Con la firma y publicación del “Convenio con la República de Italia para el intercambio de información en materia tributaria”, en junio pasado, Costa Rica suma ya 16 acuerdos bilaterales que facilitan a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda intercambiar información de manera rápida con esos países y así evitar maniobras de elusión y evasión tributaria.
Costa Rica también forma parte de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la cual participan 129 países, incluido Panamá, sede de los infames “Papeles” del hoy cerrado bufete Mossack Fonseca, gracias a los cuales se revelaron distintos esquemas organizados para evadir el pago de impuestos o para “lavar” dinero de dudosa procedencia.
Carlos Vargas, director de esa Dirección del Ministerio de Hacienda, aseguró a UNIVERSIDAD que convenios como el firmado con Italia y la citada convención han probado ser útiles para tener un acceso ágil a la información requerida, cuando los inspectores fiscales están desarrollando una investigación sobre delitos tributarios y la consideran necesaria.
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“Las empresas se están habituando a esos esquemas de transparencia”
“Con esta Convención, nosotros extendemos el proceso a prácticamente todas las áreas del mundo en las que nosotros podemos tener interés, porque, al ser global, hay jurisdicciones de todos los continentes”, dijo.
En cuanto a las auditorías de los “Papeles de Panamá” que todavía están en curso por parte de Hacienda, afirmó que “si los inspectores que están realizando esta investigación necesitan alguna información, ellos podrían requerirla y nosotros solicitarla a las autoridades del hermano país de Panamá, para tener la información que se requiere” (ver “Las empresas se están habituando a esos esquemas de transparencia”).
Por otro lado, la semana pasada también entró en vigencia el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), cuyo objetivo es reducir la evasión fiscal, permitir el intercambio de información de carácter tributario con otros países con los que Costa Rica tenga convenios suscritos y combatir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Lo anterior porque la reforma de varios artículos de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, que entró en vigencia el 11 de mayo del año pasado, ordena supervisar a profesionales en derecho, contaduría y otras profesiones que realicen transacciones para clientes dedicados a diversas actividades.
Negocios como los casinos; compra y venta de bienes inmuebles; comercio de metales y piedras preciosas; organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo o que mantengan relaciones con matrices, sucursales o filiales extranjeras ubicadas en ellas; administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del cliente, se encuentran entre las que serían supervisadas.
También las dedicadas a la operación, administración de la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras legales; y proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, registro y administración de fideicomisos.
Además, se vigilará a las personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, cuando realicen esta actividad bajo los parámetros y definiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero -ante propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras-; casas de empeño; así como los emisores y operadores de tarjetas de crédito.
Para la entrada en vigencia del RTBF, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas tuvieron que cumplir con las directrices de seguridad establecidas por el Banco Central de Costa Rica, entidad responsable de administrar el Registro y que funge como custodio de los datos, aunque no puede tener acceso a ella.
Durante la primera etapa de inscripción en el RTBF, que comenzó el 1 de setiembre, las figuras jurídicas obligadas a registrarse son los presidentes, gerentes, subgerentes, administradores y apoderados generalísimos de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comandita, sociedades extranjeras, empresas individuales de responsabilidad limitada y sociedades civiles.
UNIVERSIDAD solicitó una reacción de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) a la entrada en vigencia de este Registro y su impacto en las actividades del sistema financiero nacional, pero al cierre de esta edición no llegó la respuesta.
