La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, concedió una entrevista a UNIVERSIDAD en la que se refirió a avances y estancamientos de Costa Rica en materia de derechos humanos.
En primer lugar, se le preguntó por la denuncia en su contra planteada por el sindicato de la institución.
El sindicato acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para oponerse a la reforma que usted hizo al Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos, la cual dispone que se hagan concursos públicos para llenar vacantes. Incluso se ha dicho que usted buscaría pagar favores políticos. ¿Qué busca la reforma ya publicada?
-La Defensoría no tenía un sistema de regulación de ingreso a la institución. La manera de ingresar a la Defensoría era a través de plazas interinas, lo cual es una debilidad porque una institución que se basa en la independencia debe reducir al máximo la existencia de plazas interinas.
El Estatuto anterior tenía un artículo que decía que el Defensor o Defensora podía nombrar con o sin concurso; en otras palabras, a dedo.
El Estatuto anterior daba una discrecionalidad amplísima al Defensor. Lo que hacemos es reducir al máximo la discrecionalidad, asegurar la independencia, reducir el número de interinazgos, permitir una participación más democrática. Incluimos un transitorio en que las plazas actualmente ocupadas por interinos van a concurso interno.
Mi elección fue atípica en el sentido de que yo no hice campaña y no tengo ningún compromiso con ningún diputado. Si quisiera pagar favores políticos, me quedo con el Estatuto anterior, que permitía designaciones a dedo.
El país acaba de albergar el Congreso sobre Violencia Obstétrica. ¿Qué tan grave es el problema en Costa Rica?
– Tan grave que se niega, al punto de que la primera reacción de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fue negarlo y decir que se trata de casos aislados.
Es un fenómeno que no hemos querido ver y ni siquiera conocemos la magnitud.
Pareciera que en lugar de ser una excepción, el tema de “parirás con dolor” es algo aceptado en nuestro sistema de salud: Casos como los traslados inhumanos, la invisibilización de la mujer como sujeta de derechos al momento de dar a luz.
Lo que nos han relatado las mujeres es que se les violenta psicológicamente, no se cumple con la guía de atención integral durante el parto; muchas veces no se les permite estar acompañadas, decidir si quieren una cesárea o no, o sobre la posición en la que van a dar a luz.
Es inaudito que a una mujer se le culpabilice y se le diga que si el hijo nació mal es por culpa suya.
¿Qué tan preocupante es el avance de un fundamentalismo religioso que de plano cierra las puertas al avance en derechos humanos?
-Costa Rica es uno de los países con menos educación en derechos humanos. Tenemos programas educativos que dicen que el tema de derechos humanos es transversal; pero usted va a la Escuela de Educación de la UCR y no forman a los docentes en materia de derechos humanos.
Nuestro país tiene una cultura democrática acorde probablemente con la mayor parte de derechos humanos, pero no necesariamente una noción clara sobre qué significa el tema de derechos humanos. Eso genera un caldo de cultivo ideal para grupos monotemáticos que buscan apoyo político a partir de eslóganes muy de derecha, poco democráticos que buscan cercenar todos los derechos humanos por uno o dos y eso es peligrosísimo.
¿Hay razones para temer que la crisis que se centra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pueda extender a todo el sistema interamericano de derechos humanos?
-Ya se está extendiendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está perdiendo el 25% de su presupuesto. Costa Rica le aporta $150 mil por ser su sede, pero son los mismos $150 mil desde que se creó en 1980. Indistintamente, es una contribución importante, más que muchos países de las América.
Esto viene desde hace mucho tiempo, la CIDH y la Corte IDH son muy incómodas para los gobiernos tanto de derecha como de izquierda.
Si Venezuela hace dos o tres años promovió el proceso de “fortalecimiento” de la Corte IDH, prácticamente porque estaba enojada con la CIDH, hoy es México por Ayotzinapa. Hay un problema político de querer asfixiar económicamente a la Comisión.
