La propagación de COVID-19 en Costa Rica cumplió esta semana 100 días con un foco especial en la población extranjera, que representa ahora el 26% del total de contagios registrados desde el 6 de marzo y que vuelve a recibir los efectos de la xenofobia persistente en el país.
El peso de los extranjeros en el acumulado de contagios llega casi a uno de cada cuatro, después de dos meses de crecimiento sostenido, pues en la segunda semana de abril representaban el 6% del total y en las semanas siguientes no ha dejado de aumentar.
Aunque el Ministerio de Salud rechaza precisar la nacionalidad de las personas extranjeras con coronavirus, el énfasis del momento en la franja fronteriza colindante con Nicaragua y en fincas agrícolas indica una fuerte presencia de nicaragüenses, que además son la comunidad foránea más voluminosa en Costa Rica.
Pero no son los únicos: el virus alcanzó a infectar a todas los 27 internos del Centro de Aprehensión Regional Central (CARC) para migrantes en situación irregular, en su mayoría salvadoreños en espera de deportación, sin que a estas alturas se conozca quién o cómo llevó el SARS-COV-2 a ese lugar, en Los Lagos de Heredia.
Además, una de las fuentes de contagio a finales de mayo fueron los transportistas que ingresaban por la frontera terrestre, sin que hasta este momento se haya regularizado del todo el comercio regional por las medidas sanitarias y las contramedidas de los países centroamericanos.
Salud reporta como controlado el foco que se presentó en La Carpio de San José, asentamiento con alta presencia de personas de origen o nacionalidad nicaragüense, después de que 23 habitantes de ese lugar se contagiaran y fueran trasladados a un albergue para evitar una mayor transmisión, pues las condiciones de sus viviendas no eran aptas para ello.
Al cumplirse 100 días de la presencia confirmada del virus en el país, son alrededor de 450 los extranjeros diagnosticados en Costa Rica, según la clasificación particular hecha desde el principio por el Gobierno entre nacionales y foráneos.
La cuenta comenzó desde el primer caso: una pareja de turistas de Nueva York que adquirió el virus en su ciudad y que paseaba por Costa Rica el 6 de marzo. Este fue uno de los motivos por los cuales el reporte siguió haciendo la categorización entre nacionales y extranjeros, dijo el ministro de Salud, Daniel Salas, cuando se le consultó en conferencia de prensa.
“En un inicio, obviamente la mayoría de casos eran asociados a turismo, tanto extranjeros que venían como nacionales que estaban fuera del país y volvían. Todavía tenemos casos de repatriados”, respondió.
El reporte diario no distingue entre enfermos que se contagiaron fuera del país o en suelo nacional, por lo que podría haber extranjeros que contrajeron la enfermedad sin haber salido de Costa Rica en años, tanto por contactos locales como por cadenas de transmisión con origen en el exterior.
Pilar es el nombre de una de esas personas. Es nicaragüense y tiene ocho años de vivir en Costa Rica con estatus de residente. Habita en la casa donde trabaja como empleada doméstica de un matrimonio de profesores universitarios, en Heredia. “Ella no sale del país desde agosto del 2019, pero salió con el virus, sospechamos que por un familiar nuestro que nos visita a menudo y también estuvo enfermo”, contó su patrono bajo condición de anonimato.
A solicitud de este medio, Salud desglosó el dato el jueves 11 de junio: el 47% de los extranjeros con COVID-19 tiene una situación migratoria irregular, el 25% son residentes en el país, el 12% tiene otro estatus legal (solicitante de refugio, por ejemplo), el 9% no está identificado y solo el 6% corresponde a turistas.
Ese desglose ha ido cambiando. “Los extranjeros han tenido peso desde un inicio y ahora la dinámica es diferente. Han ido cambiando los momentos epidemiológicos y ahora está más en la zona norte ligado a ingreso terrestre: transportista o trabajadores”, añadió Salas.
A mediados de mayo, cerca de confirmarse una segunda ola pandémica por Salud, los cantones de la zona norte se convirtieron en el foco principal, con especial énfasis en trabajadores agrícolas, en su mayoría nicaragüenses. Para ese momento el porcentaje de extranjeros dentro del acumulado de enfermos con COVID-19 era 15% y cogía impulso.
Desde el 15 de mayo y hasta el 15 de junio, la cantidad de extranjeros aumentó un 200% y la de nacionales, un 80%. Tomó más relevancia la población extranjera dentro de la emergencia, conforme aumentaron las medidas sobre cantones cercanos a la frontera con Nicaragua.
Además, se mantiene la vigilancia policial sobre a línea limítrofe en una misión imposible por evitar nuevos ingresos desde un país donde los reportes y las noticias dan cuenta del desbordamiento de la emergencia sanitaria.
Empezaron a surgir entonces las noticias desde la zona norte de Costa Rica: contagios en fincas y plantas empacadoras, detención de vehículos con trabajadores contagiados, establecimiento de albergues en ciertos poblados y el reclamo de gobiernos locales por la gestión del Gobierno central.
