Costa Rica terminaría pagando daños ambientales que dejó Industrias Infinito

Pese a la renuncia de todos los directivos de Infinito Gold publicada en Canadá, la demanda contra el país por parte de la

Pese a la renuncia de todos los directivos de Infinito Gold publicada en Canadá, la demanda contra el país por parte de la empresa se mantiene vigente en el Ciadi.

El Estado costarricense podría terminar pagando los daños ambientales que dejó la empresa Infinito Gold en su intento de desarrollar el proyecto minero Las Crucitas, en Cutris de San Carlos.

El 15 de julio, la empresa anunció en Canadá la renuncia de todos sus directivos con efecto inmediato. En un breve comunicado, se explica que la empresa tiene un déficit de capital de trabajo por $19,7 millones, más $50,5 millones de déficit en concepto de capital con arreglo a las notas convertibles y $90,1 millones por intereses de la deuda.

Estas deudas, sumadas al anuncio del principal financista de la empresa de que no dará más dinero para mantener la empresa, obligan a que se cierren sus operaciones.

En el país Industrias Infinito ya eliminó su sitio web y los representantes de la empresa aseguran no conocer nada respecto a la situación de su casa matriz en Canadá, por lo que queda en duda el proceso que se lleva en el país para el pago de los daños ambientales.

Nosotros pagamos

Tras la renuncia de los directivos de Infinito Gold, queda en duda lo que sucederá con el proceso de liquidación del daño ambiental que provocó el proyecto Crucitas, tal y como se determinó en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el 2010.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot comentó que para finales de agosto se espera que se emita sentencia sobre la liquidación del daño ambiental, independientemente de si Infinito

Gold se haya o no declarado en quiebra.

Sagot aseguró que si la empresa se retira del país, es al Estado costarricense al que le corresponderá pagar “solidariamente” el daño ambiental, pues la sentencia del contencioso administrativo también condenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

“Eso significa que cualquiera tiene obligación de pagar y nosotros al presentar la ejecución hicimos una petición de condenatoria solidaria”, explicó Sagot.

Según explicó el abogado, la jueza del proceso nunca quiso aceptar la solicitud de embargo a los bienes de la empresa y resolvió que los $600 mil dólares de la garantía ambiental eran suficientes en un eventual pago por los daños.

“El asunto no nos pareció, pero para pedir un cambio de criterio teníamos que hacer depósito de un porcentaje muy alto de dinero y como sociedad civil no tenemos ni un cinco, así que a pesar de lo que ya auguraron los peritos con su prueba técnica, la jueza se mostró firme y no cambió de criterio”, explicó el abogado.

De acuerdo con Sagot, los peritos propusieron un monto de entre 6 y 10 millones de dólares para cubrir el daño ambiental, pero la jueza tiene potestad de apartarse de ese criterio, además de que cabe la apelación ante la Sala Primera de cualquiera de las partes, por lo que al final serían los magistrados quienes deciden.

“Lo ideal es que la empresa pagara todo, pero también hay que ver que el Estado participó dando los permisos. La quiebra no interesa pues alguien siempre va a pagar, pero salvo los $600 mil de la empresa, el resto será pagado por el mismo pueblo que puso a funcionarios irresponsables en puestos clave”, afirmó.

El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien también fue abogado en la causa contra Infinito también repudió la posible quiebra de Infinito Gold, pues considera que es una forma de eludir las responsabilidades en el país.

“Lo que pasa es que se repite la historia del saqueo de este país, una empresa se pone de acuerdo con la clase política nacional, sacan permisos cuestionables, cuando la cosa se pone fea, sale y se va. La torta la terminamos pagando todos nosotros”, criticó Araya.

La situación con Infinito Gold deja de nuevo en el tapete la necesidad de que el Estado cuente con mecanismos que le garanticen un mejor pago en caso de que se produzca daño ambiental por algún proyecto.

Desde el inicio de la controversia alrededor de Crucitas, se cuestionó el monto de la garantía ambiental de $600 mil, cifra ínfima en comparación con los beneficios que recibiría la empresa por la extracción de al menos 500 mil onzas de oro, cuyo valor en su momento llegó a exceder los 2.000 dólares cada una.

El ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, aseguró que el proceso de demanda de Infinito Gold contra Costa Rica en el Ciadi no se ha suspendido.
El ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, aseguró que el proceso de demanda de Infinito Gold contra Costa Rica en el Ciadi no se ha suspendido.

Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior: “La demanda ante el Ciadi sigue vigente”

El ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, explicó que pese a la situación de renuncia de los directivos de Infinito Gold reportada desde Canadá, la demanda que presentó la empresa contra el país por $93 millones sigue vigente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Según explicó Mora a UNIVERSIDAD, Infinito Gold tenía hasta el 10 de julio para presentar los escritos y alegatos para el caso, pero llegada la fecha, no cumplieron con el trámite. El 13 de julio el Ciadi, como administrador del proceso, les notificó un requerimiento en el que les daban tres días para explicar por qué no presentaron los alegatos en la fecha correspondiente.

“El día 15 de julio, que vencían los tres días, sus abogados emiten una nota al Ciadi en la cual solicitan al Tribunal una suspensión temporal de los plazos, en razón de que su representada no les ha podido dar instrucciones debido a que, por razones de un desfinanciamiento operativo, renunciaron todos sus directores y gerentes, y por lo tanto, aducen que al no haber ningún representante legal de la empresa, ellos no recibieron las instrucciones para presentar los alegatos”, explicó el ministro Mora.

Ante esta situación, el Ciadi pidió a la representación de Costa Rica en este caso que emita una posición sobre esta solicitud de suspensión de los plazos que realizaron los abogados de Infinito, para lo cual el país tiene tiempo de contestar hasta este 30 de julio.

“El tribunal tiene que decidir sobre la suspensión, si lo acepta y cuál sería el plazo. Ellos no han pedido suspensión del proceso, han pedido una suspensión temporal de los plazos”, aclaró el Ministro.

Mora recordó que para la presentación de los alegatos, las partes se pusieron de acuerdo en una fecha que la empresa no cumplió, por lo que ahora deberán esperar que el Ciadi resuelva si acepta o no la suspensión temporal de los plazos.

El Ministerio de Comercio Exterior informó que durante este proceso que inició en 2014, se ha pagado a la firma de abogados Arnold & Porter un total $119.850 hasta el mes de junio, por la representación del país en este caso.

 


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