País Economista recomienda bajar IVA y subir tramos de Renta

COVID-19 hace caer la producción nacional un 7,5% en mayo

13 de las 15 actividades que conforman el IMAE muestran una disminución en su actividad económica.

Las medidas de confinamiento y restricción al movimiento de la población, adoptadas desde mediados de marzo del 2020 para contener la propagación de la pandemia de COVID-19, han provocado una drástica reducción de la producción nacional.

Este es el dramático anuncio que hizo la semana pasada el Banco Central de Costa Rica (BCCR) al dar a conocer que, en mayo pasado, la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayó 7,5% en términos interanuales y 3% en los primeros cinco meses del año, en comparación con igual periodo del año anterior.

La variación trimestral anualizada de la serie, ajustada por estacionalidad fue de -28,9 % (ver el gráfico).

El IMAE es un indicador de corto plazo que permite ver el comportamiento de la economía mes a mes.

Si bien, en mayo, la mayoría de las actividades registraron tasas de crecimiento interanual negativas, los sectores más afectados fueron el turismo y el transporte (ver el gráfico), pues las actividades de “alojamiento y suministro de comida” decrecieron 60,8 % y la de transporte 32,1%.

Ambas fueron “afectadas por el cierre de fronteras, la restricción a la movilidad vehicular y las limitaciones impuestas a los establecimientos que atienden público”, explica el BCCR.

Por otro lado, la actividad agropecuaria decreció en un 1,1 %, debido a la menor demanda externa, especialmente de piña, banano y follajes. En cuanto al mercado interno, bajó la producción de hortalizas, chayote y arroz.

La manufactura también disminuyó interanualmente un 7,4 % debido a la menor demanda, tanto interna como externa, ocasionada por la COVID-19.

En cuanto a la producción de las empresas, ubicadas en los regímenes especiales (zonas francas y de perfeccionamiento activo), decreció en 12,4 %, después de haber mostrado crecimientos de dos dígitos entre enero 2019 y marzo 2020.

Este resultado implicó una menor fabricación de instrumentos médicos, catéteres, equipos de transfusión, implantes mamarios y de aceite de palma.

Fuera de los regímenes especiales, la producción también bajó un 7,3 %, por la menor manufactura de bebidas, productos de panadería, papel, llantas, así como de productos vinculados con la construcción, tales como pinturas, barnices, hierro, acero, cemento, perfiles y tubería.

Las actividades de construcción también continuaron con la evolución negativa registrada en los meses previos, debido a la menor construcción con destino público y de edificaciones para uso residencial.

Según el BCCR, la caída en la construcción con destino público se debió a la menor ejecución de los programas de Acueductos y Alcantarillados y del Fideicomiso del Ministerio de Educación, el cual se encuentra en etapas de finalización.

“Sin embargo, es notable que la tasa de contracción de esta actividad se redujo en comparación con el año anterior”, dijo la entidad.

El comercio, en general, fue fuertemente afectado por el cierre de establecimientos comerciales, que implicó una menor demanda interna, principalmente de productos vinculados con la construcción y de consumo duradero, como autos y artefactos eléctricos, lo que afectó fuertemente al comercio, pues llevó incluso al cierre de establecimientos. La caída global para este sector fue de 17,1 % en términos interanuales.

Sin embargo, no todos los segmentos del comercio se han visto afectados. La emergencia sanitaria también está generando “ganadores” entre quienes se dedican a la comercialización de algunos productos de consumo masivo incluso en tiempos de pandemia, como alimentos, productos farmacéuticos y productos de limpieza.

En cuanto a los servicios, disminuyeron un 8,4 %, dice el BCCR, principalmente los de alojamiento, suministro de comida y transporte. Estas actividades explican el 65 % de la variación del mes.

También decrecieron los de enseñanza pública, enseñanza privada, salud privada, los servicios profesionales, financieros y de electricidad y agua.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) encontró, en su informe “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, que en la región se reproduce el mismo patrón de decrecimiento de la actividad económica por sectores.

Los más fuertemente golpeados por la crisis son el turismo, la industria cultural tradicional, el comercio, la reparación de bienes, los hoteles y restaurantes, el transporte, la moda y los automóviles.

Los afectados “significativamente”, según la Cepal, son minería, electricidad, gas y agua, construcción y materiales para la construcción; servicios empresariales, actividades financieras;

bebidas, muebles y madera; la industria química, la electrónica y maquinaria y equipo.

Y los que han decrecido “moderadamente” en la región son la agricultura, ganadería y pesca; la producción de alimentos para el mercado interno; insumos y equipamiento médico; medicamentos; telecomunicaciones y envases.

