La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cumple su aniversario 40 en un momento de presiones y cuestionamientos desde movimientos políticos y religiosos en distintos países, incluida Costa Rica con su papel de sede y “madrina” de ese tribunal.
La conmemoración de la Corte y de la entrada en vigencia de su marco jurídico, la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José”, llega seis meses después de publicado el pronunciamiento sobre matrimonio igualitario que alteró la campaña electoral costarricense y empujó el ascenso del conservadurismo ligado al partido Restauración Nacional.
Con una posición distinta a la que planteó en la campaña el candidato Fabricio Alvarado, al proponer que Costa Rica se saliera de la Corte a la que da sede en Los Yoses, el presidente Carlos Alvarado reafirmó esta semana el compromiso de Costa Rica con la institución. Se suma así a la tradición de los gobiernos costarricenses de impulso a la institución desde que Rodrigo Carazo Odio (1978-1982) desplegó una fuerte campaña internacional para que los países de la región ratificaran la Convención, como recuerda el juez presidente de la Corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
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“La relación con la Corte Interamericana es ya histórica. Es algo que nos ha caracterizado y nos ha protegido. Tiene un peso, una carga emocional significativa y nos obliga a ser consecuentes en nuestras posiciones sobre derechos humanos. De la Corte uno espera una mayor capacidad de dialogar con los tribunales de cada país para explicarse mucho mejor y para lograr un mayor cumplimiento de las sentencias”.
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Habiendo sido promotora de la Convención y colocado el primer presidente del organismo, Rodolfo Piza Escalante, y la primera mujer jueza (de solo cinco que ha tenido este tribunal), Sonia Picado, Costa Rica cumple también cuatro décadas de una relación especial con la Corte, insiste Ferrer.
El discurso costarricense defensor de los derechos humanos también calza con las líneas de trabajo de la Corte Interamericana, comentó el juez presidente de este tribunal, donde figura la jurista tica Elizabeth Odio desde 2015 como única mujer frente a seis jueces.
“Ha habido tensiones generadas con la Corte más por el contexto político que por autoridades que ejercen poder. La apuesta que hizo el Ejecutivo en 2016 (pedir la opinión consultiva que resultó clave en la campaña) demuestra una confianza en la Corte. Uno puede decir que hay confianza de las autoridades a pesar de que algunas fuerzas no tienen un entendimiento claro y lo que nos ha beneficiado”, explicó Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El primer juicio contra Costa Rica en el seno de la Corte trató el caso “Herrera Ulloa” sobre garantías judiciales y procesales y libertad de expresión. En julio del 2004 fue la primera condena de la Corte IDH al Estado costarricense en favor del periodista Mauricio Ulloa.
La segunda sentencia sobre Costa Rica sobrevino en 2012, cuando se condenó al Estado por no facilitar el método de Fertilización In Vitro (FIV) desde el año 2000, en un marco en que ya se manifestaba el crecimiento político de base religiosa que se opone a métodos de fecundación en laboratorio por considerar que atenta contra vidas humanas en sus primeras expresiones biológicas.
El siguiente asunto que llevó Costa Rica a la Corte fue el caso “Armhein y otros” sobre garantías procesales y el derecho a una segunda instancia judicial. Esta resolución, sin embargo, fue, en términos generales, positiva para Costa Rica y se conoció en la primera semana de este mes de julio. Este proceso, sin embargo, apenas despertó un leve interés de la población, a juzgar por la cobertura noticiosa que recibió.
El tema que sí cayó como pólvora fue la opinión consultiva respondida por la Corte en un documento publicado el 9 de enero de este 2018, según la cual debe habilitarse el matrimonio entre personas de mismo sexo y garantizar que se cumpla la identidad de género en el Registro Civil, en el caso de personas transexuales.
Estos asuntos, objeto de una discusión nacional que acumula más de una década, provocaron una reacción de grupos conservadores se manifestaron el apoyo popular por Fabricio Alvarado y su triunfo en la primera ronda.
Para la segunda ronda electoral hubo una contrarreacción popular que permitió a Carlos Alvarado imponerse como un político que preservaría el modelo jurídico del país y la posición defensora de derechos humanos. La defensa del Estado de Derecho, la de los valores patrios, el temor a mezclar religión con política y los derechos de la población LGTBI están entre los principales factores motivadores del voto, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
El presidente de la Corte IDH defendió su actuación: “Este tribunal no escoge los asuntos que le llegan. En los últimos años se han disparado las solicitudes de opiniones consultivas y nosotros no escogemos cuáles acoger y cuáles no; somos un Tribunal y resolvemos conforme a los argumentos y con la interpretación jurídica desde nuestra experiencia”.
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“(Respecto del pronunciamiento de enero sobre matrimonio igualitario) Siempre vemos que hay situaciones políticas, pero somos un tribunal y hay plazos que cumplir para recoger las opiniones de diversos sectores y de todas las creencias, estatales o no, incluida la CIDH. También nos rigen los tiempos para resolver (…) Tampoco concibo campañas electorales en que no se hable de derechos humanos; democracia y Estado de derechos es una triada indisoluble y que todos hablen de ello es muy sano, porque es parte de lo que somos”.
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Para Ferrer tampoco es negativo que la Corte IDH estuviera en la discusión electoral. “La gente siempre hablará de derechos humanos porque hacen binomio con la democracia. No concibo ahora procesos electorales que no hablen de derechos humanos. Los derechos políticos y electorales son derechos humanos… Que los Estados, los partidos y los ciudadanos hablen de derechos humanos es muy sano, porque es parte de nuestra vida cotidiana”.
La abogada Aguiluz relativiza ese enfoque, aunque admite que los resultados electorales permitieron evitar una tensión que se habría generado en caso de un triunfo de Fabricio Alvarado. “Habría puesto en una encrucijada la relación ente el país y la Corte, pero es iluso pensar que hubo es un respaldo de la ciudadanía hacia la Corte IDH, porque en la decisión de voto influyeron muchas variables adicionales”, dijo.
“Lo que llama la atención es que se manifestó en Costa Rica, en el país sede de la Corte, una tensión que se ha acumulado en años recientes. Hay una tendencia americana contra el sistema interamericano y posiciones progresistas, con ascenso a instancias de poder y con presencia en casi todos los poderes legislativos. Eso no es un conflicto saldado y así seguirá con otros casos que generan disconformidad”, agregó Aguiluz.
Quizá el futuro cercano le dé la razón a la abogada del Cejil, pues está activo un caso sobre aborto terapéutico en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, órgano que estudia los casos y los eleva si amerita a la Corte). Se trata de la experiencia de una mujer que se hace llamar “Aurora” y a quien le impidieron en 2012 acceder al aborto terapéutico establecido en la ley.
Aunque se propició un arreglo durante el gobierno de Luis Guillermo Solís entre el Estado y la denunciante, esta considera que no se cumplió la promesa de emitir reglas técnicas que permitan una aplicación más certera del artículo 121 del Código Penal, según el cual es posible el aborto impune cuando se pone en riesgo la vida o la salud de la madre.
Ante la falta de respuestas del gobierno de Alvarado a la demanda por un protocolo que reglamente esa ley, desde el 21 de junio quedó invalidado el arreglo, informó la abogada Larissa Arroyo, representante de “Aurora”. Ella estima que el Estado ya admitió su falta cuando negoció el acuerdo, por lo cual ve posible que el caso llegue a la Corte Interamericana y se falle a favor de la mujer; es decir, que se vuelva a condenar al Estado costarricense y satisfacer por esa vía, de nuevo, las demandas de derechos humanos en conflicto con enfoques conservadores.