En el tema de la violencia en territorios indígenas han mediado medidas cautelares de la CIDH. ¿Qué opinión merecen los avances que el Gobierno sostiene haber logrado al respecto?
– Ahí funciona el tema de cómo el Estado ha contribuido a la violación de derechos humanos: por un lado tenemos una Asamblea Legislativa que no avanza en autonomía indígena y en el reconocimiento de las formas propias de gobierno. Tenemos un Poder Judicial que no logra entender el tema indígena, una fiscalía que los mismos indígenas ven deficiente, y un Poder Ejecutivo que tiene poca capacidad de diálogo con los indígenas.
Nuestras autoridades en relación con los indígenas hablan mucho y escuchan poco y tiene que ser al revés: escuchar mucho, hablar menos.
Se debe establecer formas de resolución de conflictos que partan de una construcción conjunta, lo que ha pasado es que el gobierno llega con una propuesta hecha y pretende que los indígenas hagan observaciones. Ahí tenemos un problema de reconocimiento de una cultura que para mí es muchísimo más rica en términos de resolver conflictos.
Cabagra se precia de tener un sistema de resolución de conflictos muy efectivo, nos lleva años luz y deberíamos aprender de ellos.
Las recuperaciones por parte de los indígenas comenzaron porque el Estado no se mueve.
¿Cómo valora el trabajo hecho por el Ministerio de Justicia para resolver el problema del hacinamiento carcelario?
-Tenemos un sistema que abusa de la prisión preventiva, la sociedad cree que todo se resuelve con el derecho penal, mandando a la cárcel a la gente, pero sin capacidad del Estado de dar otro tipo de soluciones.
Ya lo dije en este Semanario, el derecho penal es el garrote del Estado y no todo se resuelve a garrotazos.
Tenemos un problema estructural de un sistema que ha generado respuestas populistas, con un desbordamiento que le toca manejar al Ministerio de Justicia, en el mismo momento en que le rebajan el presupuesto.
No podemos tener gente lanzada a una cárcel como si fuera un depósito de desechos sociales; no puede ser que un Estado democrático vea las cárceles de esa manera.
El Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de hacer un estudio concienzudo con los especialistas en criminología de a quién se le otorga el beneficio. Supuestamente esos estudios no se han dado, o se han liberado personas tal vez no con la base científica necesaria.
Sumando a todos estos problemas, lo difícil que es el avance en el reconocimiento de los derechos de la población sexualmente diversa…
-En América Latina quienes han hecho los avances son los poderes judiciales, pero tenemos un Poder Judicial que desentona con esa tónica latinoamericana en materia de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales o transexuales (LGBT).
¿Cuando institucionalmente hay obstáculos para los avances en los derechos de la diversidad sexual, de autonomía indígena, cuando no se reconoce el problema de la violencia obstétrica y demás, sumado el problema de formación de la población en derechos humanos, qué nota le pone a Costa Rica en esta materia?
-El país no ha reprobado, pero dista mucho de ser el mejor alumno. Pareciera que los mejores son los países nórdicos, pero en el mundo nadie puede decir que tiene nota perfecta en derechos humanos. Aún con la curva, estaremos entre los mejores 25 pero con tareas pendientes.
¿Estamos retrocediendo?
– Este es un momento muy complicado para los derechos humanos, prefiero pensar que nos atascamos, porque el trabajo en derechos humanos -lo dijo Emilio Álvarez el secretario de la CIDH- tiene una materia prima atroz que es el dolor de la gente, la única recompensa que tenemos como personas que trabajan en esta materia es la esperanza.
Costa Rica no genera indicadores sobre sus obligaciones en derechos humanos.
Hay temas en los que avanzamos, como el reconocimiento desde el Poder Ejecutivo a los derechos LGTB. Quisiera ver a Costa Rica que resuelva algunas deudas históricas, como el tema de la educación en derechos humanos.
