras.
Considerando el incremento real de estos valores, la producción del país creció un 43% en la década, mientras el crédito en el sistema financiero lo hizo en un 35,8%.
En contraste, el dato del índice de salarios mínimos en la década estuvo apenas en un 7,8% de aumento, en tanto los salarios por cotizantes apenas alcanzaron un 10,2% (ver gráfico).
Hogares en problemas
En general, no ha sido una buena década para los hogares costarricenses: los datos del ingreso promedio de los hogares, recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INEC), evidencian que se ha presentado una caída de un 11%, en términos reales.
Y, aunque la pandemia del COVID-19, en el 2020, ha sido un factor fuerte para esta reducción, los datos del INEC muestran que el deterioro empezó desde el 2016, y no se ha logrado revertir esa tendencia.
Los registros internacionales corroboran esta impresión de una importante presión sobre los ingresos de los hogares en Costa Rica, aunque en las últimas mediciones disponibles (2022) tendían a reportar un relativo alivio (ver recuadro “Costa Rica entre países más asfixiados del área”).
A pesar de ello, el endeudamiento crece. Los datos de Sugef muestran que los deudores han pasado de 897.477 en el 2014, a 1.212.510 en el 2023: un aumento de un 31,8% (ver gráfico).
Y, para mayo del 2024, la cifra se había incrementado a 1.226.707, aproximadamente uno de cada cuatro costarricenses tendría una deuda formal.
Pero, incluso estos datos podrían quedarse cortos, según la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), en cuyas encuestas se aprecia un dato más desalentador: las personas que declaran tener deudas pasaron de ocho de cada diez en el 2019, a nueve de diez en la actualidad.
Dos tendencias en la década
Hay otro aspecto que muestran las cifras: dos tendencias diferentes en la década, con un comportamiento muy diferente al inicio, con respecto a la segunda mitad.
De hecho, el endeudamiento floreció en el primer quinquenio y se estancó en los segundos cinco años: del 2014 al 2018, el saldo de los créditos aumentó un 37,6%, mientras del 2019 a 2023 apenas aumentó un 1,9%. En estos mismos períodos, la cantidad de deudores creció un 25% en la primera parte, y tan solo un 1,8% en la segunda.
Debe considerarse un efecto asociado a la pandemia, pero aparecen en el reparto otros protagonistas, desde la ley de usura que entró a regir en el 2020, a las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público, que fijaron condiciones más severas para los ajustes salariales en el sector público.
A su vez, el comportamiento de la inflación también fue diferente: del 2014 al 2018 hubo un incremento del IPC en un 4,6%, mientras que del 2019 a 2023 ha sido casi el doble, un 10,4%.
Todo esto apunta a un panorama en el que se presentan situaciones inciertas: con salarios que crecen muy por debajo de los incrementos de la producción, y un endeudamiento que formalmente está creciendo en rangos similares a esa producción, la presión sobre los ingresos de los hogares, que están en cifras negativas, tiende a incrementarse.
Un tema país complicado, ante un mercado laboral a su vez poco dinámico, y una inflación que tiende a acelerarse en los últimos años. Costa Rica enfrenta desafíos crecientes y cada vez más complicados en esta materia.
Más endeudamiento y más complicado
El endeudamiento en Costa Rica parece estar adquiriendo matices diferentes, que obligan a replantear su tratamiento.
Los datos de la Sugef muestran un incremento en la cantidad de deudores del sistema formal en la década de poco más de 300 mil personas, un aumento de casi un 32%, mientras los créditos lo hacían en casi un 36%, en términos reales.
Sin embargo, el promedio de saldo principal por deudor mostró un crecimiento menos vigoroso: aunque pasó de ₡15,8 millones en el 2014 a ₡20,8 millones en el 2023, en términos reales, apenas aumentó un 3%.
En esta categoría es oportuno mencionar que, del 2016 al 2019, se presentó una caída de casi un 10% en este indicador. Aunque la pandemia permitió una recuperación de estos promedios, luego del 2021 se repitió la baja.
Hay otros elementos que refieren a la creciente complicación: la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) indicó en la II Encuesta Nacional de Endeudamiento, divulgada en enero del 2024, que el promedio de costarricenses que declaraban tener una deuda pasó de 8 de 10 en el 2020, a 9 de 10.
Además, indicaron que debían destinar un 38% de sus ingresos para atender las deudas. Aunque representaba una mejoría con respecto al 52% del 2020, este dato estaba matizado por la presencia de la pandemia.
