COVID-19 desnudó incapacidad de los sistemas de salud centroamericanos

Mayoría de países de la región combaten el coronavirus con hospitales colapsados, falta de personal médico, sistemas de salud fragmentados y, en algunos casos, sin datos fidedignos sobre el  impacto de la pandemia.

Las alarmas de la región se encendieron el 8 de marzo anterior, cuando el primer caso importado de COVID-19 apareció en Centroamérica, específicamente en Costa Rica. La contagiada se trató de una turista estadounidense de 49 años, proveniente de Nueva York.

Al día siguiente los números fueron multiplicándose en este país y llegaron a cinco; mientras que en Panamá apareció el primer caso positivo de la enfermedad: una mujer de 40 años procedente de España. Así transcurrieron los días y la región fue sumando más casos y víctimas mortales por el coronavirus.

A partir de ese “primer encuentro” con el COVID-19, los países centroamericanos —con excepción de Nicaragua— empezaron a tomar decisiones encausadas a contener la dispersión del virus, tales como el cierre de fronteras, el cierre de las escuelas y las ya tan familiares cuarentenas.

No obstante, a más de tres meses del primer caso, un mayor aumento en las últimas semanas parece asfixiar los sistemas de salud y dejar sin aire las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Centroamérica.

Parece asfixiar los sistemas de salud porque ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia y, en el caso del istmo, porque en muchas de las naciones había un rezago en infraestructura hospitalaria de previo. Además, la mayoría de sistemas de salud —a diferencia de Costa Rica y Panamá— son fragmentados.

Las autoridades de Salud de Costa Rica y del mundo lo han dicho en varias ocasiones: “No hay un sistema de salud en el mundo que aguante un aumento exponencial de casos”.

Al martes 30 de junio, Panamá lideraba en nuestra zona con 32.785 casos positivos por COVID-19, seguido de Honduras con 18.818, Guatemala con 17.409, El Salvador con 6.438, Costa Rica con 3.459 y Nicaragua con 2.519.

En cuanto a defunciones, Guatemala se mantiene a la cabeza con 746, Panamá con 620, Honduras con 485, El Salvador con 174, Nicaragua con 83 y Costa Rica con 16.

Para el salubrista y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Bernardo Villalobos, la pandemia desnudó la incapacidad de algunos sistemas de salud de Centroamérica para responder a la emergencia sanitaria.

“El sistema más robusto es el costarricense, el más estructurado y con apuesta por lo público. Panamá tiene un sistema público pero no tiene la misma racionalidad que tiene Costa Rica en términos de cobertura. Y si vemos el resto de Centroamérica, la cobertura de los sistemas públicos es muy limitada. En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua hay coberturas bajas en algunos sitios rurales”, señaló Villalobos.

A esto añadió que el COVID-19 también ha mostrado a la población la falta de diálogo entre el sistema de salud y el sistema económico, entre los gobiernos locales y el sistema de salud. “Es como el provocador del strepteasse de toda la dinámica estatal”.

Pero, ¿cómo son los sistemas de salud de Centroamérica? ¿cuál ha sido el abordaje de los países de la región ante el COVID-19?

Costa Rica

En Costa Rica, previo a la pandemia, las autoridades de Salud se encaminaron a establecer los lineamientos para la detección del COVID-19, luego de que países de Europa y Asia iniciaran su lucha contra este coronavirus. El primer caso apareció en el país el 8 de marzo, y a partir de ese momento se empezaron a tomar medidas como el cierre de fronteras, de aeropuertos, centros educativos, playas, directrices sobre teletrabajo, entre otros.

Los números parecían muy favorables durante los primeros tres meses de la pandemia; no obstante, una explosión de contagios en la zona norte (relacionada con la precariedad laboral), la falta de conciencia de los habitantes, e incluso los descuidos de ciertos sectores, aumentaron la capacidad de casos significamente en el mes de junio.

De acuerdo con el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz, la velocidad de aparición de los nuevos contagios ha aumentado 10 veces desde la aparición de los primeros casos en marzo anterior. Por ejemplo, para llegar a los primeros 1.000 casos de COVID-19 pasaron 83 días; mientras que para los siguientes 1.000 tan solo bastaron 21 días, y una semana después se alcanzaron otros 1.000 casos.

Esta situación, según Ruiz, está causando presión sobre el sistema hospitalario, pues los números suman un promedio de 120 casos diarios; mientras que a finales de mayo había un promedio de 20 casos por día. De mantener este comportamiento durante tres semanas, el país llegaría “a un riesgo inminente de que se puede agotar en el corto plazo la capacidad de ocupación UCI”, pues la cantidad de camas de cuidados intensivos habilitadas para atender COVID-19 es de 56.

Durante la pandemia, las autoridades de Salud han desarrollado estrategias de testeo en zonas calientes, la vigilancia centinela, tamizaje en puertos, muestreo a transportistas, entre otros.

Según datos, al 30 de junio el país acumula un total de 41.077 muestras para detección de COVID-19. Además, se registran 3.459 casos positivos y 16 decesos.