El sábado 13 de junio la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decidió desalojar el albergue que alojaba a un grupo de nicaragüenses confirmados y sospechosos en Santa Rosa de Pocosol (San Carlos), después de que vecinos de este poblado se manifestaron en contra y presionaron por el retiro, por temor a un contagio entre lugareños.
San Carlos ha resultado central en la epidemia durante junio, pues aloja uno de cada cinco casos confirmados desde el 31 de mayo, aunque no se reportó la proporción de cuántos son extranjeros.
El alcalde sancarleño, Alfredo Córdoba, explicó así en una entrevista en Teletica lo que considera es un problema: “el ministro de Salud da las directrices y los costarricenses, que son un tipo de persona muy educada, las acatan bien, pero hay un grupo que puede ser 30% o 20% que vive con nosotros y no escucha ese idioma, que son los nicaragüenses”.
Las manifestaciones xenofóbicas han despertado, indicó el investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) Carlos Sandoval, en referencia a espacios como las redes sociales, un terreno apto para que se evidencie el odio.
“Si bien no es algo que predomine en los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales sí reflejan un brote de comentarios xenofóbicos. En esta semana vi pasar de nuevo la imagen del perro rottweiler”, dijo el sociólogo especialista en movimientos migratorios centroamericanos.
La referencia al perro alude a los animales que mataron en noviembre del 2005 al nicaragüense Natividad Canda en Cartago, en un incidente que adquirió connotaciones xenofóbicas por la manera en que lo atendieron los policías, aunque procesos judiciales posteriores los absolvieron de responsabilidad. Igual Nicaragua llevó el reclamo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no prosperó.
“El reto ahora es saber distinguir entre la saña y un problema real de salud pública, de manera realista. Estar en contra de la xenofobia no implica ignorar que los nicaragüenses están representados en una proporción más alta en el total de contagios en Costa Rica”, reconoce Sandoval.
Organizaciones alertan contra la xenofobia
El contexto de la pandemia de COVID-19 en Costa Rica ha abierto la puerta a directrices discriminatorias que representan un retroceso en derechos humanos y legitiman los abusos de autoridad y la xenofobia.
Así concluye un manifiesto conjunto de las organizaciones Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), difundido el 11 de junio en Costa Rica.
Las organizaciones se refirieron a una medida dictada en el Área de Salud de los Chiles que luego fue corregida por las autoridades centrales de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero que prohibía la atención médica y el tamizaje a pacientes indocumentados; además de obligar a considerarlos como “positivos por COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario”.
“Por todo paciente indocumentado se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al Ebais”, decía la directriz que después fue descartada desde San José.
La gerencia médica de la CCSS indicó que esa instrucción quedó sin efecto y solicitó al área de salud Los Chiles ajustar lo correspondiente en apego a las directrices existentes de la Gerencia Médica y Gerencia General de la CCSS, según las cuales debe garantizarse la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.
Las organizaciones, sin embargo, celebraron las palabras del canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, en un llamado a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria.
“Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional del país. Pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense”, se lee en el pronunciamiento.
Las organizaciones se basaron en la resolución 1-20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, para pedir a los Gobiernos evitar prácticas que carguen sobre las espaldas de los migrantes los efectos de la crisis sanitaria.
Plantean abstenerse de deportaciones colectivas o descoordinadas, abstenerse de medidas que dificulten el acceso a servicios de salud y garantizar el derecho de regreso a través de acciones de cooperación y apoyo logístico entre los Estados. También, implementar medidas para combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas desplazadas.
Deportación y virus: la amenaza se prolonga en el centro de detención de migrantes
El grupo de salvadoreños detenidos en el Centro de Aprehensión Regional Central (CARC), en Heredia, han tenido que aprender a vivir con el coronavirus y con incertidumbre sobre el momento de una deportación casi inevitable.
Después de confirmarse que se contagiaron los 27 detenidos en el CARC, sin que se conozca aún la fuente de transmisión del virus, los pacientes fueron sometidos a nuevas pruebas la semana pasada y volvieron a salir positivos.
Ahora les informaron que no volverán a realizarles pruebas para descartar que tengan aún el virus, en línea con las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud. Ni siquiera volverán a aplicar el test a Antonio, un salvadoreño que estuvo hospitalizado con complicaciones serias, debido a sus condiciones de salud previas.
Otro de los detenidos, Irving Romero, también volvió a salir positivo y puede que eso sea lo que esté evitando la ejecución de la orden de deportación, cuatro meses después de que llegó sano al CARC, el 19 de febrero.
Los trastornos migratorios y de transporte aéreo impidieron realizar las deportaciones en este tiempo y las autoridades decidieron mantenerlos detenidos, lo que los expuso al contagio ahí.
“Estoy resignada”, dijo Mayra, la esposa de Irving. Cuenta que tiene información de que El Salvador ya admite nuevos deportados, pero que Costa Rica aún no los envía. Lo cuenta Mayra desde la casa de una amiga a donde tuvo que mudarse con la hija de seis años al perder la posibilidad de pagar el apartamento donde vivía con su esposo cuando este trabajaba sin problemas como bodeguero, hasta febrero, cuando le negaron el refugio, le retiraron el estatus legal y lo detuvieron camino a casa.
