Costa Rica sigue siendo un país estatista, pero que reclama una mayor eficiencia del aparato público. Además, su población se encuentra intensamente dividida en temas religiosos y familiares, lo que dificulta su convivencia social y reduce las capacidades para alcanzar acuerdos, como se evidencia en el ambiente político contemporáneo.
Estas son parte de las principales conclusiones del XIX informe del Estado de la Nación (ver gráfico 1), el cual utilizó los resultados del “Votómetro” que registró las características ideológicas de 289.971 personas en la reciente campaña.
De aquel ejercicio, que constó de 32 consultas a cada posible votante, Estado de la Nación comprobó que la gran mayoría de las opiniones tendieron a rechazar ideas como vender el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), eliminar el seguro obligatorio de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explotar petróleo en el país o recortar el presupuesto para la educación pública. Sin embargo, sí apoyó acciones tendientes a mejorar el rendimiento del aparato estatal.
Entre esas acciones, por ejemplo, se encontraban posibilidades como poner plazos a la votación de las leyes, destituir a diputados por mala gestión o remover al Presidente por faltas muy graves; así como despedir a otros funcionarios por malos servicios y cerrar o fusionar instituciones públicas “ineficientes”.
Este movimiento, según explicó el investigador del programa, Stephen Gómez, “no significa entonces que la gente quiera que el Estado sea más grande”, sino que la población ahora “se mueve en un escenario de estatismo, pero no como lo vemos hoy, sino más eficiente”.
En estos temas, indica el informe, existen fuertes consensos, con un porcentaje de hasta el 98% en apoyo a las prácticas de eficiencia, aunadas a un 74% de respaldo a las prácticas más estatistas.
No obstante, la polarización que se evidencia en el contexto nacional, resalta el estudio, parte más bien de temas religiosos y familiares, tales como el papel de la religión en el Estado. En esa línea, la pregunta que generó una mayor confrontación entre los consultados fue si se debía eliminar o no el estatus de “religión oficial del Estado” —que actualmente es la católica—, la cual se resolvió con un 52% de las impresiones a favor y un 48% en contra.
Según Gómez, en este y otros campos sociales, como la aprobación del matrimonio igualitario, el aborto en casos de violación y eliminar las clases de educación sexual, el país “está tremendamente dividido”, como quedó más evidente que nunca en las recientes elecciones presidenciales y para diputados.
“Estamos tremendamente polarizados, un grupo importante se mueve del lado progresista, es decir, a favor de esta agenda más de derechos humanos de tercera generación; la otra mitad se mueve hacia un área mucho más conservadora, de oposición (…) Ese ítem, precisamente, muestra los efectos que hay en esta polaridad, que marcó la campaña electoral básicamente”, subrayó.
“Bloqueo recíproco”
Las diferencias, sin embargo, no solo se quedan en las calles. El informe actualizado de este año —que analizó el contexto político hasta inicios de esta administración— encontró que el país además sufre una suerte de “bloqueo recíproco” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Esta división provoca serios problemas para llegar a acuerdos en temas urgentes como la generación de impuestos suficientes y medidas para contener el gasto público, dos puntos que quedaron pendientes en la pasada administración, pero que este año fueron retomados por los nuevos representantes políticos.
Esta falta de acuerdos además evidencia que, si bien en el contexto nacional existen las condiciones adecuadas para implementar reformas en favor de la eficiencia, las representaciones políticas no logran ponerse de acuerdo en cómo conseguir ese objetivo, en parte porque presentan propuestas electorales muy escuetas.
En palabras del investigador Gómez, el país sabe lo que quiere pero encuentra “partidos electoralmente débiles y sin propuestas concretas”, hechos que provocan un panorama en el que “Ejecutivo y Legislativo están en bloqueo recíproco, sobre todo en puntos de la agenda que son urgentes”.
Además, eso dificulta la gobernabilidad, tomando en cuenta que el Ejecutivo tiene apenas el respaldo directo de diez diputados oficialistas de los 57 totales, el número más bajo desde 1953.
Hacia la izquierda
Las bases para grandes acuerdos, sin embargo, son importantes. El análisis hecho por el Estado de la Nación también contempló los planes de gobierno de los partidos, un proceso tras el que determinó que las ofertas no son puras ideológicamente, pero sí tienden hacia la izquierda ideológica en su mayoría. En otras palabras, los partidos políticos defienden la intervención estatal en la sociedad (ver gráfico 2).
“A excepción del Movimiento Libertario (ML), el Partido Nueva Generación (PNG) y Restauración Nacional (PRN), la gran mayoría de las propuestas presentadas coinciden”, resalta el estudio.
Eso sí, el investigador Gómez comentó que si bien “la mayoría de gente tiende al estatismo y los partidos se mueven hacia el eje de la izquierda ideológica”, de los resultados también se desprende que “no tenemos partidos puros ideológicamente y que, aunque algunos se creen muy puros ideológicamente, no lo son tanto”. De allí las diferencias de forma a la hora de abordar los mismos problemas.
Eso se agrava, según el Programa, si se toma en cuenta que las propuestas de los partidos son más o menos escuetas, un punto de partida que no es saludable para un debate más expedito de las mismas.
En el último proceso electoral, señala el informe, los partidos políticos ofrecieron pocas iniciativas puntuales y se concentraron en ideas generales, un hecho que además podría explicar por qué —ya en la gestión pública— se dificulta tanto la conseguir objetivos que muchas veces son compartidos ideológicamente.
