Costa Rica y su fiebre hidroeléctrica

Normalmente es considerada energía “limpia”, pero la proliferación de represas pone una presión importante en las cuencas nacionales.

Entre 1995 y 2015, la oposición de diferentes comunidades impidió la concreción de 35 proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, durante ese mismo periodo se construyeron unos 60.

Esto quiere decir que, sin la oposición comunal, en Costa Rica se habrían construido casi cien proyectos de este tipo. Así lo revela una investigación de Alberto Gutiérrez, profesor de geografía en la sede Occidente, en la carrera de enseñanza de Estudios Sociales, e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR.

Gutiérrez dijo haberse sorprendido al hallar 35 casos en ese periodo de 20 años. “Son muchos, uno esperaba encontrar, pero no tantos. La cifra es impresionante, refleja que ha habido un proceso en esos 20 años de organización y movilización comunal muy significativo, uno de los objetivos del trabajo es visibilizar esas luchas”.

Tras destacar el aporte del geógrafo asistente Dany Villalobos, el investigador recalcó que el común denominador de todos esos 35 casos es que son luchas gestadas desde lo local, desde cada comunidad. También, observó que en la mayoría de esos procesos se da articulación con actores externos a la comunidad, sobre todo ecologistas.

“El denominador común es que son procesos que se gestan desde las comunidades en contra de proyectos que la gente ve como amenazas, independientemente si son el ICE o un generador privado, la reacción de la gente ha sido igualmente enérgica”, observó.

El analista explicó que las principales preocupaciones que mueven a las comunidades a oponerse a los proyectos hidroeléctricos tienen que ver, principal pero no exclusivamente, con preocupaciones ambientales.

“El río –apuntó– es uno de los bienes más preciados de muchas comunidades rurales como fuente de abastecimiento para labores domésticas o productivas, y como fuente muy importante de recreación”. En ese sentido elaboró que los ríos son “parte de una cultura, un elemento cotidiano de importancia central, la gente tiene claro que la construcción de una represa compromete eso”.

Al mismo tiempo, Gutiérrez subrayó que para entender por qué han surgido todas estas luchas se debe   tomar en consideración que se conoce la historia, ya de décadas, de comunidades afectadas por este tipo de proyectos. “La gente ya conoce, no es algo nuevo, uno de los hallazgos más interesante es que no son luchas aisladas”, dijo.

Así, las personas de las diferentes comunidades se han logrado articular, “por ejemplo, la gente de San Carlos comparte con la gente de zona Sur lo que sucedió en el Norte y al existir esa información y experiencia previa, la gente con mucha más razón se ha movilizado”.

Además, Gutiérrez destacó casos en los cuales la estrategia de lucha adoptada por las comunidades ha sido la de las moratorias; es decir, presionar al Consejo Municipal para que determine un alto en el otorgamiento de permisos de construcción para proyectos hidroeléctricos.

“Esta estrategia ha sido eficaz porque frena una serie de proyectos en conjunto”, observó el investigador.

Puntualizó que se han dado cuatro moratorias de ese tipo: en Pérez Zeledón, en el 2013, “sin embargo, la vetaron un año después por presión de los empresarios”; Buenos Aires en el 2013, “pero solamente a proyectos privados para abrir la puerta al PH Diquís”; Coto Brús, en el 2014 y Upala en el 2015.

¿Energía limpia?

La producción hidroeléctrica normalmente se ve desde un discurso oficial como deseable, ya que se le considera “limpia” en comparación con otras formas de producción energética que recurren a la quema de combustibles fósiles.

Incluso, materiales didácticos del ICE califican la actividad hidroeléctrica dentro de la energía renovable, “virtualmente infinita”.

Recién el pasado 5 de octubre, a través de sus redes sociales, la institución celebró que Costa Rica  utiliza “¡Más del 98% de energía limpia!”, y detalló que por cuarto año consecutivo el país superó ese porcentaje de “generación renovable en el Sistema Eléctrico Nacional”.

“La electricidad proveniente del agua, el viento, la geotermia, la biomasa y el sol ha significado el 98,15% del total producido en Costa Rica. La generación limpia de electricidad brinda un empuje significativo a las metas nacionales de descarbonización y colabora con un ambiente sano para todos los costarricenses”, añadió el texto.

Una infografía detalló además que el país recurre a un 72,24% de energía proveniente de hidroeléctricas.

Al respecto, Gutiérrez se refirió al “mito muy arraigado en el imaginario colectivo”, de que la energía hidroeléctrica es “limpia”.

Señaló que ese “mito” constituyó una motivación particular para estudiar el tema, ya que “uno de los impactos más severos sobre un río es construir una represa”.

Añadió que las luchas dadas por las comunidades han demostrado que la realidad no es como la supone “ese aparente consenso de que la energía hidroeléctrica es limpia, ambientalmente amigable”. Además, recordó que en muchos casos, “las personas en las comunidades no habían sido tomadas en cuenta a la hora de planear un proyecto y ponerlo en marcha”, y que ya no es posible plantear este tipo de iniciativas sin tomar en cuenta la opinión de la gente que se puede ver afectada.

Por otra parte, Mauricio Álvarez, director del programa Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR, apuntó que los proyectos hidroeléctricos han generado “mayor crispación” a nivel local, porque “tienen que ver con algo básico que es el agua en sus diferentes usos”.

Álvarez llamó la atención sobre el hecho de que se supone que las represas devuelven el agua utilizada y que por ello se tiende a subdimensionar su impacto. Citó que hay cuencas ya bastante explotadas: “Hay ríos como el San Carlos que tiene de 10 a 15 represas en la misma cuenca. El Sarapiquí tiene alta concentración de proyectos y ahora el río Reventazón. Son conocidas como cuencas de sacrificio, pues se parte del hecho de que ya están afectadas, como ya tienen un proyecto, les meten seis, como el caso del río Reventazón”.