El sistema público de salud costarricense se caracteriza por ser unificado. En la práctica, el Ministerio de Salud es el rector en esta materia; mientras que la CCSS ofrece servicios de salud basada en los principios de la seguridad social: universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, integralidad, participación social, evolución progresiva de beneficios y concordancia con la realidad económica.

De acuerdo con Villalobos, esta unificación permitió que se puedan tomar decisiones como el hecho de que el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) se convirtiera en un hospital para atención COVID-19. “El sistema de salud costarricense ha venido dando la talla, y ha aguantado”.

Nicaragua

Nicaragua es el país de Centroamérica que ha mantenido un mayor hermetismo en cuanto al número de pruebas realizadas, casos positivos y decesos. A esto se suma la poca importancia que ha dado su Gobierno a la pandemia, pues incluso han organizado desfiles o fiestas en medio de una emergencia que afecta a todo el mundo.

Esta situación incluso ha causado preocupación a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual señaló en semanas anteriores que “el incremento del número de casos y de fallecimientos reportados por fuentes oficiales y no oficiales demuestran que la transmisión comunitaria está en una situación muy difícil de controlar”.

Lo anterior se evidencia en los datos oficiales, los cuales distan en sobremanera de los que ofrece el Observatorio Ciudadano de Nicaragua.

Al martes 30 de junio, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó un total de 2.519 casos positivos y 83 muertes asociadas al COVID-19; mientras que el Observatorio Ciudadano de Nicaragua confirmó un acumulado de 6.775 casos positivos y 1.878 decesos al 24 de junio.

De acuerdo con el exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIES-UNAN), Miguel Orozco, el principal problema en este país es que las autoridades no dimensionan la alta letalidad del virus, sino que lo ven como un “catarrito”. Además, señala que en su país casi no se testea a nadie; lo cual es imposible de corroborar, pues no existen datos públicos sobre cantidad de pruebas realizadas.

“Hay cantidad suficiente de hospitales para atender a población en situaciones normales, pero no para lo que se preveía del COVID-19. El Gobierno se empecinó que Nicaragua no iba a ser como los demás países. No había en las unidades de cuidados intensivos tantos ventiladores. Nicaragua tiene un rezago en materia de salud y ahora con COVID-19 peor. Gobierno tiende a esconder información con fines políticos porque piensan que eso les puede causar problemas con sus seguidores”, aseguró Orozco a UNIVERSIDAD.

La OPS consignó en uno de sus informes del mes de mayo que Nicaragua ya registraba transmisión comunitaria.

Según datos de la OPS, el sistema de salud público de Nicaragua está compuesto por el Ministerio de Salud, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y los servicios médicos del Ejército y la Policía Nacional de Nicaragua.

El Ministerio de Salud es la entidad que formula las políticas y el principal proveedor de servicios que cubre al 65% de la población, mientras que el INSS cubre el 18%, y el Ministerio del Interior y el Ejército proporcionan el 6% de la cobertura. Las instituciones privadas y las organizaciones no gubernamentales cubren el 11% restante.

Panamá

Panamá es el país centroamericano que hasta el momento ha sido más afectado por la pandemia, con 32.785 casos positivos por COVID-19 y 620 muertes al martes 30 de junio. Según datos de la OMS, esta nación posee transmisión comunitaria.

Desde el inicio de la pandemia, este país ha utilizado estrategias para contener la dispersión del virus, tales como el cierre de fronteras, suspensión de vuelos, cuarentena por género, entre otros; sin embargo, la reactivación de la economía a mediados del mes de mayo, causó un aumento acelerado de casos en el país.

“Se intentó hacer reapertura pero hubo un aumento de casos. La apertura de ciertos bloques económicos permitieron un aumento de personas en las calles”, señaló a UNIVERSIDAD el epidemiólogo del Ministerio de Salud de Panamá, Santiago Rodríguez. Esta situación hizo que el Gobierno ordenara el regreso a la cuarentena por género.

Rodríguez destacó también que el Gobierno construyó un hospital modular, el cual tiene como propósito atender a pacientes con COVID-19, y que el Ministerio realiza búsqueda activa.

El pasado 20 de junio, la entonces ministra de Salud, Rosario Turner, externó que «nos encontramos en un nivel crítico en la capacidad instalada de los cuidados intensivos en el sistema sanitario público”.

La jerarca de Salud fue destituida el 24 de junio, en su reemplazo fue designado Luis Francisco Sucre, quien se desempeñaba como viceministro de Salud. La salida se dio en medio del aumento de casos por COVID-19.

Según datos de la OPS, el sistema de salud pública incluye el Ministerio de Salud y el CSS. La red conjunta de servicios incluye 912 instalaciones, 836 administradas por el Ministerio de Salud y 76 por el CSS, estas últimas casi por completo en instalaciones de segundo y tercer nivel.