La drástica caída que se viene registrando en las economías nacionales debido a la pandemia no solo tiene efectos negativos en el empleo y en los ingresos de los hogares, sino que, en un círculo vicioso, también golpea los ingresos fiscales, que son los que permiten a los gobiernos desarrollar programas de contención de la emergencia sanitaria y dar ayudas económicas para las personas.

El informe “Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe”, dado a conocer hace dos días, muestra que la situación financiera de los países de la región también se ve estrujada, por un lado, por los altos déficits fiscales que existían previamente a la COVID-19 y, ahora, por el endeudamiento en que incurren para hacer frente a la pandemia.

“Los déficits fiscales acumulados durante la última década han conllevado un incremento concomitante en los niveles de endeudamiento público en América Latina. Después de haber registrado una leve contracción entre 2010 y 2011, la trayectoria de la deuda pública bruta de los gobiernos centrales en la subregión fue de crecimiento constante, de modo que dicha deuda pasó del 29,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 al 45,2% del PIB en 2019”, dice la Cepal.

Costa Rica es el segundo país con la mayor deuda pública, con un 31,7% del PIB, después de Argentina, con el 50,5% de su PIB (ver el gráfico).

“En los últimos cinco años, puede notarse una aceleración del endeudamiento en proporción del producto, puesto que entre 2015 y 2019 se registró un crecimiento anual promedio de 2,3 puntos porcentuales del PIB, frente a 0,8 puntos porcentuales del PIB entre 2010 y 2014. La tendencia promedio de la subregión ha sido influida por los resultados de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Chile y Honduras, cuyos niveles de deuda se han incrementado en valores que van de alrededor de 16,4 a 50,5 puntos porcentuales del PIB entre 2011 y 2019”, resalta el informe.

La Cepal también afirma que la situación fiscal, agravada por los efectos de la lucha contra la pandemia, obliga a tratar de obtener mayores recursos fiscales, mediante impuestos.

Sin embargo, caracteriza a la tributación directa como “débil” y advierte que “una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”.

La entidad estimó la evasión fiscal en la región en $325.000 millones, en el 2018, los cuales equivalen al 6,1% del PIB.

Costa Rica es el sexto país con la mayor evasión fiscal, estimada en un 31,1% del PIB en el 2016, después de Panamá (45,3%), República Dominicana (43,8%), Guatemala (38%), Perú (36,3%) y Bolivia (32,1%).

“En Costa Rica la tasa de evasión estimada del impuesto sobre la renta en el caso de las personas físicas fue del 57,3% en 2013. Este porcentaje se pudo descomponer en una tasa del 17,5% en el caso de los asalariados y pensionados y del 91,3% para quienes realizan actividades lucrativas”, indica el informe.

“La baja recaudación del impuesto sobre la renta y los impuestos sobre la propiedad no solo limitan la generación de ingresos, sino también el poder redistributivo del sistema tributario en su conjunto”, concluye el informe.

UNIVERSIDAD consultó al economista e investigador Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, sobre las opciones a las que puede recurrir el Gobierno para obtener mayores ingresos, además de las medidas ya anunciadas por el presidente Carlos Alvarado, de reducir los gastos, incluyendo la disminución de un 15% de las jornadas del funcionariado público, cuyos salarios sean de ¢1.500.000 en adelante.

Lucke consideró necesaria esa reducción salarial, aunque recomendó hacerla progresivamente y apoyó vender un banco estatal, pero asegurando que los restantes bancos públicos realmente dediquen sus recursos a apoyar a las mipymes.

Además, recomendó bajar la tasa del Impuesto al Valor Agregado hasta un 10% y subir el tramo más alto del Impuesto sobre la Renta, entre otras medidas para hacer frente a la crisis creada por la pandemia (ver la entrevista).


Economista Rudolf Lucke, del IICE-UCR:

“Debería bajarse el IVA y aumentar los tramos del Impuesto a la Renta”

Conociendo la estructura del Estado costarricense ¿cuáles son las opciones realistas que tiene el Gobierno para bajar los gastos y aumentar los ingresos con el fin de encarar la crisis actual?

— La estructura del gasto del Gobierno Central actualmente es sumamente rígida, y un elemento que ha sido clave para el acelerado deterioro de las finanzas públicas, ha sido el ciclo de endeudamiento en el que el país se ha visto envuelto.

Economista Rudolf Lucke: “No tiene sentido que el sector privado reduzca jornadas y planilla y el sector público no”. (Foto de Katia Alvarado).