El investigador Gutiérrez también citó el ejemplo de la cuenca del río San Carlos, y añadió que en ese cantón la organización comunal logró frenar tres proyectos, “ya después de que el desastre estaba hecho”.

Ese “desastre” consiste en “amplios trayectos en que los ríos están entubados, pierden casi todo su caudal por buena parte de su trayecto, pierden biodiversidad, sobre todo acuática. Prácticamente el río desaparece”.

Focos calientes

Gutiérrez relató que el proyecto de investigación inició el año pasado, con el propósito de “hacer una  sistematización de los diferentes conflictos socioambientales asociados a represas y proyectos hidroeléctricos”, que se han dado en el país durante el mencionado periodo de 1995 a 2015.

Añadió que la motivación detrás de su investigación es que, a pesar de que es sabido, sobre todo entre el activismo ambientalista, que se han dado muchos casos de luchas comunales contra represas, se trataba de “información dispersa y no había una visión de conjunto de la problemática a nivel nacional”.

Su principal fuente de información han sido medios de comunicación. “El Semanario fue importante, pero también casos interesantes de medios regionales, en la zona Sur el Canal 14 TV Sur, Radio Santa Clara en San Carlos; medios no hegemónicos”, puntualizó.

La investigación reveló además la existencia de zonas “calientes”, sitios donde se ha dado algún nivel de concentración en el planteamiento de iniciativas de producción energética.

“Ahorita el punto más caliente es en la zona Sur, Pérez Zeledón y Buenos Aires. Para esos dos cantones a partir del 2012 más o menos se dio a conocer el interés de varias empresas por construir un total de 14 proyectos, de los cuales hasta la fecha ninguno ha logrado construirse, todos están detenidos”. Informó que también existió interés de construir seis proyectos en Coto Brus y que esta región ofrece los dos casos de lucha contra megaproyectos protagonizada por pueblos indígenas, el PH Boruca y el PH Diquís.

En ese sentido, hizo la salvedad de que el hecho de que un proyecto sea detenido no significa que esté sepultado, pues “no hay garantía de que no puedan volver a activarse”.

Así, explicó que de los 35 proyectos detectados en su investigación, algunos sí están archivados en definitiva, otros nada más fueron frenados. Además, en algunos casos se logró detener los proyectos en trámite aún en fases iniciales, mientras que otros ya caminaban, al punto de que se hubiera levantado  obras como apertura de caminos, desvío de cauces y demás, como el PH Diquís, que “ya estaba dentro del territorio Térraba haciendo obra, ya había abierto caminos”.

Otro foco caliente es la mencionada zona norte, respecto de la cual Gutiérrez mencionó el sector de Sarapiquí, pues recordó que fue otro foco a finales de los años 90. “Caso importante es el del río Pacuare, en Turrialba, el río Chirripó Atlántico, o Duchí como se llama en cabécar, ahí fueron sobre todo las comunidades cabécar”, quienes se movilizaron en oposición.

También citó los casos como Acosta, donde se planteó el proyecto Parritón; o la zona Los Santos, donde se dieron movilizaciones contra proyectos en los ríos Savegre y Naranjo.

Añadió que en el proceso de la investigación ha hallado “trámites muy viciados”, pues, según dijo, es “muy común” que los desarrolladores públicos o privados se acerquen a ciertas personas de la comunidad, “les ofrecen regalías y cuentan con el visto bueno de algunas personas que ponen su firma y eso se utiliza como soporte para argumentar que la comunidad está supuestamente a favor”, cuando en realidad “en algunos casos hablamos de oposición de más del 90% de las personas”.

Recordó que se han realizado tres plebiscitos municipales: en Sarapiquí, en el año 2000; en Guácimo en el 2001, y el más conocido de Pacuare, Turrialba, 2005. En los tres casos, más del 90% de las personas votaron en contra de las represas.

Pastel que se reparte

Mientras tanto, Mauricio Álvarez, de Kioscos Ambientales, observó que antes de la polémica propuesta del Combo del ICE –que buscaba privatizar las operaciones de la institución y que fue derrotada por un amplio movimiento popular en el 2000– ya se contaba con alrededor de 30 o 40 proyectos privados en estudio.

“Una de las razones de los levantamientos contra el Combo en regiones como Rivas de Pérez Zeledón, San Carlos, San Ramón, Chachagua o Sarapiquí fue precisamente por esa proliferación”, apuntó.

Recordó además que “históricamente tanto sindicatos del ICE como actores de la Asamblea Legislativa, como José Merino, hicieron varias comisiones investigadoras sobre el tema de generación privada a partir del Combo y empezaron a identificar la lesividad de las tarifas de generación privada”.

Álvarez observó que las leyes 7200  y 7508 establecen que las generadoras privadas pueden producir el 15% de la energía nacional. Ello quiere decir que cada proyecto público que aumente la cantidad de energía producida, crea una ventana para una mayor producción privada.

“El 15% es el único límite parea generación privada, el ICE entre más construye, más se obliga a comprarle a generadores privados”, sentenció.

Al tocar el tema, el especialista con suspicacia llamó la atención al anuncio hecho por el ICE en agosto, en el sentido de que “no proyecta endeudamientos adicionales en el mediano plazo para proyectos de generación eléctrica”. Álvarez interpretó ello como que “prácticamente lo que puede percibirse es que el ICE renuncia a hacer proyectos en el mediano plazo”.


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