Ana y Pablo tienen apenas cuatro y seis años, y en su corta vida han tenido que vivir en carne propia el cansancio, el hambre y el terror de emprender un viaje fuera de su país de origen a través de la selva del Darién, por la ruta migratoria hasta México y de allí ser deportados junto con su papá, para llegar a Costa Rica, donde han pasado las últimas dos semanas vendiendo dulces en las calles de la capital josefina y pidiendo ayudas.
Basta hacer un recorrido por las calles josefinas para notar cómo la ciudad pinta una imagen que retrocede en el tiempo, familias enteras con niños pequeños, madres con sus hijos e hijas, vendiendo dulces o pidiendo para lograr juntar lo suficiente para pagar un cuarto y disfrutar de al menos una comida.
En un recorrido que realizó UNIVERSIDAD por el casco central de San José, fue posible observar al menos 12 familias con niños pequeños, varias frente al Hospital Nacional de Niños, en las inmediaciones del Banco Central, por el Parque Central y en diversos puntos.
Según Armando, papá de Ana y Pablo, no recomienda a nadie migrar con niños, en su caso tuvo que salir por razones de seguridad, pero en sus palabras ha sido una completa locura, duraron seis días en pasar el Darién, allí se partió la clavícula y tuvo que estar dos meses recuperándose en Panamá, luego siguió su ruta hasta llegar a Sinaloa, donde enfrentó la crueldad de los cárteles, la mafia e incluso de gente de Gobierno.
“Por el niño me ofrecieron $10.000 y un carro, gracias a Dios conseguí ayuda de un policía para salir de ahí y llegar a Ciudad de México. No hemos logrado apoyo de ninguna organización, pero sí pedí un permiso para trabajar, la cita la tengo en mayo, mientras tanto nos vemos obligados a pedir, no los puedo dejar solos”, relató Armando.
La mayoría de las personas que se observan son migrantes que están a la espera de una resolución de solicitud de refugio o asilo, de un permiso de trabajo, o continuar su viaje. Mientras tanto, piden o venden para lograr juntar el gasto del día.
Además, como varios de ellos indicaron, cuando la gente ve niños siente una mayor empatía, lo que les permite recoger el dinero para no tener que dormir en la calle, pues el costo de un hospedaje por día ronda los ₡5.000 y ₡10.000, sumado a que muchos deben incurrir en gastos como pañales y leche para sus niños pequeños.
“Nos tuvimos que devolver desde México donde nos secuestraron a los cuatro (padre, madre y dos hijas menores de tres años) junto con una caravana de migrantes, nos salvó la policía. Aquí estamos pidiendo por necesidad, no es lo que yo quisiera para mis hijas, ellas están para jugar y divertirse, quiero que me entreguen los documentos para poder trabajar y darles un lugar seguro para estar”, relató José, persona migrante ubicada en las inmediaciones de San José.
En otro punto de la capital se encontraban Esteban, su esposa y dos hijas, ellos han sorteado su situación migratoria vendiendo medias y gorros en la calle, las niñas se mantienen jugando en un coche. Aunque querían viajar hacia Estados Unidos, decidieron que las condiciones actuales impuestas por las políticas del gobierno de Donald Trump son un gran obstáculo, por lo que piensan quedarse en Costa Rica, donde ya solicitaron refugio.
“Sabemos que las ventas callejeras son ilegales, pero es la única forma que tenemos de llevar sustento a las niñas, alquilamos un cuarto, tratamos de que las niñas no estén mucho tiempo con nosotros acá en la calle, pero hay momentos en que es necesario”, aclaró.
¿Y la atención a los menores?
En una reciente comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, un grupo de organizaciones que conforman el Núcleo de Trabajo en Violencia alertó sobre la creciente presencia de familias migrantes con niños en las calles y sobre la lenta reacción de la institucionalidad costarricense.
De acuerdo con Virginia Murillo de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Costa Rica), definitivamente se ha podido observar un repunte de estas familias con niños vendiendo en la calle, en una situación de precariedad y riesgo, de lo cual esperan un pico mayor con el retorno de los flujos migrantes que no lograron continuar hacia Estados Unidos.
“Cuando se trata de estas personas en flujo migratorio, la respuesta de las instituciones debe adecuarse a la movilidad y tránsito, ser ágiles, el problema es que se tarda en llegar y hay procedimientos lentos, si bien las comunidades responden con ayuda humanitaria, siempre es desde un enfoque asistencialista, pero ya es tiempo una mejor intervención”, indicó Murillo.
El problema, añadió la vocera de DNI, es que se puede observar gran cantidad de niños pequeños que están fuera del sistema educativo, corriendo a orillas de las calles, en medio de los automóviles, vendiendo dulces para poder pagar las cuarterías —que son un tema de gran vulneración de derechos—, las organizaciones les compran comida, les dan kits, pero luego se les pierde el rastro.
En su criterio, la respuesta debe darse desde esa lógica de movilización, tener equipos preparados, por ejemplo, dijo que cuando se llama al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o están saturados o su accionar no es el más adecuado, no hay donde llevar a las familias e incluso reciben regaños por estar realizando ventas callejeras.
“El Gobierno debe convocar acciones coordinadas, determinar si se les va a regularizar su situación migratoria, brindar espacios seguros para los niños mientras los padres buscan el sustento, pero nadie se hace responsable, además, el recorte de fondos y reasignación por parte de Estados Unidos a los organismos internacionales plantea aún más retos, es urgente coordinar, convocar y desarrollar más capacidades de articulación para atender a esta población, que como me dijo un niño de siete años con el que conversé, necesitan de todo”, añadió Murillo.
Por su parte, el PANI a través de su oficina de Comunicación aseguró que sí están trabajando en la atención de estas poblaciones y que, con base al Plan General de la Emergencia por flujos migratorios mixtos en el territorio nacional, llevan un proceso de monitoreo y atención de 420 personas menores de edad migrantes en los espacios destinados para satisfacer sus necesidades básicas, con la aplicación de protocolos, medidas de orientación, aplicación de protocolos, referencia a otras entidades y advertencias de no incurrir en riesgos como pedir y vender en las calles.
“Hemos protegido a 19 menores ante la identificación de alguna situación violatoria de sus derechos, se realizan las intervenciones necesarias para la restitución de su situación familiar; se entregan kits humanitarios con artículos de higiene personal para la primera infancia, que incluye pañales y toallitas húmedas, crema de protección de quemaduras de pañal, talco bebé, repelente contra mosquitos, cepillo, pasta dental, jabón de baño, champú y alcohol gel o similar”, indicó la oficina de Prensa.
Además, manifestó el PANI que para los adolescentes entregan kits humanitarios con cepillo y pasta de dientes, jabón, champú, alcohol en gel o similar, repelente y desodorante, y toallas sanitarias en el caso de mujeres.
Desde la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmaron que por medio de la Policía de Migración se realizan recorridos “para identificar a las personas en su mayoría de nacionalidad venezolanos, se verifica la condición migratoria y se procede a realizar las coordinaciones con el PANI en los casos necesarios”.
Sin embargo, no existe un programa dirigido a este tipo de casos, ya que las personas son jóvenes y saludables dependientes, que incluso su condición migratoria se encuentra regular. Se ha identificado que las personas utilizan los semáforos para solicitar dinero, pero el fenómeno se desarrolló en diferentes lugares de la Gran Área Metropolitana.