Si comparamos el crecimiento del pago de intereses entre el año 2018 y el periodo comprendido entre finales del 2019 e inicios del año 2020 este se ha duplicado, pasando de aumentar en promedio en el año 2018 cerca de ¢158 mil millones anuales, a aumentar a más de ¢400 mil millones de colones anuales, explicando en más de un 50% el aumento en gastos del Gobierno Central.

En este sentido, un elemento clave que podría reducir el impacto que está teniendo el pago de intereses sobre el déficit fiscal es la amortización de la deuda y el traslado de deuda de tasas mayores a tasas menores, incrementando su plazo. No obstante, la amortización de la deuda podría darse únicamente en el caso de que el Gobierno perciba un ingreso por la venta de algún activo. Me enfocaría principalmente en algún banco estatal, siempre y cuando esta medida se encuentre orientada a la amortización de deuda pública y, a su vez, considero que se debería de aprovechar el hecho para enfocar lo que quedaría de la Banca Estatal en apoyar el desarrollo de empresas y orientarse hacia sectores que actualmente el sistema financiero ha dejado de lado.

La reducción del gasto en salarios mediante la propuesta de reducción de la jornada laboral me parece apropiada, e inclusive actualmente considero que no tiene sentido que el sector privado reduzca jornadas y planilla y el sector público no. Si bien es cierto existe la idea de que reducir el flujo de dinero hacia los trabajadores del sector público podría generar una baja en la actividad económica, está claro que si el costo de los recursos con los cuales el Gobierno debe realizar sus gastos es muy elevado -alto costo de la deuda- el impacto de esto podría ser mayor que el impacto que tendría el consumo ante la baja en el ingreso de los empleados del sector público.

Es claro que, si el sector privado no genera ingresos, no existen recursos para pagar los salarios del sector público y si para ello se debe pedir prestado podría salir más caro para la economía que reducir jornadas laborales o planillas en ambos sectores.

No obstante, considero que la reducción de la jornada podría ajustarse de forma tal que se pueda generar cierta progresividad, haciendo que la jornada se reduzca de forma escalonada según el nivel de ingreso, pues este tipo de medidas tiende a afectar generalmente a los hogares de menos ingresos. Y si bien es cierto estamos claros que una persona podría tener un ingreso elevado de ¢1.5 millones, el nivel de vida y su condición de no pobre o pobre dependerá de la cantidad de miembros del hogar y su dependencia a ese ingreso.

En el caso de aumentar los ingresos, considero que la única forma viable de que los ingresos retomen su tendencia posterior a la reforma fiscal es que las personas nuevamente salgan a consumir -aspecto poco realista en la coyuntura actual-, por lo que la opción de mediano plazo consiste en la mencionada anteriormente de la venta de activos y los recursos del FMI y en menor medida intervenciones del Banco Central.

Desde el punto de vista de los ingresos, considero que la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) debería de ser bastante más baja -10% por ejemplo-, pero sin ninguna distinción, ni exención de ningún tipo y los tramos del impuesto de renta podrían seguir incrementándose y no detenerse en el 25%, pues es el componente más progresivo de los ingresos tributarios.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las empresas en la crisis del COVID-19?

— Una empresa debe cubrir sus gastos corrientes, debe pagar impuestos, debe pagar intereses y pagarle a sus trabajadores, por lo tanto, si se generan moratorias para el pago de impuestos, arreglos de pago con los acreedores, así como arreglos de pago con los arrendatarios y ajustes en las jornada de los trabajadores, las empresas podrían salir adelante.

No obstante, el principal reto sería modificar sus canales de distribución y sus canales de mercadeo, pues el entorno actual ha variado y amerita cambios importantes en la forma como las empresas le hacen llegar los productos a los consumidores.

Es importante mencionar que el hecho de estar confinados y el hecho de generar un apagón de la economía en muy corto plazo genera que las expectativas de gasto que se tenían proyectadas para realizarse a lo largo del año, tanto por parte de las empresas como por parte de los hogares, se han reducido notablemente y, más bien, se han convertido en ahorro.

A su vez, al existir cierta incertidumbre sobre el futuro de la economía, aquellos hogares que pueden ahorrar deciden incrementar sus tasas de ahorro producto de esta incertidumbre. En este sentido, en el tanto se recupere cierta normalidad en la actividad económica, es importante saber que existen tasas mayores de ahorro que podrían derivar en un incremento en las ventas futuras, no obstante, definir esto con algún límite de tiempo es complicado, pues la evolución de la pandemia es bastante incierta.


 

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