El Salvador

Otro de los países de la región afectados ha sido El Salvador, que al martes 30 de junio confirmó 6.438 casos positivos por coronavirus y 174 muertes. Además ya tiene transmisión comunitaria, según la OMS.

Desde el inicio de la pandemia, ese país ha echado mano de medidas como el cierre de aeropuertos y de fronteras, creación de centros de contención en todos los departamentos para casos sospechosos y la construcción de un hospital solo para pacientes COVID-19 con una capacidad de 1.000 camas, entre otros.

Para la docente e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, Carolina Paz, la mayoría de sistemas de salud de Centroamérica están desgastados o son precarios. En el caso de este país, las camas de UCI se encuentran saturadas; además el personal de Salud no resulta suficiente para atender la emergencia.

“Hemos avanzado pero falta mucho. Con el número de pacientes en este momento, la demanda es alta”, señaló a UNIVERSIDAD.

Además, indicó que la población no tiene conciencia de que todos son potencialmente infectantes. “Todo el mundo anda en la calle. No acatan medidas de distanciamiento ni guardan medidas de protección. Se saltan las reglas, eso no pone en riesgo solo a una persona”.

El Salvador posee uno de los sistemas de salud más fragmentados de Centroamérica. Según datos de la OPS, El Salvador cuenta con el Ministerio de Salud, que es el ente rector del país en esta materia y el mayor prestador de servicios de salud. Por otra parte, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es la segunda institución con mayor cantidad de instalaciones y cobertura poblacional. Otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud (SNS) son el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el Fondo Solidario para la Salud, el Comando de Sanidad Militar (COSAM) y la Dirección Nacional de Medicamentos.

Guatemala

Las últimas semanas también han sido cruciales para Guatemala, país que según la OMS registra transmisión comunitaria y que termina el mes de junio con un acumulado de 17.409 casos positivos por COVID-19, manteniéndose a la delantera en cuanto a muertes con 746.

Entre las medidas para contener la dispersión del virus destacan multas por no usar mascarilla en la calle, la restricción vehicular por placa, la prohibición de tránsito entre departamentos y el toque de queda total los fines de semana.

Medios de prensa guatemaltecos han denunciado que los hospitales se encuentran colapsados debido al aumento de casos por COVID-19.

De acuerdo con la salubrista guatemalteca, Karin Slowin, incluso muchos médicos y enfermeras se han convertido en víctimas mortales del coronavirus. Además, no hay datos de expansión territorial porque casi no se hacen pruebas de detección fuera de Ciudad de Guatemala.

El pasado 19 de junio este país centroamericano también relevó en el cargo a su entonces ministro de Salud, Hugo Monroy, en medio del aumento de casos por COVID-19. Actualmente el cargo lo ocupa la médica Amelia Flores.

Según datos de la OPS, el sistema de salud público de Guatemala comprende al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el cual formalmente brinda atención a 70% de la población. En segundo lugar está el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), que ofrece cobertura a menos de 18% de la población vinculada con el empleo formal.

 

Un paciente con síntomas de COVID-19 busca asistencia en las carpas del Hospital Escuela, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Este país se encuentra abrumado por la cantidad de personas ingresadas en centros médicos. (Foto: AFP).

Honduras

Finalmente, Honduras termina el mes de junio con 18.818 casos positivos por COVID-19 y 485 muertes, convirtiéndose así en el segundo país de la región con más contagios. También registra transmisión comunitaria, según información de la OMS.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno hondureño destacan el toque de queda absoluto, la circulación de personas segmentadas de acuerdo con el último número de la tarjeta de identidad y el cierre de fronteras.

Diversos medios de prensa hondureños han denunciado que el país cuenta con un sistema sanitario deficiente y los equipos de salud hacen frente a la pandemia en condiciones adversas. Inclusive, el propio presidente del país, Juan Orlando Hernández, fue reportado como positivo por COVID-19.

“Como sucede en la mayoría de los países con altos índices de pobreza, las zonas populares son las mayormente contagiadas y nuestro sistema de salud no tiene la capacidad de dar un dato al menos cercado de la alta incidencia. No se puede esperar que en Honduras se lleve un conteo claro de los casos, es un desastre. Tegucigalpa y San Pedro sula, donde hay mayor incidencia, está al límite en sus áreas diseñadas para COVID-19. En el Hospital Escuela Universitario, que es el principal y está en la capital, están atendiendo a pacientes de COVID en carpas y toldos en las afueras del hospital”, señaló a UNIVERSIDAD el periodista hondureño Arturo Nolasco.

Según datos de la OPS, el país tiene un sistema de salud público que está compuesto por el Ministerio de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El Ministerio de Salud atiende a toda la población en sus propias instalaciones con sus propios médicos y enfermeras, se estima que solo entre el 50% y el 60% de los hondureños usan sus servicios regularmente; mientras que el IHSS cubre el 40% de las personas empleadas activamente y sus dependientes.

La OPS señaló el martes 30 de junio que prevé que el pico de casos por COVID-19 llegue a Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Panamá en agosto de este año; mientras que a Costa Rica llegaría en octubre.

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