Adicionalmente, la encuesta identificó dos tendencias: hubo un segmento que logró reducir la cantidad de recursos que destinaba a sus deudas, a menos de 10%, pero otro los aumentó a un rango de 33 a 37%. “En la OFC hemos propuesto dos hipótesis. Por un lado, entidades financieras reguladas aplicaron, en 2020 y 2021, medidas de apoyo a clientes con deudas, cuyos efectos aún se perciben en su flujo de caja y, por otro, el aumento drástico de las tasas de interés durante el 2022 por el BCCR para combatir la inflación hizo que el costo de la deuda de muchos costarricenses se elevara de manera sustancial, sobre todo en las hipotecas de vivienda, al estar vinculada a la Tasa Básica Pasiva”, explicó Danilo Montero, director general de la OCF.
También debe medirse otro elemento más turbio: en esa misma encuesta, un 7,4% afirmó haber tomado un préstamo “gota a gota”, cuyos montos permanecen en la sombra. No obstante, una estimación de la OCF apuntó a que ello podría sugerir que unos 221 mil costarricenses han recurrido a esta modalidad, por montos que podrían superar los 44 mil millones. Y hay otro dato igual de perturbador: alrededor de un 74% de quienes declaró haber recurrido a esta modalidad, dijo haber recibido amenazas.
Salarios ante presión máxima
Los salarios en Costa Rica están viviendo momentos de fuerte presión, al punto de que las organizaciones sindicales reclamaron al inicio del 2024 que se planteara como el quinto año consecutivo de congelamiento salarial.
Esto por cuanto la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 2018, estableció un congelamiento de los ajustes salariales, amarrado a que la relación entre la deuda pública del país y el PIB superara los niveles de un 60%.
La llegada de la pandemia por el COVID-19 se encargó de materializar este escenario y, desde finales del 2019, un decreto del Gobierno de Carlos Alvarado detuvo estos ajustes.
Adicionalmente, existía un interés en las autoridades por reducir el peso de las remuneraciones del sector público en los presupuestos, que también se concretó en la legislación —como la Ley marco de Empleo Público, que entró en vigencia en el 2023—, así como en directrices y decretos.
Según reportes de la Contraloría General de la República, las medidas de contención del gasto de diferentes autoridades permitieron que el monto aprobado para remuneraciones en el presupuesto bajara de un 18,1% del PIB en el 2016, a un 16,4% del PIB para el 2023, y en la propuesta del 2024 se reducía a un 13,4% del PIB.
Entretanto, los indicadores salariales como el índice de salario mínimo y el salario por cotizante muestran una tendencia poco dinámica: en términos reales, el primero creció solo un 7,8%, mientras el segundo lo hizo un 10,2%.
En el caso del salario mínimo, nominalmente mantuvo un comportamiento creciente, pero al revisar su desempeño real se percibe que, luego del 2016, tuvo una tendencia negativa que se agudizó luego del 2020. Para el 2023, se presentó una fuerte recuperación, a pesar de lo cual apenas logró el crecimiento mencionado menor al 8% (ver gráfico).
Por su parte, el salario por cotizante mantuvo un mejor comportamiento, que se interrumpió con una caída en el 2022. Para el 2023 tuvo una leve mejora que, sin embargo, lo deja apenas en los niveles del 2020. (ver gráfico)
Sin embargo, el salario por cotizante tuvo su mejor desempeño en la primera mitad de la década, cuando creció un 8%. En la segunda mitad, prácticamente se mantuvo estancado.
Costa Rica entre países más asfixiados del área
Según las estadísticas internacionales, Costa Rica se encontraba entre los países de América Latina cuyos hogares mostraban un índice de endeudamiento más elevado.
Esto a pesar de que, en los últimos años, se mostró una mejoría relativa, según las mediciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en los indicadores del endeudamiento de los hogares, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Precisamente, un informe del FMI en el 2016 advertía de una aceleración en este endeudamiento, al pasar de un 15% a un 20% en América Latina, en tan solo tres años. Para ese registro, Costa Rica era citado como el tercer país con mayor nivel de endeudamiento, solo superado por Chile y Panamá.
Los registros del FMI indican que, para el 2014, el endeudamiento de los hogares en Costa Rica representaba alrededor de un 27,17% del PIB. Es decir, alrededor de ₡7.600.000 millones.
Este nivel de endeudamiento mantuvo un nivel de crecimiento hasta el 2020, cuando alcanzó un 31,33% del PIB; es decir, creció un 15% en estos seis años.
Sin embargo, luego de este ascenso inició una tendencia a la baja, para ubicarse en un 27,48% del PIB en el 2022, según el último registro del FMI. Esto representaría alrededor de ₡12.300.000 millones, un crecimiento nominal de más de un 60% desde el 2014.
Empero, debe considerarse que otros países del área han tenido un desempeño más preocupante, al punto de que Costa Rica se ubicaba como el sexto del área, detrás de Chile (46%), Brasil y Honduras (34%) y Colombia y El Salvador (28%).
